El incremento de la conflictividad política y social; la incertidumbre económica; la intención de desmonte institucional, así como la criminalidad y la violencia, han creado un ambiente de frustración ciudadana como lo muestra la encuesta de INVAMER de finales de mayo, donde el 70% de los encuestados considera que el país va mal.
En ese escenario, el análisis de dinámicas y tendencias para el segundo semestre de 2023 permite anticipar una probabilidad alta de que cinco capas de riesgo crítico se superpongan en el país, dando lugar a una fuerza de desestabilización con capacidad de daño considerable.
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En la región Bogotá Cundinamarca este escenario tiene características particulares, que obligan a autoridades y ciudadanos a asumir con conciencia los retos que de este se derivan, para prevenir y anticipar eventos que atenten contra el progreso de la región, desafíen el bienestar, los derechos y libertades de los ciudadanos.
El contexto de seguridad, la política nacional de paz, el llamado a la movilización ciudadana, el proceso electoral y la descoordinación institucional se aprecian como factores críticos para la estabilidad regional y local e, incluso, para la vigencia de la Constitución Política.
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La convergencia de sus principales factores de riesgo proyecta un futuro capturado por la ingobernabilidad, la violencia y el crimen, que destruiría el avance de la ciudad región y afectaría libertades, derechos y proyecto de vida de sus ciudadanos.
En el caso del contexto de seguridad las amenazas del terrorista “Mordisco”; el fortalecimiento de la delincuencia urbana, y la vocación terrorista del ELN disparan los riesgos de acciones que buscan el control criminal territorial, económico y comunitario, así como fortalecerse en las negociaciones con el gobierno.
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Este riesgo se incrementa por cuenta de una política de “Paz Total”, carente de seguros contra el fortalecimiento criminal y líneas rojas que protejan los ciudadanos, facilitando la consolidación de santuarios de secuestro, extorsión y planeación de actos terroristas.
A esto se suma la movilización ciudadana para gestionar intereses políticos gubernamentales, presionar actuaciones institucionales, desvirtuar el imperio de la ley y apretar funcionarios, que acelera el debilitamiento institucional y la desconfianza de los ciudadanos.
Con territorio, iniciativa institucional y voluntad ciudadana capturados por intereses criminales y politiqueros, las elecciones locales se convierten en una bomba de tiempo, cuyo reloj ya empezó a marcar la hora.
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La criticidad del momento electoral bajo esas condiciones aumenta la probabilidad de asonadas, bloqueos urbanos y regionales, asesinatos selectivos, secuestros, financiación electoral y constreñimiento a los electores, como herramientas para gestionar intereses electorales, proteger intereses políticos y criminales.
Un escenario que se vigoriza ante la evidente descoordinación entre gobierno nacional y gobiernos locales para atender asuntos actuales que atentan contra la estabilidad, la seguridad y la cohesión social en áreas rurales y urbanas, asimismo aquellos que despuntan para el futuro.
Ejemplo de esto son las medidas contrarias a los retos que impone un fenómeno del Niño con probabilidades altas de ser extremo, que causará en el segundo semestre una provisión restringida de servicios públicos y disponibilidad limitada de alimentos, impulsando una explosión de descontento.
En ese marco, un proceso electoral amenazado por organizaciones criminales fortalecidas desde espacios liberados, con una ciudadanía en modo confrontación y políticos ávidos de demostrar poder electoral pueden ser el detonante de una situación catastrófica.
Lo anterior obliga a la alcaldesa de Bogotá, los alcaldes de la región, las fuerzas políticas defensoras de la institucionalidad y ciudadanos a exigir al Gobierno nacional un plan estructurado de mitigación de riesgos que permita proteger las elecciones de su instrumentalización violenta.
Esto en la práctica significa abstenerse de decretar áreas de cese al fuego en la ciudad región, asumir el compromiso de no instrumentalizar la movilización ciudadana, crear un mecanismo eficaz y transparente de gestión del proceso electoral, para mencionar algunas medidas.
Asimismo, conformar un grupo de seguimiento con autoridades locales y nacionales para monitorear la estabilidad regional en el próximo semestre, los efectos del fenómeno del Niño en el bienestar de los ciudadanos, identificar factores de riesgo sobrevinientes y tomar medidas anticipativas para neutralizar riesgos.
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De no ser así, la convergencia de los factores de riesgo anteriormente señalados se potenciará sistémicamente disparando la probabilidad de que surja un escenario extremo de impactos catastróficos.
En el próximo semestre la ciudad región requiere de una gestión preventiva y anticipativa sin espacio a errores, dirigida a disminuir al mínimo los riesgos de inestabilidad y cerrar los espacios a los interesados en hacer de esta la ruta óptima para su éxito.
También para asegurar que quienes empiezan sus mandatos locales tengan la oportunidad de poner en marcha de una vez por todas la acción gubernativa que fue debilitada por la pandemia y la instrumentalización electorera del descontento ciudadano.