Opinión: Bogotá y la “Pausa Digital”: un paso valiente por nuestros niños

Estudiante usa su celular.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Basta entrar a cualquier restaurante de Bogotá o caminar por una de las plazas de comidas un domingo para presenciar una escena que se ha vuelto paisaje: familias sentadas en la misma mesa, pero habitando universos distintos. En medio de ellos, un niño de corta edad manipula con destreza un celular, ignorando el entorno y la conversación. No es solo un juego; es el “chupo digital” del siglo XXI. Sin embargo, lo que empezó como una herramienta de entretenimiento se ha transformado en una crisis de salud pública que hoy, en 2026, ya no podemos seguir ignorando.

Hace pocos días, Francia dio un paso valiente que debería hacernos eco: aprobó la prohibición total de redes sociales para menores de 16 años y consolidó la “pausa digital” en sus escuelas, obligando a la custodia física de los teléfonos durante la jornada. No es un capricho nostálgico. Es una respuesta de Estado a una realidad que la ciencia ya comprobó: el uso excesivo de pantallas está erosionando la salud mental, el sueño y la capacidad de aprendizaje de una generación entera.

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En Colombia, la regulación de las redes sociales puede ser una bandera de consenso para el próximo Congreso. Es un proyecto de ley que tiene el potencial de unir a todas las bancadas; hay suficiente información y estudios que comprueban los beneficios de limitar el acceso a algoritmos adictivos en cerebros que aún no terminan de formarse.

Pero mientras esa discusión nacional avanza, Bogotá tiene la oportunidad de liderar una revolución local inmediata: la regulación del celular en el salón de clase.

No tenemos que mirar a Europa para saber que esto funciona. En nuestra propia ciudad, la red de colegios privados (de élite) la UNCOLI (que agrupa a 27 instituciones) ya tomó la decisión. Los resultados reportados por sus rectores son contundentes: los estudiantes volvieron a jugar y hablar en los recreos y la concentración en clase mejoró sustancialmente. El reto ahora es que este beneficio no se quede en un grupo reducido de colegios, sino que se convierta en una política distrital para todos los niños y niñas de la ciudad.

Para lograrlo, no partimos de cero. Tenemos un andamiaje legal que Bogotá debe activar con astucia. Si bien la Ley 2170 de 2021 se quedó corta al dejar el uso de tecnología bajo una “responsabilidad compartida” algo ambigua, la nueva Ley 2489 de 2025 nos abre una puerta fundamental. Esta ley obliga al Estado a crear “entornos digitales sanos y seguros” y a proteger a los menores de la ciberagresión.

Aquí es donde entra el llamado a la Secretaría de Educación: la ciudad puede liderar este cambio sin esperar a que el Congreso legisle cada detalle. El camino es la actualización de los Manuales de Convivencia. Mediante una directriz clara del Distrito, se puede instruir a todos los colegios oficiales para que regulen la presencia física del celular en el aula, amparándose en el principio constitucional del Interés Superior del Menor. La jurisprudencia de la Corte ha protegido el “libre desarrollo de la personalidad”, sí, pero ese derecho no es absoluto cuando entra en conflicto con la salud mental y la seguridad del niño.

Prohibir el celular en clase no es una medida tecnófoba; es una medida de protección cognitiva. Un estudiante puede tardar hasta 20 minutos en recuperar la concentración profunda tras una distracción digital. Al permitir el celular en el pupitre, estamos condenando a nuestros estudiantes a una atención fragmentada.

La propuesta para Bogotá es clara: implementar la Pausa Digital. Esto implica no solo la prohibición, sino la inversión en infraestructura sencilla (como casilleros seguros o bolsas de seguridad) para que los jóvenes puedan guardar su dispositivo al entrar y recuperarlo al salir.

Si les quitamos la pantalla por unas horas, debemos devolverles el juego, dotando los recreos con material deportivo y espacios de socialización real.

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Bogotá tiene la escala y el liderazgo para marcar el ritmo del país en esta materia. Si logramos que nuestras instituciones educativas sean “santuarios de atención”, estaremos enviando un mensaje poderoso: el bienestar y el desarrollo de los niños están por encima de los intereses comerciales de la economía de la atención.

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