Los resultados electorales del próximo domingo pueden ser el “florero de Llorente” que desate una crisis de seguridad en un momento de alta tensión social, económica y emocional, exacerbada por una fauna diversa de operadores políticos y comunicacionales.
Dieciocho meses de actuaciones electoreras y anti-políticas han fracturado la cohesión social colombiana. Hoy solo une a los colombianos un deseo profundo de revancha y la necesidad de tomar venganza de algo o de alguien.
Sumado a lo anterior, el próximo domingo cuatro asuntos aumentan el riesgo para la seguridad de las personas, las instituciones y la democracia en Colombia: un entorno tóxico, una institucionalidad deslegitimada, una autoridad electoral con un déficit de confianza y una facción política que parece no estar dispuesta a aceptar una derrota.
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El entorno se volvió tóxico tras la destrucción y deslegitimación de liderazgos políticos con capacidad de convocar a la reflexión y solución ordenada de situaciones conflictivas, dejando la discusión política en manos de actores incendiarios que encuentran en la violencia y la destrucción la mejor herramienta para gestión de la política.
De otra parte, está el debilitamiento de la legitimidad y el impulso al repudio ciudadano contra las instituciones. Esta práctica, implementada por algunas autoridades y lideres políticos, ha derivado en la inmovilidad institucional frente al cumplimiento efectivo de la ley, estimulando la proliferación de espacios para actuaciones violentas o ilícitas por parte de grupos que siendo minoritarios se proyectan como mayorías todopoderosas con capacidad de imponer su voluntad a cualquier costo.
Otro factor es la débil confianza en el proceso electoral. Las elecciones de marzo dejaron ver un ejercicio fallido de planeación, direccionamiento operativo y administración comunicacional que generó la sensación de que estaba atravesado por el fraude, abriendo espacio para que cualquier resultado sea cuestionable.
Finalmente, una de las facciones en contienda ha construido una narrativa para sus electores en la que la elección de su candidato es considerada como un hecho solamente pendiente de certificación, por lo cual es inaceptable un resultado que no les sea favorable.
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Frente a este conjunto integrado de disparadores del riesgo de violencia electoral y dada la alta probabilidad de que los resultados de la votación sean extremadamente apretados, las autoridades civiles y organismos de seguridad deben estar preparados para enfrentar uno de los escenarios más críticos de seguridad en los últimos años.
Lo anterior demanda la protección de puestos de votación, sedes políticas, infraestructura crítica y de transporte para anular cualquier duda sobre la disposición de las instituciones a garantizar a los ciudadanos el ejercicio del derecho al voto. En este sentido, autoridades civiles y policiales de Bogotá han trabajado durante seis meses en el análisis de las dinámicas urbanas, dando lugar a un plan de protección que debe hacer sentir seguros a los votantes para participar de la jornada.
Además del votante, en la jornada venidera también resulta de la mayor importancia la protección del voto. Esto hace de la operación logística de la registraduría un asunto de altísima criticidad. La recolección, transporte y almacenamiento de los votos requiere de la mayor atención institucional, con miras a eliminar cualquier duda respecto a la base material que respalda los resultados. Esta acción no solo ayuda a mantener el orden, sino que es la base sobre la cual se desarrolla la legitimidad del gobierno entrante.
La amplia demanda de capacidades, así como la multiplicidad de escenarios y funciones para desarrollar durante el día de elecciones con mínimo espacio para los errores, exige una coordinación interinstitucional que funcione como un reloj.
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Esto significa la integración de lideres nacionales y locales en el desarrollo, monitoreo y conducción de los operativos focalizados, actuando de manera proactiva en la prevención de actuaciones desarticuladas, desinformación o desatención de alertas tempranas que contribuyan a mantener el orden.
La coordinación es importante también para prevenir y atender riesgos de seguridad materializados. En este frente las autoridades deben hacer un pronunciamiento claro a la opinión pública antes de la jornada sobre la inaceptabilidad de la violencia y la destrucción como vías para el trámite de intereses electorales. La claridad en este sentido contribuirá a disuadir mentes calenturientas.
Esta declaración debe traducirse en un acuerdo que garantice una postura monolítica de las autoridades frente a la certeza de que toda actuación violenta y destructiva será enfrentada con las herramientas que dan la constitución y la ley.
En el caso de Bogotá, esto toma especial relevancia, sobre todo con el involucramiento directo de la cónyuge de la señora alcaldesa con una de las opciones en competencia.
Además de la transparencia electoral y asertividad comunicacional para brindar confianza en el electorado, este domingo las autoridades deben tener claro que las garantías de seguridad para los ciudadanos dependen de un nivel superior de diálogo y coordinación entre instituciones, ramas del poder y niveles de gobierno, que se anticipe a cualquier eventualidad violenta o desestabilizadora.
Aceptar los desafíos que impone el cierre del proceso electoral presidencial permitirá anticipar las acciones necesarias para garantizar la finalización pacifica de un periodo malsano.
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