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Opinión: El Libro de la Verdad: entre rendición de cuentas y juicio político

El Libro de la Verdad propone un novedoso ejercicio de escrutinio sobre la administración saliente. Sus hallazgos en salud, contratación y gestión pública merecen atención, pero su trascendencia dependerá de convertir las denuncias en evidencia verificable y no en condenas anticipadas.

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Luis Gonzalo Morales Sánchez
21 de agosto de 2026 - 08:51 p. m.
Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia de su mandatario, Abelardo de la Espriella (c), junto a su vicepresidente José Manuel Restrepo durante la entrega a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a otros entes de control, del 'Libro de la Verdad' que tiene un compendio de denuncias de presunta corrupción durante el mandato de su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026) este martes, en Bogotá (Colombia).
Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia de su mandatario, Abelardo de la Espriella (c), junto a su vicepresidente José Manuel Restrepo durante la entrega a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a otros entes de control, del 'Libro de la Verdad' que tiene un compendio de denuncias de presunta corrupción durante el mandato de su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026) este martes, en Bogotá (Colombia).
Foto: EFE - Presidencia de Colombia
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El Libro de la Verdad, presentado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como resultado del denominado Empalme Anticorrupción 2026, introduce una práctica interesante en la política colombiana de convertir la transición entre gobiernos en un ejercicio público de rendición de cuentas sobre el Estado que se recibe, experiencia que rompe el pacto implícito de silencio arraigado en nuestra cultura política.

Su principal fortaleza está en la metodología. Ante las dificultades que, según el documento, existieron para realizar un empalme convencional, el nuevo gobierno construyó una arquitectura propia basada en fuentes abiertas, cruzando información oficial —particularmente SECOP—, derechos de petición, fuentes periodísticas e información suministrada por servidores del gobierno saliente. Esa información fue procesada por equipos sectoriales y mediante herramientas de inteligencia artificial.

El resultado es una extensa radiografía de posibles irregularidades, contratación cuestionable, baja ejecución presupuestal, debilidades de supervisión y, quizá más preocupante, instituciones que disponían de recursos, pero mostraban dificultades para transformarlos en resultados.

Los ejemplos permiten dimensionar el problema. Incluso Bogotá, que concentra buena parte de la capacidad institucional del país, aparece en esa radiografía, donde se reporta deterioro en el Centro de Alto Rendimiento, mientras describe un Ministerio del Deporte con 1.192 contratos en ejecución, 667 contratistas y dificultades en sus sistemas de información y archivo contractual.

El capítulo de salud merece especial atención porque allí la ineficiencia administrativa deja de ser una abstracción contable. El documento cuestiona, entre otros asuntos, un programa de aproximadamente $6,8 billones que, según sus autores, carecía de seguimiento suficiente de ejecución e indicadores verificables de impacto, mientras persistían dificultades en medicamentos, atención y obligaciones financieras con distintos actores del sistema. También señala que $109.000 millones destinados a investigación en salud permanecían, a junio de 2026, con ejecución del 0 %, incluyendo recursos dirigidos a salud pública, medicamentos, enfermedades tropicales y capacidad diagnóstica.

Políticamente, ejercicios como este pueden ser saludables. Quien recibe el Estado tiene derecho a establecer cómo lo encuentra y los ciudadanos tienen derecho a saberlo. Además, dejar una línea de base permite algo igualmente importante al comparar dentro de cuatro años las denuncias actuales con los resultados del nuevo gobierno. Quien hoy audita también deberá estar dispuesto a ser auditado mañana.

Pero precisamente allí aparece el riesgo. El propio documento reconoce una limitación fundamental, pues sus validaciones no constituyen auditorías ni investigaciones administrativas y los eventuales hallazgos deben trasladarse a las autoridades competentes. Esa advertencia es esencial. Un indicio no es una prueba definitiva; una deficiencia administrativa no necesariamente constituye corrupción; baja ejecución no demuestra apropiación ilícita; y una responsabilidad política no equivale automáticamente a responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal.

Existe, además, el peligro de convertir un instrumento técnico de empalme en una herramienta de legitimación política del gobierno entrante mediante la deslegitimación de quien lo precedió. Seleccionar únicamente aquello que confirma una narrativa previamente construida transformaría la rendición de cuentas en un juicio político unilateral.

El Libro de la Verdad puede constituir un precedente democrático valioso, precisamente si reconoce esos límites. Colombia necesita saber cómo se reciben y cómo se entregan sus instituciones. Pero la verdad pública no puede ser patrimonio del gobierno de turno. Debe construirse sobre información verificable, permitir la contradicción y, cuando existan indicios de ilegalidad, someterlos a los organismos de control y a los jueces. La rendición de cuentas fortalece la democracia; la condena anticipada, aun revestida de cifras, podría debilitarla.

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Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

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