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El 9 de septiembre de 2020 el uso excesivo de la fuerza en un procedimiento policial causó la muerte a Javier Ordoñez en el CAI Villa Luz, desencadenando un estallido de violencia en la ciudad. Confirmación de un clima social deteriorado por una oposición política que prometió en agosto de 2018 encender las calles y una pandemia implacable.
En 2021, a los doce meses del asesinato de Ordóñez una nueva jornada de destrucción de infraestructura de seguridad, transporte y violencia contra ciudadanos ocurrió en la ciudad. De la misma forma, el pasado 9 de septiembre de 2022 regresaron las acciones violentas con ataques contra infraestructura de seguridad, civiles inermes, gestores de convivencia y autoridades policiales. Los CAI de Santa Librada y Brasilia fueron destruidos. Este último ya había sido arrasado en la “celebración” del año anterior.
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De esta forma, la ciudad ajusta un cuatrienio de vandalismo y violencia en fechas conocidas por todos, sin lograr aún desarrollar una postura de anticipación y negación efectiva, en lo que parece un espíritu fulgurante de “dejar hacer, dejar pasar”.
Un espíritu que inmoviliza a líderes civiles y policiales de la seguridad, atrapados entre una legitimidad destrozada y dudas crecientes sobre roles y funciones, a medida que sus líderes convierten las leyes en letanías subjetivas.
Aunque este 9 de septiembre la violencia y destrucción disminuyeron durante la “celebración”, ciudadanos y medios incrementan sus preguntas sobre las razones que explican la aparición cíclica de jornadas de destrucción y violencia, la incapacidad de prevención institucional y la que parece es una aversión institucional para garantizar derechos, seguridad y estabilidad.
Los ataques en Santa Librada y Brasilia dan luces sobre el presente y futuro de inestabilidad en la ciudad, así como las dificultades para revertir esa condición.
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El núcleo del asunto está determinado por la política. La promesa de cambio que triunfó en las elecciones está acompañada de incentivos para la inacción institucional en seguridad y el fortalecimiento de grupos que pretenden someter a la comunidad por medio de acciones coercitivas, criminales y violentas.
El Gobierno Nacional ha sido prolífico en pronunciamientos y lineamientos que se traducen en riesgos judiciales, laborales, e incluso de integridad personal para los encargados de hacer cumplir la ley y proteger el orden. Una dialéctica a la que la autoridad de la ciudad se ha plegado con facilidad y premura.
Un ejemplo es el mensaje del Ministro de Defensa sobre la buena actuación del Policía que permitió ser agredido por un enajenado en Chía el pasado 25 de agosto. A lo que se suman las narrativas recurrentes de la Alcaldesa que caracterizan a los cuerpos de seguridad como enemigos ciudadanos. Los mismos a los que abraza cuando arrecia el desorden.
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Punto aparte para los ministros y congresistas que priorizan la búsqueda de rutas para la liberación de quienes en el pasado destruyeron bienes públicos y atacaron ciudadanos, mientras que los bogotanos imploran a la policía capturar y judicializar a los atacantes de hoy.
Estas visiones destruyen capacidades. En el nivel nacional, la lectura estratégica de los desafíos de seguridad está, por decir lo menos, debilitada. El despido de personal experimentado, la reducción de la capacidad operacional y las limitaciones al cumplimiento de la misión empujan a la Policía Nacional a convertirse en una institución inocua.
El debilitamiento operacional, además de fortalecer a criminales y violentos, da lugar a la proliferación de aparatos de seguridad ilegales para encargarse de lo que no pueden las instituciones. La seguridad deja de ser un asunto moral cuando se convierte en un problema de supervivencia.
La retórica gubernamental de que prima el diálogo sobre todas las cosas ha anulado la comprensión del significado de ataques vandálicos y violencia indiscriminada. Aunque numerosa doctrina de seguridad urbana reconoce al diálogo como mecanismo de desescalamiento de tensiones, nunca lo contempla para atender escenarios que ponen en peligro la vida de ciudadanos.
Los ataques en Santa Librada y Brasilia tenían como objetivo ratificar el control social, económico y territorial de criminales. También demostrar que están por encima de la ley. Que nadie está dispuesto a enfrentarlos, ni siquiera la Policía. Una acción afirmativa del imperio del crimen.
Tratar al crimen bajo un mandato de diálogo solo asegura mayores daños a bienes públicos y más poder territorial de las organizaciones ilegales. Más grave aún, el aumento del riesgo para la vida de ciudadanos, funcionarios del Distrito y policías, a quienes políticos y autoridades cada vez más les asignan el rol de barrera de contención.
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Con el paso de los días, la alcaldesa López se enfrentará a una pregunta que aumentará de volumen entre una creciente cantidad de ciudadanos que se sienten desamparados. ¿Qué está primero: la retórica que asegure su futuro político nacional o la protección inmediata de la vida de los ciudadanos y el control de la ciudad?
Una seguridad ciudadana capturada por prejuicios y necesidades políticas, con cuerpos de seguridad desactivados y desmoralizados, son la garantía del triunfo del imperio del crimen.
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