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Podrán el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y su secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, salir en videos, conceder entrevistas y hablar ante las cámaras y los micrófonos de los medios de comunicación para calificar lo ocurrido en el estadio El Campín durante el partido entre América de Cali e Independiente Santa Fe como un acto reprochable; podrán decir que quienes protagonizaron los desmanes “no son hinchas, sino delincuentes disfrazados de hinchas”; podrán anunciar investigaciones y asegurar que se dará con el paradero de los responsables.
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Podrán decir, en fin, todo aquello que suelen decir los funcionarios cuando los hechos ya ocurrieron.
Pero ningún discurso, por contundente o políticamente conveniente que parezca, puede ocultar una realidad cada vez más evidente: en materia de seguridad alrededor y dentro del estadio El Campín existe una preocupante falta de prevención, control y autoridad por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizarla.
Lo ocurrido no puede presentarse como un hecho aislado, imprevisible o completamente ajeno a las responsabilidades de la administración distrital. Los episodios de violencia, intimidación y desorden que se registran alrededor de los partidos de Santa Fe y Millonarios no son nuevos. Por el contrario, se han convertido en una situación recurrente que los habitantes del sector conocen perfectamente y que, partido tras partido, padecen en carne propia.
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Dentro del estadio, además, existe una responsabilidad que tampoco puede seguir diluyéndose entre comunicados oficiales y declaraciones de indignación. Una empresa privada está encargada de la vigilancia y del control de ingreso de los espectadores, precisamente para impedir que entren pólvora, armas, licor, drogas y otros elementos prohibidos.
Sin embargo, la realidad demuestra que esos controles están fallando de manera escandalosa.
Si estos elementos continúan ingresando al estadio, la pregunta es inevitable: ¿quién está controlando realmente las puertas de El Campín? ¿Quién está verificando que la empresa contratista cumpla con las obligaciones por las cuales recibe un pago? ¿Qué controles ejerce el IDRD sobre ese contrato? ¿Qué supervisión realiza la Secretaría de Gobierno?
Porque no basta con contratar seguridad: hay que garantizar que esa seguridad funcione.
Y la responsabilidad tampoco termina en las puertas del estadio.
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Los alrededores de El Campín se convierten, con demasiada frecuencia, en escenarios de temor para quienes viven allí. Las calles y vías de estos barrios terminan sometidas al comportamiento de grupos de hinchas que, en medio de enfrentamientos, consumo de alcohol, vandalismo y violencia, alteran la tranquilidad de miles de ciudadanos.
Hay residentes que, sencillamente, deben encerrarse en sus casas y apartamentos durante los partidos para evitar convertirse en víctimas de una situación que no provocaron y de la que tampoco tienen responsabilidad alguna. Eso no puede ser normal en Bogotá.
Lo verdaderamente preocupante es que, frente a una problemática que se repite, las autoridades parecen actuar como si cada episodio de violencia las tomara por sorpresa. ¿Qué han hecho de manera efectiva la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de Gobierno, el IDRD y la propia Alcaldía para impedir que estos hechos se repitan?
La respuesta es muy sencilla: nada, porque es más cómodo esperar a que algo malo ocurra para luego salir a dar excusas, fingiendo sorpresa e indignación.
La respuesta parece reducirse a lo de siempre: anuncios, operativos, promesas, cámaras, detectores de metales, refuerzos policiales y declaraciones contundentes después de que ocurren los hechos. Es decir, prevención en el discurso y reacción cuando ya es demasiado tarde.
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De poco sirven los anuncios sobre la instalación de máquinas detectoras de metales o el incremento de la presencia policial si, al final, las barras bravas continúan ingresando elementos prohibidos, protagonizando enfrentamientos y convirtiendo el estadio y sus alrededores en territorios donde parece imponerse la ley del más fuerte.
La ciudadanía necesita mucho más que indignación oficial después de cada incidente. Necesita resultados.
Estoy de acuerdo con que se establezcan responsabilidades para los equipos de Bogotá por el comportamiento de sus hinchas dentro y fuera del estadio cuando corresponda. Pero esa responsabilidad no puede convertirse en una cortina de humo para esconder las obligaciones de otros actores.
También debe responder la empresa contratista encargada de la seguridad. Si se le paga una suma importante de dinero por prestar un servicio, no puede limitarse a pasar de agache cada vez que los controles fracasan. Si hubo fallas en los procedimientos de ingreso, en la vigilancia o en la detección de elementos prohibidos, esas fallas deben investigarse y establecerse las responsabilidades contractuales correspondientes.
Y, por supuesto, también deben responder los funcionarios públicos responsables de la seguridad del escenario y de su entorno.
Porque cuando un problema se repite partido tras partido, deja de ser un problema de orden público ocasional y empieza a convertirse en un problema de gestión.
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Por eso, el secretario de Seguridad, el secretario de Gobierno, el director del IDRD y el alcalde Carlos Fernando Galán tienen que responderle a la ciudad. No solamente por lo ocurrido en esta ocasión, sino por qué se ha hecho para evitar que vuelva a ocurrir y por qué las medidas anunciadas en ocasiones anteriores aparentemente no han producido los resultados esperados.
La ciudadanía no necesita que los funcionarios descubran la violencia después de que aparece en los videos de las redes sociales. Necesita que la autoridad se anticipe a ella.
Tampoco necesita funcionarios sorprendidos e indignados cada vez que ocurre un enfrentamiento. Necesita instituciones capaces de prevenirlo, controlarlo y sancionarlo.
Porque gobernar no consiste en salir a condenar los hechos después de que suceden.
Gobernar también significa asumir la responsabilidad por aquello que pudo prevenirse y no se previno.
El Campín y sus alrededores no pueden seguir siendo un territorio de excepción cada vez que hay un partido de fútbol. Los habitantes del sector tienen derecho a vivir tranquilos, los asistentes al estadio tienen derecho a disfrutar de un espectáculo seguro y la ciudad tiene derecho a exigir que quienes reciben recursos públicos o ejercen funciones de autoridad cumplan efectivamente con sus obligaciones.
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Ya no bastan los discursos. Bogotá necesita menos declaraciones de indignación y más resultados; menos anuncios y más controles; menos excusas y más responsabilidades.
Lo ocurrido en El Campín debe servir, por lo menos, para que la Administración Distrital deje de reaccionar ante los hechos y empiece, de una vez por todas, a prevenirlos.
