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Empecemos por decir lo que el cabildo no puede hacer. No es vinculante. No decide nada. Y la medida que discutirá no depende ni del Concejo ni del alcalde. La asistencia militar la autoriza el presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sus propios promotores lo saben y lo han dicho.
Es decir que sus promotores recogieron firmas durante seis meses para llevarle, al alcalde Galán, una propuesta cuya llave está en manos del Gobierno nacional. El comité promotor se inscribió, además, en plena temporada de campaña. Cada quien saque sus conclusiones sobre el propósito del ejercicio. Vale la pena, con todo, tomarse en serio el fondo, porque la angustia ciudadana que capitaliza la propuesta sí es real.
Lo primero que vale la pena destacar es una imprecisión que está en el nombre mismo de la iniciativa “cabildo abierto para discutir la asistencia militar o militarización de Bogotá D.C.”. Esa “o” mete en la misma bolsa dos cosas distintas. La asistencia militar del artículo 170 de la Ley 1801 es un apoyo temporal y excepcional ante hechos graves, riesgo inminente o calamidad. La Corte Constitucional tiene jurisprudencia delimitando esta figura.
Ahora, la militarización es otra cosa. Significa reemplazar la autoridad civil por la militar en funciones de policía. Eso no cabe en el artículo 170 ni en la Constitución. Pedir una cosa nombrando la otra es la forma de vender como novedad algo que ya existe.
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Porque el Ejército ya está en Bogotá y lleva décadas estándolo. Hace control en las entradas y salidas de la ciudad con el Plan Candado, cuida la ruralidad de Sumapaz, protege la infraestructura de agua, energía, gas y telecomunicaciones, hace inteligencia antiterrorista y apoya emergencias y en coordinación con la alcaldía, desde muchísimos años hace patrullajes mixtos con la Policía en diferentes barrios de la ciudad.
Ampliar esos apoyos es posible y en algunos frentes deseable como en perímetro urbano, en los corredores con Cundinamarca, en infraestructura crítica, entre otros. Pero esta estrategia es administrar mejor un instrumento que ya opera, no refundar la seguridad de la ciudad.
Bogotá cerró 2025 con una tasa de 14 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a una tasa nacional de 25,8. La capital está a la mitad del promedio del país y muy por debajo de Cali, Santa Marta o Palmira, donde a nadie se le ha ocurrido recoger firmas para sacar los soldados. Lo que Bogotá sí tiene disparado es el hurto y el hurto es el delito que ningún soldado con una ametralladora en un semáforo va a resolver.
El cuello de botella no está en la captura, está en lo que pasa después. La impunidad de los delitos de alto impacto ronda el 90%. Si para algo debe servir el cabildo es para pedir salidas reales y efectivas. Acá dejo un listado que en mi opinión es de lo más estratégico
Justicia, primero. Más fiscales y jueces para Bogotá, seguimiento al reincidente, más cupos carcelarios para sindicados, ampliación de casas de justicia. Contra el sicariato, que explica entre el 45% y el 50% de los homicidios, la vía es la inteligencia financiera y la extinción de dominio.
Segundo, más policía y mejor. Darle más policías a Bogotá es decisión del Gobierno nacional, no del alcalde. Tercero, convivencia. Entre el 32% y el 36% de los homicidios nacen de riñas, y eso se ataca con control de armas, regulación de licores, alumbrado y espacio público.
El debate no es si hay Ejército para controlar el hurto. No lo vamos a hacer así. El debate es cómo mejorar la justicia, y ese reclamo tiene como destinatario el Gobierno nacional. Que el cabildo sirva para eso.
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Por Felipe Jiménez Ángel
