Opinión: Gustavo Petro: “La paz no se habla con hampones”

Gustavo Petro.

Foto: Óscar Pérez

El hoy presidente Gustavo Petro, antes de serlo, respondió así en una entrevista periodística: “La paz no se habla con hampones. Señora, eso fue lo que hizo Uribe. La paz no se construye con hampones, porque entonces el gobierno es un hampón”. El adjetivo de “hampón” corresponde a quién “vive de forma marginal cometiendo acciones delictivas de manera habitual”.

La afirmación obedeció, seguramente, haciendo referencia a la invitación que el presidente Álvaro Uribe hiciera en su gobierno a paramilitares para negociar en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Entonces, a quienes confesaran todos sus delitos y contaran toda la verdad a las autoridades obtendrían una pena de máximo ocho años en prisión, a menos de que hubieran cometido delitos de lesa humanidad.

Para el entonces candidato presidencial Petro -hoy presidente-, según sus propias palabras, el gobierno de Uribe era “hampón”. Sin embargo, en ese gobierno muchos terminaron extraditados. Gracias a esa afirmación del candidato Petro, paradójicamente, él mismo terminó etiquetando igual a su propio gobierno. Su propuesta de la “paz total” se basa en negociar con tantos grupos delincuenciales como sea posible.

Con fundamento en la adición y prórroga a la ley 418 de 1997, mediante ley 2272 de noviembre 4 de 2022, impulsada por el gobierno Petro, se pretende -en unos casos ya lo viene haciendo- adelantar diálogos y negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional - Eln, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y bandas criminales como el Clan del Golfo. También, se anuncia el propósito incluir a los narcotraficantes en la “paz total”.

Todas las personas que integran y dirigen estas organizaciones y grupos armados criminales con quienes se pretende “hablar” y “construir” la “paz total”, viven de forma marginal cometiendo acciones de manera habitual. Es decir, son hampones.

Desconozco si existió o no el denominado “Pacto de la Picota” entre el candidato Gustavo Petro y los recluidos en ese y otros establecimientos carcelarios a los que acudieron en época de campaña los señores Juan Fernando Petro -hermano del presidente- y Danilo Rueda, designado posteriormente alto comisionado para la paz por insinuación de Juan Fernando. Ellos lo niegan. Sin embargo, los hechos gubernamentales corroboran que el actual gobierno está listo a negociar con todos los hampones posibles.

Mientras en otras latitudes latinoamericanas -como el Salvador- se lucha de frente y sin titubeos contra el hampa, obteniendo resultados positivos y palpables, y a riesgo de que se me tilde de guerrerista, debo decir que en Colombia el gobierno pareciera haber renunciado al deber constitucional de proteger efectivamente a las personas en su vida, honra, bienes y creencias.

El ejercicio legítimo de la autoridad, no riñe con la búsqueda de una paz real. Los palos de ciego que ha dado el alto comisionado, Danilo Rueda, corroboran lo dicho y evidencian que el Estado colombiano cada vez más parece estar en un nivel de sumisión ante el hampa y no de protección a la sociedad.

Si hay dudas, me permito recordar, entre otros, que el “hijo de la Gata” -asesino condenado- fue liberado por cuenta de la “paz total”; así como “Violeta” o “La Rola”, procesada por el atentado terrorista en el centro comercial Andino; y, ahora, se quiere vincular como “gestor de paz” al criminal “Jhon Mechas”, quién quiso matar al expresidente Iván Duque.

Por su parte, el “Instituto Anticorrupción”, con ayuda de Ariel Ávila y León Valencia, lanza un esperpento de proyecto de acto legislativo para suplantar a la justicia colombiana, buscando instrumentalizarla como escenario de revanchismo político, en un burdo irrespeto a los jueces y todos los colombianos.