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Por sus características, historia y diversidad, Bogotá enfrenta múltiples desafíos de convivencia. La densidad poblacional, los diferentes estilos de vida y la compleja dinámica urbana generan constantes interacciones que pueden escalar fácilmente en conflictos. Para dimensionar el reto, cada año se realizan más de 3.000 manifestaciones y, según un estudio de 2023, existen más de 300 factores de conflictividad en la ciudad.
Nos preocupa, con razón, la inseguridad, los robos y la violencia en ciertos puntos. Pero muchas de nuestras tensiones diarias no provienen solo del crimen, sino de la posibilidad constante de roces en cualquier espacio: una esquina, un semáforo, un edificio, un ascensor o una fila. Bogotá es una ciudad donde la convivencia se pone a prueba todo el tiempo.
Cuando se altera la convivencia, la autoridad que generalmente interviene es la Policía. Si un bar opera fuera de horario, un vecino pone música a alto volumen o hay una pelea en la calle, la Policía llega. Esto se debe a que, según el Código de Policía, solo la Policía Nacional puede imponer comparendos, imponer medidas policivas o realizar requisas. En ausencia de la Policía, las situaciones se resuelven mediante autorregulación o con intervención de personal de la Alcaldía, como los gestores de convivencia.
Una ciudad con menos policías y más conflictos
Mientras aumentan los conflictos y la intolerancia, el número de policías en Bogotá disminuye. Hoy hay menos de 15.800 uniformados, cifra inferior a la de hace una década y muy por debajo del estándar recomendado por la ONU.
Bogotá ha intentado aumentar su pie de fuerza con recursos propios, destinando presupuesto para financiar más policías. Sin embargo, no ha logrado que estos policías permanezcan en la ciudad. Durante la administración de Claudia López, se firmó un acuerdo con el Gobierno Nacional para aumentar el número de policías con recursos propios de la ciudad, pero fue desmontado por el presidente Iván Duque un año después. El gobierno de Gustavo Petro tampoco ha permitido a la actual administración de Carlos Fernando Galán retomar ese modelo.
Frente a esta realidad, la Alcaldía ha fortalecido el rol de los gestores de convivencia. Entre 2020 y 2024, se consolidó una red de más de mil gestores que trabajan desde distintas entidades para prevenir y mediar en conflictos. Han demostrado ser clave en la resolución pacífica de problemas en el espacio público.
Lo bueno: un esfuerzo necesario para la convivencia
Bogotá necesita mayor presencia institucional en las calles y una mejor gestión de los conflictos diarios. La idea de contar con civiles capacitados para mediar y prevenir alteraciones al orden público es positiva. No todo problema de convivencia debe ser atendido con una lógica tradicional de seguridad. Reforzar la mediación desde un enfoque civil es lo correcto
Dado el déficit de policías, es ineficiente que uniformados se encarguen de comparendos por basura o riñas por ruido, cuando estas situaciones pueden atenderse con intervenciones civiles y autorregulación ciudadana. En casos graves, la Policía seguirá interviniendo. Pero usar policías para pedirle a alguien que baje el volumen en una fiesta no es la mejor manera de usar un recurso escaso.
Lo malo: sin facultades sancionatorias la propuesta es limitada
Aunque se les dé protagonismo, los Guardianes del Orden no podrán hacer cumplir la norma si el ciudadano no colabora. El Código de Policía otorga la facultad sancionatoria solo a la Policía, específicamente a los comandantes de los CAI en Bogotá.
Esto implica que los Guardianes podrán mediar, pero no sancionar. Si un ciudadano no baja el volumen o un local sigue operando fuera de horario, no podrán hacer más que invitar al diálogo. La eficacia dependerá de la voluntad de quien infringe la norma.
Este problema es político: el Gobierno Nacional y el Congreso se han negado a debatir una reforma que permita a las ciudades tener cuerpos civiles con capacidad sancionatoria.
Una reforma positiva sería autorizar a los municipios a tener gestores con facultad para imponer comparendos, como ocurre con los agentes de tránsito. Con entrenamiento y funciones claras, los gobiernos locales podrían asignar recursos para estos equipos, con respuestas eficaces ante problemas comunes como ruido, desorden, basura y mal uso del espacio público.
Lo que falta: mejor capacitación y fortalecimiento del enfoque civil
Para que esta iniciativa funcione, los gestores deben estar bien capacitados. No cualquiera puede mediar sin aumentar tensiones. Un gestor con prejuicios o sin formación en resolución de conflictos puede empeorar la situación. Es fundamental que reciban formación en manejo de crisis, derechos humanos y atención diferencial. En una ciudad tan diversa, un mal manejo puede escalar rápidamente.
Además, se debe aprovechar la red de diálogo ya existente, que ha sido útil en la prevención de violencia. En vez de empezar desde cero, hay que consolidar este sistema y dotarlo de más herramientas.
Bogotá necesita más Policía y más gestores de convivencia. Fortalecer la resolución civil de conflictos es un paso correcto, pero con limitaciones estructurales. Sin facultades sancionatorias ni un marco normativo que habilite a los municipios a gestionar su propia convivencia, la propuesta quedará corta.
Por Felipe Jiménez Ángel
