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23 Mar 2022 - 12:00 a. m.

Opinión: No te quieren Bogotá

Los desmanes de la protesta, la renuncia al control del espacio público y el debilitamiento del amor propio por la ciudad causan pérdidas considerables de mobiliario urbano en Bogotá, así como del bienestar individual de los ciudadanos.

César Andrés Restrepo Florez

Aproximadamente 28.000 millones de pesos gastó el Distrito para reparar el inmobiliario público durante el 2021.
Aproximadamente 28.000 millones de pesos gastó el Distrito para reparar el inmobiliario público durante el 2021.
Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

El regreso a la normalidad pospandemia significó numerosos retos para las autoridades y la ciudadanía. Además del debilitamiento del tejido social y económico evidente para todos, también se ha deteriorado aceleradamente el espacio público, con un efecto profundo en los bienes dispuestos para brindar mayor disfrute e impulsar la productividad de los ciudadanos.

El pasado mes de febrero, el concejal Andrés Onzaga (Partido Alianza Verde) estimó el costo del hurto de al menos 45.000 componentes de mobiliario urbano en Bogotá en aproximadamente 28.000 millones de pesos durante el 2021. Dicho costo se relacionaba con el hurto y la destrucción de 9.736 cestas de basura, 6.917 tapas de alcantarilla, 1.612 luminarias, 24.000 medidores de servicios públicos, 3.000 señales informativas y 461 maletines viales, entre otros.

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El semestre anterior, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá tasó en 1.200 millones de pesos los daños a la infraestructura de paraderos de buses y señales de tránsito e información. La observación del periodo entre febrero y diciembre de 2021 índica que los registros de señales de tránsito reportadas como robadas alcanzaron 2.246 eventos.

De acuerdo con información recolectada por Transmilenio, en 2021 las localidades con mayor número de eventos de vandalismo y hurto contra mobiliario urbano fueron Kennedy (492), Engativá (284), Suba (248) y Bosa (219). Asimismo, las localidades con mayor proporción de bienes públicos destruidos fueron Puente Aranda (54%), Los Mártires (48%), Tunjuelito y Usme (44%).

Lastimosamente estos registros estadísticos no son el resultado exclusivo de la nueva normalidad o de la destrucción ejercida por la primera línea. También están asociados al creciente mercado ilícito de materiales que, relacionado con el reciclaje, el comercio de chatarra y los patios de reducidores, constituyen un factor de riesgo e inestabilidad para la ciudad. Canecas y paraderos en acero inoxidable y otros materiales como el polietileno son verdaderos cheques al portador en nuestras calles.

La concentración geográfica de la destrucción y hurto de mobiliarios urbanos permite identificar asuntos clave sobre este fenómeno. El primero es que las localidades más impactadas por este fenómeno son territorios con entornos socialmente vulnerables, en donde el deterioro del espacio público aumenta el poder de delincuentes y mafias locales para consolidar su presencia territorial.

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Las restricciones al uso del espacio público, así como la proliferación de basuras, obstáculos físicos y la desconexión con la dinámica urbana son dinamizadores del control ilegal del territorio.

El segundo, la consolidación de una estirpe delincuencial que articula actores lícitos e ilícitos para el saqueo a la ciudad, extendiendo su tentáculo a la dotación de bandas de primera línea, que les sirven de fuerza de control territorial y apoyo para la destrucción, reducción y comercialización de los bienes urbanos.

Finalmente, la existencia de áreas urbanas dedicadas al manejo de materiales reciclados o chatarra proveniente de la destrucción de mobiliario urbano, que se han convertido en puntos de articulación con otros comportamientos y organizaciones delincuenciales.

Esta práctica es el resultado de desconocer el costo que representa la destrucción del mobiliario urbano para el bolsillo, propiedades, bienestar y productividad de los ciudadanos. Asimismo, de la incomprensión de los factores criminales subyacentes y la falta de sentido de pertenencia por la ciudad. Un escenario que se vuelve crítico cuando las autoridades son indolentes frente al desorden urbano y urbanístico.

Frente a este grave problema que impacta las finanzas, la productividad, la confianza y la seguridad, acabando con el atractivo y competitividad de la ciudad, es necesario actuar en varios frentes.

Con base en la información georreferenciada de eventos registrados y la localización de actores clave para la cadena de reducción y comercialización de materiales, se deben identificar y judicializar los actores y bienes involucrados en el robo y destrucción de bienes urbanos.

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Asimismo, poner en marcha una estrategia informativa sobre los costos mensuales que tiene para los bogotanos el robo y la destrucción del mobiliario, considerando la pérdida de valor de los entornos y el riesgo en seguridad que esto representa para sus habitantes. También el deterioro de la funcionalidad de la ciudad y la pérdida de productividad cotidiana.

Finalmente impulsar la identificación de materiales alternativos. Si autoridades civiles y policiales se declaran derrotadas por las mafias de reducidores, la ciudad debe contar con alternativas de bienes urbanos que no representen un incentivo monetario para la destrucción y el crimen.

La destrucción y violencia de los vándalos y criminales, sumada a la indolencia o el temor de ciudadanos aumentan el deterioro en el espacio urbano de la ciudad. Como se ven hoy las cosas: No te quieren Bogotá.

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