Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Gobierno Nacional expidió el decreto 2016 de noviembre 22 de 2023 que procura eliminar el flagelo del abigeato (robo de ganado), el sacrificio de animales en potreros que no tiene ningún control y bajar el precio de la carne al reducirse los costos de traslado. Esta medida es más demagógica que seria, rigurosa y necesaria.
Podría interesarle: Opinión: Las implicaciones de parar el San Juan de Dios en Bogotá
La norma reglamentaria expedida modifica parcialmente el decreto 1500 de 2007, mediante el cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados, destinados para el consumo humano; y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación en el país.
Las razones que dieron lugar a la expedición de la normativa sanitaria de 2007 obedecieron a la necesidad de garantizar la calidad de estos productos alimenticios, con el fin de proteger la salud humana y prevenir posibles daños a la misma, y permitir que el país pudiera armonizarse con las directrices internacionales y modernizar el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de acuerdo con los esquemas de los sistemas sanitarios en el mundo, para facilitar los procesos de equivalencias estipulados en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La autoridad sanitaria encargada de hacer cumplir lo prescrito en el decreto 1500 de 2007 y sus posteriores modificaciones, es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la que en 15 años de vigencia de la norma se ha asegurado de que los colombianos consumamos al día de hoy a lo largo y ancho del país, productos cárnicos de óptima calidad y que Colombia sea país exportador de estos.
La realidad existente al momento de la expedición y entrada en vigor del decreto 1500 hace 15 años no era otra a que los establecimientos dedicados al beneficio de animales, desposte, desprese y procesamiento de los derivados cárnicos, conocidos como mataderos municipales, no cumplían con las mínimas exigencias sanitarias, como tampoco con las ambientales y del uso del suelo.
Lea también: Opinión: Presupuestos participativos y el desbalance entre proyectos y necesidades
La entrada en funcionamiento en 2007 del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de esos productos fue tortuosamente difícil y compleja porque chocaba con unas consuetudinarias prácticas ilegales, al punto que hasta el matadero de la capital del país administrado por la EDIS no cumplía con las mínimas exigencias distritales, el cual, por lo mismo, debió cerrar sus puertas el 31 de mayo de 1993 como las de muchísimos mataderos municipales del país.
El recientemente expedido decreto 2016 se concentra en municipios menores, permitiendo el establecimiento de plantas de beneficio animal, categoría autoconsumo y plantas especiales de beneficio de aves de corral, para lo que se prescribe una peligrosísima relajación de las exigencias que pondrá en inminente riesgo la salud de quienes consuman los productos cárnicos que allí se produzcan.
Además de los propios que ambientalmente se producirán en perjuicio de los pobladores y los recursos naturales cercanos a estos establecimientos (mataderos) que pueden entrar a operar nuevamente en condiciones sanitarias mínimas inaceptables.
Leer: Opinión: Seguridad: “uno para todos, todos para uno”
De los 490 establecimientos que se inscribieron en el plan de racionalización con ocasión de la entrada en vigor de la normativa de 2007, solo 229 lograron cumplir con aquellas y funcionan a la fecha debidamente, pero con la norma expedida por el Gobierno actual se abre un boquete gigante que permite que esos 261 establecimientos que no cumplen puedan hoy entrar a funcionar en condiciones altamente riesgosas para la salud humana.
La disminución que producirá la normativa expedida por el presidente Petro, el ministro Jaramillo y otros, no será en el precio de la carne, sino en las condiciones sanitarias de los cárnicos. Lo de contrarrestar el abigeato y el sacrificio en potreros sin control es pura demagogia. Nos devolvimos 15 años en la materia, retraso que nos demoraremos otros 30 para recuperar lo avanzado.
