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Rocío Fuentes Díaz fue asesinada por haberse negado a pagar para no ser violentada en su droguería en Simití, en el sur de Bolívar. Previo a su asesinato, Rocío le reclamó a su verdugo que no existía razón ni mandato para que le exigiera un pago a cambio de respetar su libertad y su vida.
Como Rocío, en la actualidad miles de colombianos en el país son presa de bandas criminales que les exigen pagos en dinero o especie a cambio de respetarles la vida o permitirles ejercer su actividad profesional o comercial, e incluso su vida cotidiana.
La extorsión no solo se configura cuando hay una exigencia monetaria. El Código Penal colombiano tipifica este delito como el constreñimiento a otro para “hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad o beneficio ilícitos, para sí o para un tercero”.
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Durante mayo, más de 60 noticias publicadas por medios nacionales y locales describen como comunidades están atrapadas por las bandas criminales de todo origen y tamaño que exigen pagos para no afectar a familias, a comerciantes, transportistas, agricultores, ganaderos, incluso a trabajadoras sexuales.
Abundan las señales de que el país avanza en un proceso de fragmentación territorial –urbana y rural– condicionada por un poder criminal que ejerce control social, político y económico sobre la comunidad, restringiendo los derechos y libertades que la Constitución Política les otorga.
Una realidad que no logran capturar los sistemas públicos de información sobre extorsión, llevando a gobiernos nacional y locales a reivindicar mejoras que no corresponden al ambiente de amenaza y sometimiento que enfrentan muchos ciudadanos.
Ejemplo de esto es la denuncia realizada por Fenalco Bogotá a finales de abril sobre el aumento de la extorsión a los comerciantes en la ciudad, evolucionando incluso a casos de secuestro.
El incremento de la extorsión es el resultado del debilitamiento del esfuerzo público en seguridad que alienta a organizaciones con marcas criminales reputadas –y nuevos “emprendimientos” criminales– a ejercer este delito con bajo costo, riesgo y alta rentabilidad entre comunidades desprotegidas.
También de la debilidad institucional para develar la estructura integral de este fenómeno, debilitando la acción simultánea en prevención y desarticulación del crimen, que ofrece espacios permanentes de recomposición e innovación a los criminales.
Asimismo, del efecto no deseado de la caracterización de este grave delito por magnitudes de daño. La creación de la categoría de micro-extorsión terminó normalizando un acto criminal violento, desincentivando la denuncia y abriendo espacios para la negociación de acuerdos con criminales.
Un asunto que también impacta la respuesta institucional y que condiciona la acción investigativa, de judicialización y empeño operacional a la magnitud y visibilidad del daño.
La combinación de estos factores ha dado lugar a la resiliencia de bandas históricas y al surgimiento de nuevos emporios extorsivos que capturan la voluntad de ciudadanos desprotegidos, sin canales institucionales para eliminar el riesgo para su vida y su libertad.
La expansión de la extorsión solo puede ser frenada con una conciencia colectiva –instituciones y ciudadanos– sobre la gravedad de este delito, sin diferenciar magnitud de daño o modalidad de ejecución, aplicación de violencia o amenaza de esta. Un acuerdo nacional respecto a que la extorsión es un delito no tiene justificación, trato favorable posible o amparo jurídico.
Para avanzar hacia ese acuerdo es necesario crear conciencia pública sobre la inviabilidad de esa acción criminal violenta. Un resultado al que se llega a través de robustos esfuerzos comunicacionales, públicos y privados, sobre la identidad y naturaleza de los extorsionistas, modalidades y áreas de alto riesgo de ocurrencia.
Asimismo, concientizar al ciudadano sobre comportamientos que aumentan el riesgo de victimización, manejo de una agresión extorsiva y visibilización de canales institucionales para la atención de víctimas, recepción de alertas y denuncias, un asunto estrechamente ligado a confianza, atención oportuna y resolución efectiva de casos.
Esto último obliga al Ministerio de Defensa Nacional a ejecutar una evaluación de capacidades, políticas y estrategias frente a la extorsión, que les permita identificar las debilidades para enfrentar el incremento y dispersión de este delito. Asimismo, a definir el mapa crítico de la extorsión con miras a fortalecer los GAULAS militares y policiales con base en criterios como victimización y dispersión.
La Fiscalía General de la Nación también debe reforzar la acción contra este delito, incrementando los fiscales especializados en extorsión que se integren en fuerzas de tarea para su judicialización, que combinen fiscales de las áreas de derechos humanos, lavado de activos y extinción de dominio para actuar de manera simultánea sobre toda la cadena del delito.
Adicionalmente, debería evaluarse la construcción de centros carcelarios exclusivos para extorsionadores y secuestradores con miras a superar las barreras para implementar contramedidas electrónicas, limitar comunicación con el exterior, focalizar el estudio anticipativo del fenómeno y obstaculizar el reclutamiento de mano de obra para el delito.
Finalmente, crear conciencia sobre el incremento del riesgo por cuenta del manejo irresponsable de información personal -materia prima de la extorsión- por parte de ciudadanos, instituciones públicas y empresa privada.
Debilitar el crimen, el miedo y la violencia demanda éxito pleno en la lucha contra la extorsión. Obviarlo o minimizarlo ofrece ventajas al crimen para crecer y tomar control de ciudades y ciudadanos.
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