Los grupos de gestores de convivencia dependientes de la Alcaldía Mayor, empleados para apoyar la prevención y el relacionamiento con los ciudadanos en asuntos de seguridad y derechos humanos, se remontan a 1998 con el programa Misión Bogotá.
Este programa evolucionó en la figura de los Gestores de Dialogo y Convivencia, quienes en la actualidad se encargan de asistir la construcción de confianza institucional, promover la convivencia ciudadana, apoyar la protección de derechos e interpretar las dinámicas territoriales de la ciudad.
Los gestores no responden a una única estructura ni un solo orden de actuación. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia –SSCJ– tiene grupos destinados a apoyar la gestión de eventos críticos, hacer presencia territorial, así como a apoyar la seguridad y control de acceso a Transmilenio.
La Secretaría de Gobierno –SECGOB– cuenta con otros para el reconocimiento de demandas ciudadanas, promover la convivencia y contribuir a la garantía de derechos. Las alcaldías locales también tienen gestores dedicados a asuntos de seguridad con visión territorial local.
Recientemente los gestores son más reconocidos por su rol en la atención de la conflictividad, dado que la Alcaldía les ha asignado la responsabilidad primaria de garantizar el derecho de reunión y la manifestación pacífica.
Aunque los gestores cumplen con tareas de alto riesgo, su marco institucional de actuación es muy débil. La falta de un sistema de normas de estandarización de sus procesos de reclutamiento, administración, operación y desarrollo pone en riesgo a sus integrantes, debilita su legitimidad y cierra espacios para el ejercicio exitoso de su misión.
La coexistencia de cuatro cabezas en simultanea –SSCJ, SECGOB, Transmilenio y alcaldías locales–, la asignación de responsabilidades que superan sus capacidades operacionales, profesionales y de articulación, y la competencia por la relevancia de cada cuerpo impulsa el bloqueo intrainstitucional, genera confusión en roles y misiones.
Evidencia de lo anterior es el desconocimiento de demandas ciudadanas y dinámicas territoriales que habrían podido servir como instrumentos para anticipar escenarios críticos, prevenir eventos violentos y destructivos. El mejor resultado posible, si de promoción de la confianza, la convivencia y protección de los derechos humanos se habla.
La conflictividad de los años anteriores habría podido ser atenuada con base en el conocimiento preciso del territorio, sus dinámicas y canales solidos con lideres locales y comunidades para la descompresión pre-crisis.
Así las cosas, la ciudad necesita estructurar con urgencia un sistema de gestión de dialogo y convivencia que responda a los más altos estándares administrativos, de capacidades e integración operativa. De no hacerlo se deteriorará la gobernanza de la seguridad debido a efectos de un componente sin control ni orden estratégico.
También se disparará el riesgo personal de quienes ejercen esta labor por la exposición directa en escenarios de alta fricción con potencialidad de violencia en los que no deben, ni tienen como actuar para disuadir o reaccionar. Asimismo el riesgo jurídico, dado que un servidor público solo tiene permiso de ejercer lo que la ley taxativamente le indica y estos cumplen su servicio en un marco de responsabilidades, facultades y límites de color gris intenso.
La falta de procedimientos, protocolos y estándares reglamentados deja a los gestores expuestos a actuar en el marco del libre albedrío –bajo el rotulo extralimitado de garantes de derechos–, induciéndolos incluso al comportamiento ilícito de usurpación de funciones exclusivamente otorgadas a la Fuerza Pública.
Dado lo anterior, es necesario que en el marco del proceso presupuestal para el 2023 el Concejo de Bogotá condicione la asignación de recursos para estos programas a la definición de un marco regulatorio a través de un Acuerdo que ubique a los gestores bajo la coordinación integral de la SSCJ, precise su misión, funciones, responsabilidades y facultades.
Asimismo que defina los tipos de servicios, ámbitos de actuación y líneas de dependencia. Aquellos cuerpos de gestores que ejerzan tareas de diálogo social y la promoción de relaciones comunitarias deben responder a planes del sector donde estén asignados.
No obstante, dado que estas son fuente de conocimiento territorial, deben contribuir con información que caracterice dinámicas y riesgos territoriales a la SSCJ, que debe ejercer como coordinador general.
Para solidificar la capacidad, el Concejo también debe exigir la definición de reglamentos, procesos estandarizados de selección, regímenes sancionatorios, indicadores de seguimiento y evaluación, estándares de capacidades y dotacionales, perfiles laborales, entre otros.
Estos deben ser de acceso público para que los ciudadanos puedan comprender el beneficio de ese servicio, prevenir la instrumentalización delincuencial del programa –falso reclutamiento de gestores en 2021– o protegerse de un gestor extralimitado en sus roles y funciones.
Adicionalmente, para que los gestores incrementen su seguridad laboral y jurídica. La falta de reglas claras, precisas y públicas aumenta el riesgo potencial de uso politiquero y abusivo del programa.
No estructurar un programa de gestores ordenado y transparente pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, la integridad de los gestores y la legitimidad de las instituciones.