Los patrulleros John Rodríguez Sandoval y José Herrera, pertenecientes a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional, fueron desplegados el pasado jueves en la avenida calle 26, frente a la Universidad Nacional.
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La UNDMO tenía como misión restablecer el orden en esa área de la ciudad y proteger la integridad de los ciudadanos que quedaron en medio de las actuaciones violentas perpetradas por grupos desde el interior de la universidad.
Esta operación estuvo regida por el Protocolo Distrital para la protesta social y fue desarrollada con los nuevos estándares operativos definidos para la unidad antidisturbios de la Policía Nacional basados en la mediación y el diálogo.
La legítima acción institucional fue respondida por grupos violentos desde el interior del campus universitario con explosivos, uno de los cuales impactó en el pecho de Rodríguez, dejándolo al borde de la muerte y causándole heridas a Herrera.
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Un ataque homicida que deja en claro que cuando se trata de enfrentar grupos cuya razón de ser es la violencia y el crimen, no hay garantías, protocolos, ni procedimientos que sirvan a la paz ciudadana.
Quizás esta claridad es la que llevó a la alcaldesa Claudia López a subir su tono frente al Gobierno Nacional para exigir el ingreso de la Policía a las instalaciones universitarias con el fin de capturar a quienes atentaron contra la vida de Rodríguez y pusieron en alto riesgo la de ciudadanos, estudiantes, profesores y funcionarios.
Lastimosamente, el fuerte llamado a recuperar el orden y la ley en la universidad y la ciudad por parte de la alcaldesa a estas alturas de su mandato tendrá poco éxito. Los antecedentes en la gestión de estas situaciones no le ofrecen credibilidad ante los ciudadanos, no tiene influencia sobre los violentos y su interlocución con el Gobierno Nacional es entrecortada.
Este es el resultado de haber sido permisiva y complaciente con grupos que usaron el descontento ciudadano para ejercer la violencia y el crimen, someter a la ciudad y a las comunidades. La neblina de la acción política le bloqueó su función de gobierno.
Siendo justos, el escenario frecuente de barricadas, asonadas, destrozos, copamientos urbanos y controles comunitarios criminales no inicia en esta administración, sino que es una ruta de deterioro progresivo que encuentra su momento culmen ahora.
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Un número considerable de líderes y autoridades han mirado hacia otro lado por décadas ante la gravedad de estos comportamientos, mientras que la ciudadanía ha avanzado en una ceguera colectiva que relativiza la captura violenta de la vida y el estado de ánimo de los ciudadanos por parte de bandas violentas.
Volver a hacer de Bogotá una ciudad viable requiere de una ciudadanía que rechace decidida y permanentemente las acciones de los grupos que los victimizan directa o indirectamente a través de infartos en la movilidad, destrucción de infraestructuras públicas y privadas, entre otros.
Esto requiere que los electores exijan a quienes aspiran a ser la máxima autoridad distrital, concejales y ediles una postura clara en contra del uso de la violencia contra ciudadanos y la destrucción urbana, respaldada por un plan para recuperar el imperio de la ley, el orden y la convivencia en la ciudad.
En el caso de los campus académicos, reintegrándolos al conjunto de la ciudad, mediante la eliminación de las barreras físicas que facilitan su captura criminal, bajo el amparo de una malentendida autonomía universitaria interpretada como autonomía territorial y normativa.
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¿De cuánta autonomía gozan estudiantes, profesores y empleados universitarios en medio del constreñimiento violento, las redes de microtráfico y la presión personalizada que ejercen las bandas violentas en sus campus?
La autonomía es limitada, no así la violencia. Bajo este régimen ocurrió en la Universidad Nacional el pérfido asesinato del profesor Jesús Antonio Bejarano en 1999. También se interrumpen clases, se presiona a profesores y estudiantes, se destruyen aulas y edificios, se recluta para organizaciones ilegales.
Muchos serán escépticos frente a esta propuesta. Cómo no, si la ciudad vive un desorden que facilita el crimen y la violencia. Pero no hacer nada ha empoderado los violentos.
Lo que es retador en este sentido es la protección de las instalaciones y el cuidado de las áreas generales, combinando seguridad policial, seguridad privada y herramientas tecnológicas. Cerrar espacios para la planeación y ejecución de acciones violentas o el resguardo de grupos violentos.
Y alrededor de esto, construir un pacto ciudadano para la protección de los campus universitarios, en el que la ocupación legal y ordenada de la comunidad académica, visitantes y vecinos sea la primera barrera de disuasión de criminales y violentos, quienes ya no encontrarán un lugar que pueden convertir en su santuario.
Recuperar los campus es sinónimo de restauración de libertades y derechos perdidos, un impulso al reencuentro de la comunidad universitaria con la comunidad bogotana, la garantía de la verdadera autonomía universitaria y la creación de un diálogo de ciudad renovado.
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