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Finalizando marzo, los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo, Cristina Pardo y José Fernando Reyes extendieron el estado de cosas inconstitucionales referentes al sistema penitenciario y carcelario, sobre el cual ese tribunal se había pronunciado en 2013. En esta oportunidad, ampliando sus observaciones al hacinamiento en centros de detención transitoria.
En la sentencia se resalta el riesgo que esta mala práctica, normalizada por la administración de justicia, tácitamente aceptada por la sociedad y sufrida por los organismos de seguridad, representa para los reclusos y, podría decirse, para la seguridad y la estabilidad en las ciudades.
La sociedad colombiana muestra poco interés por este tema. Entiende la restricción de la libertad como un mecanismo de venganza frente a un criminal que es insuficiente si no está acompañado de condiciones extremas durante su ejecución.
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Prueba de esto es que un motín en una cárcel con un número considerable de muertos y heridos es una tragedia exclusiva de familiares de los detenidos. No obstante, gracias al desastroso INPEC y a al riesgo que generan para los ciudadanos los centros de detención temporal, el tema empieza a tener algo de visibilidad.
Durante el paro nacional, el débil control de la Estación de Policía del barrio Siloé en Cali detonó una revuelta y fuga que generó terror para las comunidades colindantes, asimismo una alerta para funcionarios y analistas.
Los videos de apuestas en peleas a cuchillo entre reclusos de la Estación de Policía de la localidad de Rafael Uribe en noviembre de 2021 certificaron que en instalaciones estatales se configuran universidades del crimen y mostraron la vulnerabilidad de instituciones que asumen cargas para las que no están preparadas.
En algunas estaciones de policía se concentran más de 6 veces la cantidad de reclusos posibles, haciendo que su función de seguridad ciudadana quede subordinada a la de custodia de reclusos. Debe ser un reto significativo proteger la ciudad con un magro pie de fuerza policial dedicado a cuidar sus instalaciones convertidas en cárceles.
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En 2021 la Policía Metropolitana de Bogotá denunció un hacinamiento superior al 150% en sus instalaciones. Un valor que en 2022 alcanza los 3 reclusos por cada cupo disponible, de acuerdo con los estimados de la Personería Distrital. Un problema que está lejos de ser resuelto dado que el INPEC registra sobrepoblación carcelaria en el Buen Pastor (46.5%), La Picota (14,3%) y la Modelo (13,3%). No solo hay trancones viales en la ciudad. El penitenciario puede ser peor.
Los datos anteriores son una colección de realidades trágicas: nulo interés institucional por resolver el caos de la reclusión de mujeres; incapacidad de transformar un sistema inoperante; mínima inversión en infraestructura; y, en general, ausencia de interés por avanzar en la aplicación efectiva de la ley.
Mientras exista un sistema penitenciario-carcelario caótico y un déficit de infraestructuras de detención, ninguna promesa de más y mejor justicia será factible. Asimismo, las ciudades seguirán amparando escenarios fértiles para el crimen, con riesgo y costos crecientes para los ciudadanos que habitan en sus alrededores.
Un ejemplo es la estación de policía del barrio de La Macarena, donde el riesgo de amotinamiento y fuga de presos (transitorios y permanentes) es de tal magnitud que se restringió el tránsito a los ciudadanos por las calles adyacentes, impactando su vida cotidiana y disparando su sensación de inseguridad.
La Corte Constitucional ordenó a entidades del orden nacional en todos los poderes y a las autoridades territoriales resolver en dos años la crisis de hacinamiento de reclusos transitorios. A la Alcaldía Mayor de Bogotá le ordena construir y adecuar infraestructura para la detención transitoria de personas en un horizonte de dos años.
Una orden difícil de cumplir dada la oposición de las comunidades al desarrollo de edificios para justicia y reclusión, los cuales consideran perjudiciales para su entorno y propiedades. El reto para la Alcaldía en este sentido será integrar aportes urbanísticos, una promesa de valor en seguridad y la construcción de una conciencia ciudadana en relación con la necesidad de estas infraestructuras para mejorar la seguridad, la convivencia y la justicia.
Con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana en 2021, el déficit carcelario será más peligroso. Si su planteamiento estratégico resulta exitoso, las capturas y el hacinamiento aumentarán exponencialmente, convirtiendo una buena intención en un problema incontrolable.
En un escenario de estabilidad volátil y un ambiente de orden público deteriorado, no resolver este desafío asegura la ruta hacia una tragedia. Los eventos del CAI de San Mateo en Soacha demuestran el riesgo para reclusos, policías y comunidad.
De otra parte, una acción articulada contra estaciones de policía buscando liberaciones masivas anularía la seguridad de la ciudad y causaría un número de víctimas incalculable.
La construcción y activación de espacios de reclusión ordenados, con disciplina y orden, no da espera.