La Reserva Forestal Tomas van der Hammen nació de un pronunciamiento del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, debido a la falta de concertación entre el Distrito Capital y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) sobre los “bordes norte y nororiental de Santa Fe de Bogotá Distrito Capital”, del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la época.
Entonces se indicó que “la franja de conexión, restauración y protección” objeto del pronunciamiento ministerial “deberá ser declarada por la autoridad competente como Área de Reserva Forestal del Norte, dada su importancia ecológica para la región.”, pero, “… teniendo en cuenta que dicha franja constituye además un elemento fundamental para la ciudad de Bogotá.”
La zona ha sido indebidamente intervenida décadas atrás con desarrollos de uso institucional (colegios), ganadería, vivienda y comercio disperso, etc., resultado de la negligencia de las autoridades urbanísticas y de policía distritales como de la autoridad ambiental.
El valor ambiental de esta franja obedece a su ubicación y posibilidad de restauración que contribuya como conectante entre los ecosistemas de los cerros orientales y el valle aluvial del Río Bogotá; razón por la cual, su uso prioritario es el mantenimiento y recuperación de la cobertura vegetal protectora y no su urbanización intensiva.
La reserva de 1395 hectáreas no evidencia la existencia significativa de bosque nativo y según lo recuerda la alcaldesa Claudia López, en su inmensa mayoría siguen siendo predios privados. Está aún por adquirirla y ser reforestada.
Esto no quiere decir que la zona no mantenga un valor ecológico y estratégico ambiental especial para que las autoridades se sientan excusadas de adelantar acciones de consolidación del área como reserva protectora.
Lo propio tampoco excluye que puedan utilizarse áreas de la reserva para adelantar, por ejemplo, obras de infraestructura vial indispensables para la capital de los colombianos y la región, como son las necesarísimas vías de acceso y salida de la ciudad.
Cuando Enrique Peñalosa, durante su primer mandato, impulsara la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) proyectada para cruzar toda la ciudad de sur a norte, el entonces congresista Petro, gracias a su influencia sobre Diego Bravo Borda, quien fungía como director general de la CAR, logró bloquear el proyecto, creyendo que actuaba en contra de Peñalosa, cuando en realidad lo hizo de los bogotanos y los habitantes de los municipios circunvecinos.
Hoy, de cara al trámite ambiental del proyecto “Prolongación de la Avenida Boyacá desde la calle 183 hasta la calle 235″, el presidente Petro intenta aplicarle similar bloqueo a la alcaldesa López -en realidad a los bogotanos y cundinamarqueses- cuando se opone al adelantamiento de este proyecto, como lo ha intentado con la Primera Línea del Metro y lo viene logrando con el Regiotram de Occidente y la PTAR Canoas.
El futuro del proyecto vial se halla en manos de la CAR en cabeza de su director, Luis Fernando Sanabria, quien está llamado a adoptar en breve una decisión trascendental no solo para Bogotá sino para todos los municipios de la región.
Sin embargo, esta decisión de la autoridad ambiental deberá darse cuando se encuentra en curso el adelantamiento del procedimiento para la elección de director general porque el periodo de Sanabria vence el 31 de diciembre de 2023.
Ojalá para la adopción de la decisión pese lo técnico y la importancia de la obra para la comunidad y no la docilidad oportunista ante el presidente frente a la eventualidad de una reelección.
No puede desconocérsele a Claudia López que está dando la pelea en defensa de los intereses de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca frente al intenso hostigamiento del poder presidencial.