Opinión: Bogotá sí tiene cómo enfrentar a bares que se hacen pasar por sindicatos

Sellamiento

Foto: Secretaría de Seguridad

Las figuras que se usan en Colombia para evadir la ley en la “cultura del vivo” no son nuevas, también ocurría en los 90s con los “Espacios Privados”, luego en los 2000 con los “Clubes nocturnos” y ahora con los “sindicatos”, todas formas jurídicas que al final son bares, discotecas o tabernas que llenan, facturan y venden sin necesidad de pagar impuestos, tener certificados de uso del suelo, bomberos o Sayco y Acinpro.

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En Bogotá, estos más de 300 sitios proliferan en barrios en los que el Plan de Ordenamiento Territorial no permite bares, pero como en papel no lo son, terminan abriendo y afectando a las comunidades. Sin embargo, unir estos sitios de garaje en el mismo grupo de bares que cumplen normas, invierten en cumplir requisitos, pagan impuestos, pagan nómina e incluso ayudan al Distrito en planes especiales es un despropósito.

El artículo 355 del Código del Trabajo dispone: “los sindicatos no pueden tener por objeto la explotación de negocios o actividades con fines de lucro” y la Ley 1801 – Código de Policía- permite identificar las actividades comerciales que trascienden a lo público (artículo 86) como aquellas que funcionan bajo la denominación de clubes sociales sin ánimo de lucro, casas culturales, sindicatos, centros sociales privados o clubes, pero desarrolladas en establecimientos de comercio abiertos al público donde esté la venta y consumo de alcohol.

Ese es precisamente el sustento del Decreto 499 de 2022 de Bogotá, que faculta a las alcaldías locales para la expedición de actos administrativos que pongan en conocimiento a Cámaras de Comercio y del Ministerio del Trabajo, los sitios que usando figuras de sindicatos, se constituyen como establecimientos de comercio. Así, quizás no se pueda ingresar con el mismo control que a un bar, pero sí a una inspección de trabajo, ya que sin son sindicatos, deben cumplir procesos que evidentemente no tienen y que serían el argumento para perder su personería jurídica y acabar con el circo.

En esa línea, Bogotá en el 2023 logró que el Ministerio del Trabajo expidiera un auto administrativo para que de manera transitoria se dotara de funciones de inspección del trabajo a la Secretaría de Seguridad, de manera que, los controles a estos sitios, no se hicieran como bares, sino como sindicatos. El ejercicio permitió no solo ingresar, por supuesto con acompañamiento del Ministerio Público, sino cerrar falsos sindicatos a partir de iniciar la pérdida de la figura jurídica, la misma que se volvió un negocio, no solo por la trampa a la ley, sino porque algunos pillos, venden por un promedio de 7 millones de pesos las carpetas listas para que cada vez que llegara un policía o la alcaldía a hacer controles, adujeran que estaban en una “reunión sindical”.

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Resultado: no es cierto que Bogotá no tenga las herramientas, no es cierto que no se pueda hacer nada al respecto, pero se requiere de conocer el pasado y sobre todo de voluntad política de articular entre Distrito y Nación, cosa que está embolatada hace rato.

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