Ha surgido un nuevo y falaz argumento para deslegitimar y justificar el desmantelamiento del modelo de aseguramiento en salud en Colombia, al atribuirle a las EPS la responsabilidad en la insuficiencia de los recursos del sector, derivada del supuesto manejo corrupto de las denominadas reservas técnicas.
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Estas son recursos que una EPS “reserva” al momento de autorizar atender un paciente, dinero que no debería gastarse hasta tanto llegue la factura y se cancele, cuya finalidad es garantizar el pago al prestador del servicio. La primera falacia surge cuando afirman que estos son recursos adicionales a los que recibe una EPS, lo que no es cierto por hacer parte de la UPC que reconoce el gobierno por cada afiliado que ha sido insuficiente. Hoy hacen cuentas alegres sosteniendo que, si las reservas técnicas se hubiesen constituido, le sobraría plata al sistema, algo totalmente errado.
La segunda falacia es que estos recursos “reservados” los deberían colocar los dueños de la EPS de su propio bolsillo independientemente de si la UPC alcanza, algo incorrecto porque como se explicó provienen del pago que hace el gobierno que es quien debe financiar el sistema de salud, no los dueños de las EPS como ingenua o malintencionadamente afirman algunos.
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La tercera falacia es que estas reservas deberían mantenerse invertidas en un banco hasta tanto llegue la factura y se pague, algo contrario a los hechos. Por ejemplo, Capital Salud que es la EPS pública de Bogotá acostumbra a girar por anticipado a los prestadores de servicios cerca del 80% de los recursos que recibe como UPC, por lo que se cae de su propio peso que si pagó antes no debería “reservar” nada para pagar después, típica falacia argumentativa.
La cuarta falacia es hacer creer que, si los gastos en atenciones superan los ingresos recibidos por la UPC, esta diferencia la deberían cubrir los dueños de la EPS. Es algo que no tiene sustento si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional (Sentencia C-262/13) aclaró que de cada $100 pesos que recibe una EPS, $92 son recursos públicos que se deben destinar exclusivamente a pagar atenciones y que usarlos en algo diferente sería un delito.
Por lo tanto, si las facturas superan el 92%, como efectivamente ha venido sucediendo desde hace 10 años, esa diferencia la debería poner el gobierno y no los dueños de las EPS. Dicho, al contrario, en caso de que las facturas hubiesen sido inferiores a esos $92 pesos, las EPS no habrían podido quedarse con esa diferencia pues estarían incurriendo en el delito de apropiación indebida de recursos públicos, que fue por lo que condenaron al gerente de SaludCoop.
Con estos embustes surgidos en parte de la ignorancia sobre el sistema de salud, como también de la mala intención ante la carencia de argumentos, es que se ha construido este relato engañoso de las reservas técnicas, que si bien es cierto es posible que exista corrupción en su manejo, esta no alcanza a explicar el desfinanciamiento del sector.