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Al sistema de salud se tiende a asimilarlo solo con la prestación de servicios, que es en donde se gastan la mayor parte de los recursos, se presentan los mayores problemas y hacia donde se enfocan casi todas las reformas. Pero este no es solo eso, también abarca lo que se conoce como la salud pública y los determinantes sociales, que, aunque hacen parte de este y se complementan, operan bajo una lógica conceptual, organizacional y de recursos muy diferente que en la mayoría de los casos es difícil hacer coincidir y manejar conjuntamente. Esto sugeriría que en vez de plantear una sola reforma lo más indicado sería hacer dos, una para cada tema: la salud individual y la salud colectiva.
En su concepción filosófica, la OMS define la salud como “un completo estado de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad”. Esto significa que casi cualquier circunstancia en la vida de una persona o una comunidad tendría efectos sobre su salud, como, por ejemplo, contraer una enfermedad viral, quedarse sin trabajo o sufrir un accidente de tránsito.
En el primer caso se requiere de una vacuna y de servicios médicos y hospitalarios para la atención del enfermo. Para los dos casos restantes, serían necesarios también esquemas de protección social a los desempleados y políticas de seguridad vial. Aunque estas dos últimas situaciones también afectan la salud de las personas, las acciones que demandan para su manejo no son ni deberían ser una responsabilidad directa del sector salud.
Por eso sería más recomendable separar ambos temas a la hora de plantear una reforma. Esto facilitaría definir las acciones específicas requeridas, quién debería ser su responsable y cuales las fuentes de los recursos para su ejecución. Discutirlos en una sola ley la hace demasiado extensa, compleja de abordar y en ocasiones confusa por que se terminan mezclando responsabilidades, aspectos operativos y económicos que dificultan su desarrollo.
Uno de los casos más notorios son los servicios sociales complementarios que los jueces ordenan vía tutela, que incluyen alimentación, transporte, alojamiento y educación especial entre otros, que requiere un enfermo para su mejor recuperación. Aunque nadie discute que son necesarios, estos solo se deberían financiar para quienes no tengan como asumir su costo, y con fuentes que no sean las de prestación de servicios de salud.
Por tanto, lo más recomendable sería que ambos temas se tramitaran por separado mediante leyes independientes. Así lo hizo la República Dominicana en 2001 donde se aprobaron una ley de seguridad social y otra de salud, facilitando las discusiones en torno a lo que deben ser los objetivos de ambas leyes y los medios para lograrlo.
Bogotá sería un buen escenario para poner esta idea en marcha. Cuenta con una secretaria social que asumiría los servicios complementarios de los pacientes vulnerables, una de salud que lideraría el proceso y se encargaría de la salud colectiva y unas redes integradas que asumirían la prestación de servicios.
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