Opinión: Ningún regalo compra una infancia

Este delito casi nunca se presenta a través de la violencia física evidente o el secuestro cinematográfico; hoy opera mediante el disfraz del afecto, la promesa de éxito y la entrega calculada de regalos. En los barrios, en los colegios y, sobre todo, en las pantallas que nuestros hijos llevan en los bolsillos, se normalizan dinámicas que deben llamarse por su nombre: explotación. Hemos romantizado e incluso banalizado en conversaciones cotidianas e internet figuras como el llamado “sugar daddy”, o miramos para otro lado cuando un adolescente aparece de repente con un teléfono de última tecnología, ropa costosa o dinero que su entorno familiar no puede solventar.

A veces, la falta de prevención en casa o la desesperanza económica empujan a padres y cuidadores a ignorar las señales. Pensar que un regalo de un adulto mayor o desconocido es una “ayuda” para el hogar es caer en la trampa del explotador. Ningún bien material o auxilio económico justifica poner en riesgo la dignidad e integridad de nuestros niños y jóvenes. En el instante en que el cuerpo, la compañía o la intimidad de un menor de edad se canjean por dádivas, estamos frente a un delito gravísimo donde la responsabilidad recae única y exclusivamente en el adulto victimario. Jamás en la víctima.

Desde el IDIPRON recorremos a diario el territorio bajo los principios pedagógicos de alegría, afecto y libertad. Acompañamos a cientos de adolescentes para desarmar esos engaños y reconstruir proyectos de vida. Pero el Estado no puede actuar solo. La protección integral exige corresponsabilidad comunitaria: familias que construyan pactos digitales de navegación segura, madres y padres que escuchen sin juzgar para no generar culpa en sus hijos, y una ciudadanía que rompa el pacto de silencio.

Identificar alertas no es desconfiar de nuestros hijos, es cuidarlos. Si un adulto desconocido busca secretos, si condiciona obsequios o si propone oportunidades irreales de modelaje o viajes, activemos las alarmas. Conocer las rutas y denunciar —a través de la Línea 141 del ICBF, la Línea 122 de la Fiscalía o el 123 de la Policía Nacional— es una obligación ética y legal.

Bogotá tiene que entender que los sueños y la dignidad de su juventud no son negociables ni están en venta. El único y verdadero regalo que merecen nuestros niños, niñas y adolescentes es el derecho a crecer seguros, protegidos y libres de cualquier forma de explotación.