La Alcaldesa Claudia López propuso la creación de un cuerpo de policía para Bogotá, con el fin de resolver el déficit de pie de fuerza que contribuye a que incivilidades, crimen y violencia se tornen incontrolables. Una necesidad desatendida por el Gobierno nacional desde antes de su elección.
Mientras Bogotá mantenga un pie de fuerza deficitario, las misiones y mandatos a cargo de la Policía serán cumplidos de manera incompleta. Para comprender el problema basta imaginar un equipo de futbol que juega un partido con seis jugadores y sin arquero.
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¿En qué consiste el déficit de policías de Bogotá? La seguridad de esta ciudad con 8 millones de habitantes es atendida por un cuerpo de hasta 17.000 policías. Esto representa una tasa de 210 policías por cada cien mil habitantes, 90 menos que la media global de 300 policías para ciudades.
Ese pésimo indicador se reduce aún más con la sustracción de personal dedicado a labores administrativas y logísticas, enfermos, incapacitados y sancionados. Más aún, cuando se comprende que el parte de personal resultante se divide en tres turnos por día.
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Realizando los cálculos anteriores y siendo austeros en el número de policías no disponibles, la tasa policial disminuye a 71 en cada turno de servicio. Una cuenta que empeora cuando hay que atender eventos especiales o hechos que demandan esfuerzos extraordinarios de seguridad. Una ciudad a merced del caos y la violencia.
La necesidad de resolver el estado de desprotección de la ciudad es la que conduce a la alcaldesa a proponer la creación de una policía local para apoyar a la Policía Nacional en la jurisdicción y enfrentar los delitos que “atormentan a diario a la ciudadanía”. Una iniciativa que encarna numerosos riesgos y desafíos.
La creación de una fuerza policial fuera de la estructura de la Policía Nacional pondría en medio del ecosistema estratégico de seguridad un cuerpo armado con organización, doctrina y cultura poco confiables. Esto potenciaría el riesgo de cooptación criminal, instrumentalización política y falla en el servicio de seguridad.
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Esto resultaría en una ciudad con más policías pero menos seguridad, dado que la división de responsabilidades aumenta la competencia por éxitos y la negación de fracasos. Además, mientras se alcanza la madurez del cuerpo y se logra su dotación, el Gobierno nacional relajaría sus esfuerzos con la disculpa de la jurisdicción local, en medio de un juego politiquero.
Responder a la necesidad de encontrar una fórmula efectiva, oportuna y confiable para sacar a la ciudad del estado de indefensión que impone el déficit de pie de fuerza tiene alternativas a una policía de la ciudad. En ese sentido, hay al menos 3 cursos de acción a tener en cuenta.
Uno de estos es la creación de un modelo de cofinanciación para ciudades con voluntad de inversión en pie de fuerza, que contemple la financiación durante el ciclo de vida del personal, con una cuota fija de policías del Gobierno nacional como contrapartida y adscripción a la Policía Nacional.
Esto para Bogotá sería en la práctica una inversión promedio anual de 450.000 millones para contar con 10.000 policías dedicados a la prevención y anticipación de los riesgos de ciudad, sumados a los 17.000 desplegados por la nación para reforzar la investigación criminal, inteligencia y los cuerpos operativos para desmantelar las estructuras de crimen.
Con una iniciativa de este tipo, Bogotá contribuiría al interés del Gobierno nacional de arrebatarle los jóvenes al crimen de una forma más beneficiosa para la sociedad: incluyéndolos en la institucionalidad para convertirlos en agentes de servicio bajo los estándares del profesionalismo policial y las obligaciones de la constitución y la ley.
Otra alternativa es un programa de reincorporación de exfuncionarios de la Fuerza Pública para atender las solicitudes de pie de fuerza de mandatarios locales. En este se ofrecerían contratos a término fijo que serían subvencionados por las alcaldías y gobernaciones.
Esta bolsa de empleo creada, administrada y dirigida por la Policía Nacional ampliaría la posibilidad de las entidades territoriales de aplicar a pie de fuerza adicional para atender sus necesidades específicas, se beneficiaría de la estructura administrativa policial para su desarrollo y garantizaría una debida diligencia en la contratación con base en criterios de servicio.
Además, aprovecharía la experiencia de los contratados aportando a la urgencia de respuestas rápidas a los desafíos de seguridad en las ciudades y frenaría una fuente potencial de reclutamiento para los criminales.
Una tercera alternativa es la creación de un cuerpo civil de apoyo a la ciudadanía, encargado de la coordinación de políticas de prevención, el reconocimiento de espacios de riesgo en la ciudad y la respuesta a emergencias y desastres, liberando a la Policía Nacional de la pesada carga del Código de convivencia y seguridad ciudadana.
Una organización no policial, bajo coordinación y comando de la Policía Nacional, estructurada bajo doctrina y normas específicas dirigidas a eliminar el riesgo de ser instrumentalizadas por el crimen, diseñadas y equipadas para el riesgo de seguridad local definido por la Policía Nacional.
Cualquier propuesta seria de un candidato a la Alcaldía Mayor debe incluir una estrategia para resolver el déficit de pie de fuerza que incluya la creación del marco normativo para hacerlo y un plan operativo que le permita incorporar al menos 8.000 policías adicionales hasta el final de su mandato.