Veintiún meses después del intento de asesinato contra Edison Ducuara, en el Estadio El Campín, cuatro eventos de delito, vandalismo y violencia asociados a jornadas de fútbol profesional han tenido visibilidad mediática en Bogotá, muestra de la habitual inseguridad que estas generan.
En abril de 2022, individuos con indumentaria del club Independiente Santa Fe atacaron con machetes y cuchillos a un grupo del club Millonarios en un establecimiento comercial contiguo al estadio, causando lesiones, daño en bien ajeno y hurto contra quienes estaban en el local.
En septiembre, dos seguidores del América de Cali resultaron heridos por un ataque de hinchas de Millonarios, marcando el regreso de la violencia al interior del Campín. Este hecho no pasó desapercibido gracias a la denuncia de la Defensoría del Pueblo. Ni la Alcaldía, ni los equipos, ni la DIMAYOR lo reportaron con anterioridad.
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En 2023 volvieron los homicidios. A finales de marzo fue asesinado un aficionado santafereño en inmediaciones del estadio El Campín. Este hecho, reseñado en principio como aislado de la jornada futbolera, con el tiempo se ha conocido que es violencia enmarcada en un conflicto entre aficionados.
El hecho más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando seguidores del equipo Millonarios lanzaron piedras, palos y otros objetos a buses con seguidores del Deportivo Independiente Medellín en las inmediaciones del principal estadio capitalino.
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Este problema no es único de Bogotá. En los últimos dos años, en al menos 15 ocasiones en ciudades como Medellín, Cali, Tuluá, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Santa Marta, Neiva e Ibagué, los entornos de los estadios y las ciudades en general se han tornado peligrosas cuando hay jornadas futboleras. No hay afición, equipo, estadio o área contigua que esté a salvo.
El menú de acciones vandálicas, delincuenciales y violentas incluye invasión al campo de juego para agredir jugadores, choques entre barras dentro y fuera de los estadios, homicidios, apuñalamientos, hurtos, uso de armas de fuego, retenes ilegales, expulsiones de las tribunas a otros hinchas, retenciones y linchamientos.
El inventario de hechos de inseguridad y delincuencia ocurridos desde la reactivación postpandemia permite advertir que el ambiente en el que se desarrolla el futbol profesional colombiano está capturado por la violencia, el crimen y el vandalismo.
El riesgo creciente que imponen los partidos de la DIMAYOR a ciudades y ciudadanos importa poco o nada a sus dirigentes. Las autoridades de toda naturaleza son excesivamente pasivas frente a esa realidad. La sociedad en general se acostumbró a un espectáculo inseguro y violento, dentro y fuera de los estadios.
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La inseguridad que general el futbol es resultado de reglas, estándares y protocolos inoperantes para garantizar la integridad de jugadores, aficionados, jueces y personal directamente involucrado en la producción o disfrute de ese evento deportivo.
Asimismo, del diseño poco realista de los operativos de seguridad que demandan eventos de esta naturaleza, en los cuales se debe tener en cuenta además de la protección del evento, la de los bienes públicos y comunidades que habitan en los entornos de los estadios.
Punto aparte para las alianzas poco santas entre barras bravas, funcionarios públicos y dirigencia futbolera.
Dado que las condiciones generales de seguridad tienden a deteriorarse en un entorno social urbano cada vez más complejo y con dispositivos débiles de seguridad pública, los retos de seguridad para quienes hacen parte del futbol profesional y las comunidades que habitan los entornos de los estadios aumentarán progresivamente.
Por tal razón, no se puede dilatar más la actualización y robustecimiento de los requisitos para el desarrollo de eventos futbolísticos. Los mínimos necesarios incluyen venta de entradas con documento de identidad, acceso controlado a los partidos, videovigilancia antes, durante y después de los partidos – dentro del estadio y en sus alrededores –.
Resultan críticas tanto la vigilancia en el estadio y su entorno contiguo, así como la generación de elementos probatorios sólidos para sancionar y judicializar agresores y delincuentes que pongan en riesgo la actividad.
También hay que asignar la seguridad dentro del estadio y sus accesos a servicios de seguridad privada, con lo que esto signifique en términos de costos y responsabilidades administrativas, civiles y penales para los empresarios del futbol.
Avanzar en este sentido permitiría que la seguridad pública reforzará la vigilancia, investigación criminal e inteligencia entre las áreas que rodean los estadios, disminuyendo el riesgo de seguridad para las comunidades contiguas en general y para el evento en particular.
Muchas horas y páginas de análisis sobre el origen de la violencia en el futbol son gastados sin incidencia positiva en el ambiente de seguridad futbolero.
Y pocas para entender las debilidades urbanísticas, operativas y de entorno para asegurar su desarrollo con un impacto mínimo para la ciudad. Menos aún a la identificación de estructuras y actividades delincuenciales subyacentes al deterioro del ambiente futbolero.
La tendencia al incremento del delito, el vandalismo y la violencia en el futbol obliga a que autoridades, empresarios y ciudadanos prioricen la protección para mejorar la seguridad, para así recoger las piezas del rompecabezas que permitirán que el fútbol profesional vuelva a ser seguro y accesible para todos.