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Es falso que los petristas son los protectores del ambiente. Se ha llegado al absurdo de señalar a quién no sea petrista como depredador y, no demoran, en llamarlos “fascistas”.
Esta disyuntiva entre defensores y no defensores del ambiente es una narrativa mentirosa y abusiva; así como la apropiación de la defensa ambiental que lejos está de agotarse con la manifestación reiterada de discursos sin la menor rigurosidad técnica y jurídica.
Lo más fácil pero perverso e ineficaz en materia de gestión pública es, precisamente, no hacer nada. Dedicarse a hablar y advertir sin ejecutar medidas soportadas que verdaderamente impulsen el “desarrollo sostenible” sino orientados a paralizar, paradójicamente, el desarrollo, es evidencia de la pobreza conceptual y de la incapacidad de gestión de quienes así actúan.
El Socialismo del Siglo XXI con el apellido de “Progresismo”, traje con el que se disfraza el viejo y fracasado comunismo a partir de la estrategia definida en el Foro de Sao Paulo bajo el liderazgo de Fidel Castro e Ignacio Lula Da Silva, es el creador de esa falaz narrativa que no pocos incautos acogieron en los últimos 30 años en el continente americano y que Colombia padece hoy gracias al gobierno de Gustavo Petro.
Bajo esta línea ideológica el Presidente Petro y su ministra de ambiente Susana Muhamad han actuado en contra de los bogotanos desde que fungieron respectivamente como alcalde mayor de Bogotá y secretaria distrital de ambiente. Lo que no fueron capaces de concebir y concretar como funcionarios distritales ahora desde la nación procuran obstaculizar lo que otros mandatarios y sus equipos sí lograron.
La mirada sesgada y errada respecto del contenido del régimen ambiental por parte del presidente y su ministra los ha convertido en los mayores y más directos enemigos del desarrollo sostenible de la Ciudad Capital. Pasan por alto la aplicación del Principio de Ponderación que en materia ambiental constituye una herramienta para la solución de conflictos entre la protección ambiental, los derechos sociales y fundamentales y el desarrollo económico (Prof. y ex magistrado Oscar D. Amaya)
La movilidad capitalina está sitiada por el presidente y su ministra gracias a sus intentos en unos casos y a la efectiva obstrucción de los permisos ambientales requeridos en otros. Así, se concretó la obstrucción al proyecto de continuidad de la Avenida Longitudinal de Occidente ALO hacia el norte; se sigue intentando interrumpir la construcción de la Primera Línea del Metro (PLM); tienen parado el proyecto para la ampliación de la caótica Autopista Norte; y, ahora, le llegó el turno al contrato para la extensión de la Av. Boyacá entre las calles 183 y 235, sobre el que se siguen haciendo intentos para interrumpir su ejecución, afectando con ello también el proyecto de planificación urbanística distrital más importante de los últimos tiempos: Lagos de Torca.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), máxima autoridad ambiental, previa solicitud distrital, entrega de los estudios exigidos, amplia participación ciudadana y la rigurosa sustentación requerida, expidió en debida forma la licencia ambiental que permite al Distrito Capital adelantar las obras en la Av. Boyacá entre las calles 183 y 235. Sin embargo, la ministra Muhamad, al carecer de competencias legales para desconocer o revocar la decisión de la CAR, sigue intentando por todos los medios interrumpir la ejecución de esas obras a partir de una falaz narrativa que se tradujo en una demanda de nulidad.
Será el H. Consejo de Estado quién en su oportunidad resolverá esta compleja controversia. Por lo pronto, el Alto Tribunal no decretó medida cautelar alguna -que no cabe claramente en este caso- y, por tanto, las obras podrán ejecutarse.
