Opinión: Cuando la salud se convierte en instrumento político

Reconocerlo es importante. La salud es un derecho humano y corresponde al Estado promover activamente las condiciones que permitan ejercerlo. Una ciudadanía informada, organizada y capaz de participar en las decisiones públicas puede contribuir a mejorar su propia salud. Pero de esa premisa correcta no se desprende que cualquier actividad de organización comunitaria pueda financiarse legítimamente con los recursos destinados al sistema sanitario. Allí comienza una frontera particularmente delicada entre política pública y utilización política de la salud.

Esta discusión acompañó a Gustavo Petro desde su Alcaldía de Bogotá y reapareció con mayor dimensión durante su Presidencia. Su concepción territorial de la salud otorgó gran importancia a equipos que llegaban directamente a hogares y comunidades, identificaban necesidades y acercaban la institucionalidad a la población. El propósito resulta defendible, de buscar al enfermo antes de esperar que llegue grave al hospital.

La pregunta surge cuando alrededor del componente estrictamente sanitario se incorporan numerosos agentes comunitarios, gestores y personal no asistencial cuya función comprende organización, enlace y movilización de las comunidades. Que no sean profesionales sanitarios no convierte automáticamente su actividad en ilegítima, pues la atención primaria necesita trabajo comunitario. Pero cuanto más se aleja su función de una intervención sanitaria verificable, mayor debe ser la exigencia de demostrar qué resultados de salud produce.

Y allí aparece el verdadero problema. Si se destinan cuantiosos recursos de atención a estos programas, el Gobierno tiene la obligación de demostrar cuántas enfermedades fueron prevenidas, qué riesgos disminuyeron, cuáles indicadores mejoraron y cuál fue el beneficio obtenido por cada peso invertido. No basta contabilizar equipos conformados, hogares visitados o personas contratadas. Esos son indicadores de actividad, no de resultados sanitarios.

La exigencia debe ser todavía mayor cuando estos programas construyen relaciones directas entre Gobierno y comunidades. Esa cercanía puede ser una útil herramienta de salud pública, pero también puede transformarse en una poderosa estructura de intermediación de favores políticos. Precisamente por ello deben existir criterios técnicos de contratación, trazabilidad del gasto, indicadores independientes y evaluaciones rigurosas que permitan descartar que los recursos sanitarios estén financiando, directa o indirectamente, estructuras destinadas a consolidar respaldo político o electoral.

No corresponde afirmar que eso ocurrió simplemente porque exista ese riesgo. Pero tampoco resulta aceptable desestimar la pregunta, especialmente cuando los resultados sanitarios atribuibles a estas inversiones no han sido demostrados. Existe además un principio presupuestal elemental sobre el destino de los recursos. Si fueron asignados para garantizar servicios de salud, no deberían convertirse subrepticiamente en presupuesto para participación política, por loable que resulte fortalecer a las comunidades. Para ello existen otros sectores y fuentes de financiación estatal.

La salud inevitablemente forma parte de la política pública, pero no debería convertirse en patrimonio político de ningún gobierno o partido. Un derecho fundamental no comulga con ideologías, pertenece por igual al ciudadano que apoya al gobernante y al que se opone a él.

Empoderar comunidades para proteger su salud es legítimo. Utilizar la salud para construir poder político sería algo completamente diferente y reprochable. Precisamente porque la frontera puede ser difusa, corresponde al Estado demostrar, con resultados y transparencia, de qué lado de ella se encuentra.

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