La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, inicialmente con proactividad y últimamente combatividad, ha resaltado la responsabilidad de la justicia en el ambiente de inseguridad de la ciudad. En este caso, la mandataria tiene toda la razón.
Delincuentes capturados que no son judicializados, procesos investigativos que no derivan en esclarecimientos, víctimas sin acceso a servicios y operadores judiciales que obstaculizan la justicia, deterioran la percepción de seguridad y envalentonan a quienes violan la ley.
Lea: Comunidad intentó linchar a supuesto abusador sexual en Soacha
El reciente informe anual del Concejo Privado de Competitividad señala que “en Colombia el sistema de justicia se enfrenta a problemas de eficiencia, calidad y credibilidad” generando incentivos perversos para el trámite extralegal de los conflictos. Una descripción que permite anticipar la perpetuación de la ilegalidad, violencia y violación de derechos.
El último estudio de necesidades jurídicas en Colombia (NJ) liderado por MINJUSTICIA, permitió identificar que de cada 10 ciudadanos, 8 tienen sus NJ insatisfechas. A su vez, el 56% de los encuestados indicaron haber renunciado a acudir ante la justicia, 43% resolvieron por medios privados sus necesidades y 2% aceptaron abiertamente haber resuelto estas por medios ilegales o violentos. Un panorama que permite asegurar que en el corto y mediano plazo no habrá seguridad o convivencia posibles. El reclamo de la alcaldesa no es un distractor, sino un pedido de auxilio.
Datos como los anteriores explican los resultados que sobre la justicia arrojó el INVAMER Poll de octubre de 2022, en el que un 77% de los encuestados expresan una opinión desfavorable sobre el sistema judicial colombiano, 63% sobre la Fiscalía General de la Nación, 59% sobre la Corte Suprema de Justicia, 52% sobre la Corte Constitucional y 50% sobre la JEP.
Le puede interesar: Niños víctimas del conflicto protagonizan obra de El Principito, así puede asistir
El reclamo de la alcaldesa no solo tiene sustentos provenientes de estudios sectoriales y estadísticas. Las experiencias de los ciudadanos ofrecen un amplio menú de “patologías” que desnudan la injusticia rampante en la sociedad colombiana. Para la muestra tres ejemplos:
En el primero, frente a denuncia interpuesta por un ciudadano de un hurto en su domicilio, un mes después recibe una comunicación de la Fiscalía Seccional informándole que se cierra el caso por falta de elementos para su esclarecimiento. Lo anterior, sin que esa institución entrevistara al denunciante, visitara el lugar de ocurrencia o indagara entre los involucrados. Solo siete de cada 100 hurtos denunciados en 2021 fueron resueltos.
El segundo corresponde a las dilaciones y barreras que son impuestas por operadores judiciales. Jueces que tienen que decidir entre administrar justicia o administrar despachos judiciales, en el marco de la exigencia del uso de nuevas herramientas tecnológicas, sin las dotaciones ni destrezas necesarias para esto.
Otras noticias: Claudia López considera el Coliseo Live un riesgo tras concierto de Harry Styles
El tercero y último, el más grave, fue el de una mujer embarazada de gemelos, violentada por su pareja, causándole la muerte a uno de sus bebes y el nacimiento prematuro del otro. 15 días después de haber instaurado la denuncia no se había asignado fiscal, medidas de protección, ni iniciado la persecución del agresor. Solo 27 de cada 100 homicidios conocidos en 2021 fueron esclarecidos.
Vale la pena indicar que de no ser por la intervención de una firma de abogados que apadrinó sin costo a la víctima para impulsar el caso, ella y su hijo sobreviviente estarían más cerca de ser revictimizados, con la impunidad y sufrir riesgo de muerte. Una justicia privatizada que solo se moviliza por la intervención de un tercero.
El problema no se circunscribe a las barreras de acceso, a la debilidad de las capacidades técnicas, humanas y operativas, la falta de políticas, estrategias y planes sectoriales e institucionales atados a metas. También a una creciente desconexión de los operadores judiciales con la realidad económica y social del país.
Los órganos de justicia, atrapados en teorías y distantes de la realidad, amplían las oportunidades y garantías de quienes desconocen la ley por cuenta de interpretaciones normativas descontextualizadas, mientras los ciudadanos quedan desprotegidos frente a la ley y su vulnerabilidad aumenta.
Prueba de eso es la reciente decisión de la Corte Constitucional que limita el aprovechamiento preventivo de instrumentos tecnológicos para protección y vigilancia, en una sociedad urgida de herramientas para neutralizar oportunamente el crecimiento del delito, el crimen y las incivilidades.
Ni hablar del Ministerio de Justicia que impulsa la superposición de acciones restaurativas sobre los códigos, bajo la premisa de que la aplicación de la ley no ha dado resultado. Subordinar las normas a la conveniencia de quienes las violan y desvalorizar la voluntad ciudadana de someterse a estas.
O de la fallida administración penitenciaria y carcelaria, que es gestionada dejando abierta de par en par la salida de emergencia de la excarcelación permanentemente.
El impacto de la falta de justicia en el caos social imperante es innegable. Proyectar la nación hacia un futuro confiable exige del imperio de la ley. Para lograrlo, la sociedad y la rama judicial deben definir con urgencia un plan con metas concretas y verificables que garantice que Colombia escape de la trampa de la injusticia.