Opinión: Alcaldías locales, ternas endebles y brecha de la participación femenina

Más Mujeres, más democracia.

Foto: José Vargas

El pasado 9 de marzo se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional el examen del concurso de las 20 Alcaldías locales de Bogotá, para el cual estaban habilitadas 2.384 personas, de las 2.643 que se habían inscrito. Este es un examen técnico y de agilidad, que tiene un componente de comprensión lectora, otros de matemáticas, orientación espacial y racionamiento abstracto, así como el de conocimiento específico sobre gestión administrativa y policiva, que es un verdadero filtro que requiere preparación, experiencia y agilidad por los aspirantes, ya que el tiempo es de 2 horas y media para 100 preguntas cerradas, de opción múltiple.

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Cuando nos referimos a un verdadero filtro, las cifras no mienten, pues de las 2.384 personas habilitadas solo lo pasaron 173, es decir alrededor del 7 %. 147 hombres y 26 mujeres. El examen es solo uno de los pasos para quienes quieran ser alcaldes locales, pues el primero es cumplir con una serie de requisitos, para presentarse como posible aspirante, dentro de los cuales está: tener un título de posgrado; además de ser profesional; tener 48 meses de experiencia laboral; certificar y acreditar esa experiencia; así como no cursar con ninguna inhabilidad, dentro de las que se encuentra no haber contraído contratos con el Distrito dentro de los últimos 3 meses. El sueldo ronda los $10 millones colombianos.

Luego de cumplir con los requisitos, la lista de personas habilitadas puede presentar el examen, para después presentar un plan de Gobierno ante la JAL y así pasar a la terna (tres elegidos), que es cuando la decisión se vuelve más política. Aunque esto no se dará así en todas las localidades, ya que en Usme nadie pasó el examen y en Sumapaz, por ejemplo, solo pasaron 2 candidatos.

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Pero esto no es todo, las ternas en varias localidades podrán ser demandadas, no solo por no cumplir con el mínimo suficiente de candidatos que hubiesen aprobado el examen, sino porque, según el Decreto de la Ley 142.1 de 1993, además de ser seleccionados por meritocracia, “el proceso deberá responder a los principios de paridad de género y al menos el 50% de los funcionarios seleccionados para la terna deberán ser mujeres.” Lo que significaría que en cada terna deberá haber, al menos, una mujer.

El gran problema es que en siete localidades (Usme, Tunjuelito, Bosa, Suba, Mártires, Ciudad Bolívar y Sumapaz) ninguna mujer aprobó el examen y el panorama a nivel distrital sigue siendo desolador, pues si solo aprobaron el examen el 7% de los aspirantes, de ese 7%, a duras penas el 1 % fueron mujeres (26). Lo cual en proporción nos demuestra que la participación de la mujer en la administración pública es muy baja. Es un 15% de mujeres compitiendo versus un 85% de hombres, para tener un lugar en las ternas.

El pasado 8 de marzo se conmemoró el día de la Mujer, pero estos ejercicios nos siguen evidenciando las brechas que tenemos en el ámbito político las mujeres, pues nuestra participación es baja y nuestra Representatividad también: de los 2.643 aspirantes, según la secretaría de Gobierno, 1.668 fueron hombres y 976, mujeres, un 37% de inscritas, frente a un 63% de hombres. La tasa de aprobación del examen por las mujeres fue de 2,7 %, mientras que la de los hombres fue de 8,8 %.

Cabría preguntarse si, este es un examen diseñado por hombres para que hombres sean quienes lo pasan por la forma en que está diseñado. (pragmático y muy hacia la parte cuantitativa y lógica) que científicamente son habilidades que tienen más desarrolladas los hombres y omite preguntas de tipo cualitativo o ético que son habilidades más desarrolladas por las mujeres.

No olvidemos que para estas elecciones en Bogotá no tuvimos ninguna candidata a la Alcaldía, pues los intentos de Heidy Sánchez y Lucía Bastidas quedaron sepultados por sus partidos. Y ahora, el número de mujeres compitiendo en las ternas para las alcaldías locales, a través de un concurso de mérito, también será muy bajo.

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Ojalá la ley garantice que efectivamente las mujeres no solo hayan participado, sino que tengan representatividad, es decir, posibilidades para ser elegidas. Es por eso que, de no mirar posibilidades para garantizar la participación de las mujeres en las ternas, estas puedan estar en riesgo al igual que sucedió hace 4 años, que demandaron varias ternas por no cumplir con la participación de mujeres.

Aunque el argumento jurídico pueda ser que, al ser un proceso meritocrático, no hay discusión si sencillamente las mujeres no pasaron el examen en ciertas localidades (7, igual al 35%), es necesario cuestionarse qué pasa con la forma en que está diseñado el examen y por qué hay una brecha tan grande entre hombres y mujeres.

¿Debería de meterse en la lista algún porcentaje de mujeres, que, aunque no hubiesen pasado el examen, fueran quienes más alto puntaje tuvieron? ¿Debería diseñarse un examen con componentes que ayuden a aumentar la probabilidad de que las mujeres aprueben? ¿Debería haber una inversión por parte del Gobierno para que se hagan cursos preparatorios de forma intensiva a mujeres repitentes del examen, para que todas las que no pasaron tengan una nueva oportunidad más?

Es importante considerar opciones ya que la ley misma exige la paridad e incentiva a que haya más mujeres participando en política y administrando con roles directivos, sin embargo, la realidad muestra que el número es bajo y por eso hay que seguir mirando opciones para romper las brechas.

Es esencial abordar el sesgo de género en los exámenes estandarizados, ya que pueden influir significativamente en la representación y participación de las mujeres en roles de liderazgo y toma de decisiones. Si los exámenes están diseñados de manera que favorezcan ciertas habilidades más comúnmente asociadas con los hombres, como el razonamiento cuantitativo y abstracto, mientras descuidan otras habilidades más asociadas con las mujeres, como la comunicación, el pensamiento creativo y el razonamiento ético, se perpetúa una desigualdad injusta.

Por lo tanto, es fundamental revisar y reformar el diseño de los exámenes para garantizar que sean equitativos y justos para todos los aspirantes, independientemente de su género. Esto puede implicar la inclusión de una variedad de tipos de preguntas que aborden diferentes tipos de habilidades y competencias, así como la implementación de programas de preparación específicos para grupos subrepresentados, como las mujeres. En última instancia, el objetivo debe ser crear un sistema de evaluación que promueva la igualdad de oportunidades y la inclusión, y que permita que las mujeres puedan alcanzar su máximo potencial y contribuir plenamente a la sociedad a través de su representatividad.