Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Al alcalde Galán le quedan 16 meses para cumplir tres de sus promesas de campaña más visibles: el nuevo esquema de aseo, “Bogotá camina segura” y las gerencias en vía. El balance hasta ahora es un reto más que un logro: Bogotá no supera su suciedad y la licitación que debía traer el anunciado nuevo esquema sigue en veremos; la inseguridad no cede, y los mal parqueados siguen campantes. La gestión de las gerencias en vía tampoco se traduce todavía en algo visible para el ciudadano de a pie. Pero el escenario está cambiando y ahí está la oportunidad del alcalde.
Hasta hace poco el mandatario tenía una justificación de peso: el gobierno de Petro le complicó el camino de mil maneras. Eso ya no aplica. Con el nuevo gobierno, las condiciones favorecen al Distrito como pocas veces: el presidente de la Espriella creó una gerencia dedicada a destrabar con la Nación los asuntos que Bogotá necesita resolver. Pero superar la suciedad de la ciudad no depende únicamente de esa buena voluntad política del gobierno, sino de la revisión de los costos del nuevo marco tarifario de aseo, algo que el propio alcalde le pidió al presidente hace pocos días y que resulta más complejo de lo que parece.
La razón es sencilla: ni el gobierno distrital ni el nacional tienen la potestad jurídica para ajustar discrecionalmente la fórmula tarifaria del servicio de aseo que la administración Petro dejara expedida el día 4 de agosto pasado, con la Resolución CRA 1040. Su revisión es posible, pero únicamente a la luz de lo que prevé excepcionalmente el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y debe darse en el seno de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Lea más: Después de 51 años, Bomberos Bogotá abre paso a una nueva generación de mujeres socorristas
Esta la integran cuatro funcionarios denominados “expertos comisionados”, designados por Gustavo Petro para un periodo fijo, según señala la ley. Además, el ministro de Vivienda -que la preside-, el ministro de Ambiente, la ministra de Protección Social y el director de Planeación. También asiste el superintendente con voz pero sin voto.
Entre tanto se elaboran y presentan los estudios y soportes para adelantar esa revisión, que comparto debe hacerse, el reloj del mandato de Galán sigue avanzando en su contra. Estudios y soportes que claramente no saldrán de los denominados expertos comisionados, por cuanto ellos mismos fueron los que aprobaron el marco regulatorio que define la fórmula tarifaria y los costos que los prestadores deben tener como referencia.
En la revisión tendrá incidencia el Ministerio de Vivienda, como lo evidencia la alerta que el pasado 25 de agosto puso de presente la nueva viceministra de agua ante el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, sobre las múltiples irregularidades de fondo y de trámite de la regulación expedida, siendo de especial interés la que indica, que no permitirá dar por cumplidos los supuestos que sustentan las Áreas de Servicio Exclusivo -para Bogotá-, comprometiendo el esquema que hoy favorece a la población recicladora.
La alerta al magistrado Ibáñez tiene una explicación: fue éste quien dictara en diciembre pasado un auto para amparar a la población recicladora de oficio, que permitió que los contratos de la UAESP con los actuales cinco (5) prestadores del servicio de residuos no aprovechables se prorrogaran hasta tanto la CRA expidiera la regulación tarifaria, que en efecto expidió días antes de terminar el gobierno Petro. Según el alcalde Galán, valga recordar, el presidente Petro le expresó en su momento -en mi opinión indebida presión- que no le daría viabilidad a la nueva licitación hasta tanto se expidiera y diera aplicación a este nuevo marco tarifario.
La paradoja es más que notoria: se expidió el marco tarifario, pero se halla plagado de gruesos cuestionamientos que, dicho sea de paso, comparto y requieren de su revisión inmediata, como lo plantea el alcalde al presidente y lo documenta la viceministra. Todo esto conduce a varios interrogantes, aún sin respuesta, tanto para la UAESP como para el magistrado Ibáñez:
¿La UAESP solicitará la verificación de motivos a la CRA y adelantará la licitación con base en el nuevo marco tarifario, como lo planteó el magistrado Ibáñez, aun cuando se halle lleno de gruesas falencias? ¿Cuál será la reacción de los recicladores en uno u otro escenario?
La realidad es que la última palabra la tiene la Corte Constitucional, quien está llamada a pronunciarse en breve y así la UAESP pueda cumplir en lo que resta del mandato del alcalde de los bogotanos con esa promesa de campaña.
Lea más: Caso Gustavo Aponte: Minero que sería verdadero objetivo del crimen, habla de amenazas
