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Recientemente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó la revisión de la política urbana nacional de Colombia, en la cual analiza la evolución urbana en las ciudades del país y ofrece recomendaciones para atender los problemas que enfrenta.
De acuerdo con los datos recogidos por la OCDE, en los últimos 70 años las ciudades colombianas pasaron de albergar el 38,3% de los habitantes al 75,5% del total nacional. Un proceso acelerado desde 1990, cuando la huella urbana creció a una tasa de 2,5% anual y la población urbana en un 2,3%. Un crecimiento desordenado y desregulado que ha deteriorado las condiciones de habitabilidad y conservación en áreas urbanas, rurales, así como en el espacio comprendido entre estas.
Se puede inferir del informe que por cuenta de la inexistencia de una visión estratégica sobre la formación, desarrollo, sustentabilidad y proyección de la huella urbana, se ha generado una gobernanza fallida de las ciudades, que no ha permitido anticiparse a aquellos factores que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos y la estabilidad del entorno.
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La falta de una “idea” de ciudad que recoja los intereses y necesidades de los colombianos es también identificada por la OCDE como una fortaleza convertida en debilidad, dado que la malla dispersa de ciudades no se conecta, dando lugar a un inmenso derroche de esfuerzos y recursos para resolver de manera individual, asuntos cuya solución corresponde a esfuerzos colectivos.
Entre los asuntos que para esta organización determinan la malla de riesgos para la estabilidad y desarrollo de las ciudades colombianas, se encuentran asuntos tan variados como la productividad de las ciudades, la oferta y calidad de los servicios, la naturaleza del contexto, las herramientas para su administración, incluso los flujos de poblamiento.
En lo que respecta a la productividad, la OCDE encontró que, si bien el 85% del PIB es generado en áreas urbanas, el 40% se concentra en 5 ciudades, siendo Bogotá la que concentra el 22,9% de la producción nacional. Una distribución asimétrica que impacta el crecimiento de la productividad nacional y causa reflujos migratorios rurales-urbanos con efectos directos sobre la estabilidad de la nación y de cada ciudad.
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La Organización llama la atención sobre la debilidad de las capacidades productivas de las ciudades del país, representada en mala infraestructura física y digital, fuerza laboral con competencias bajas, un sistema de administración complejo y desarticulado, un marco normativo obstaculizador y poca capacidad de innovación, evidenciados en una alta informalidad laboral y una malla empresarial delgada.
Esta suma de elementos demuestra que la solución del estado de ánimo en las ciudades, supera la discusión de problemas cotidianos o incluso el discurso taquillero de un nuevo pacto social. Si la ciudad es el lugar donde vivimos, lo que se necesita es un proyecto que la revitalice para ofrecer oportunidades a sus habitantes, resiliencia y adaptabilidad a sus sistemas.
Este panorama oscuro tiende a potenciarse en un escenario en el que las ciudades son islas en su propio país. Como bien lo señala la OCDE, la integración entre sistemas urbanos, la definición de vocaciones, dinámicas y contribuciones al desarrollo sostenible y sustentable de las redes conformadas entre áreas urbanas es determinante para reconfigurar el rumbo.
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Setenta y cinco por ciento de los habitantes de un país concentrados en ciudades necesitan de robustos sistemas de alimentación; servicios ambientales, habitacionales, públicos y sanitarios; de transporte; integración social; y productividad para aumentar su calidad de vida y así prevenir los conflictos.
Lo anterior representa el núcleo de recuperación de la vida de ciudad. Como se ha señalado en otras oportunidades en este espacio, la inseguridad de una ciudad no es el punto de partida de un contexto de inestabilidad, si no la prueba reina de que las diferentes dimensiones del ámbito urbano están siendo dirigidas de forma errada.
La organización recomienda al país emprender acciones para la construcción de seguridad desde campos como la conectividad física y digital; el fortalecimiento de la gestión local y el monitoreo de la seguridad; el uso del urbanismo y la renovación urbana para la generación de confianza en la ciudad y respeto por el espacio público; así como el impulso a una gestión local basada en esfuerzos colectivos.
También llama la atención sobre la comprensión de la seguridad más allá de la aplicación de la Ley, frente a lo cual pone un acento importante no solo en los efectos físicos del cambio climático, sino lo que esto significa en la vida cotidiana de los ciudadanos, sus costumbres y necesidades.
La revisión de la OCDE llega justo en el momento de la definición de una nueva visión estratégica para la Nación. Enfocar esfuerzos en la transformación de las ciudades con un criterio de integración rural-urbano contribuirá a la mitigación de riesgos crecientes que amenazan con llevar al país hacia un pasado superado.
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