El Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, en asociación con EKO RED, llevó a cabo el Foro Nacional de Aprovechamiento. Intervine como panelista en la discusión de las “Perspectivas institucionales frente a las reformas y normatividad vigente”. Gracias a la mayoritaria asistencia de representantes de los recicladores en el auditorio en el que se cumplió el foro, pudo advertirse que lo hecho en casi dos décadas, lejos está de lograr que esta población supere la marginalidad.
Mediante Autos 268 de 2010 y 275 de 2011, la Corte declaró el incumplimiento de las órdenes constitucionales por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Desde entonces, se definieron metas y estrategias para lograr la debida y real protección de la población recicladora en estado de vulnerabilidad, las cuales fueron avaladas por el Alto Tribunal, quién ordenó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) hacer el respectivo seguimiento y verificar su cumplimiento, presentando informes que reflejen lo propio.
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Pareciera que todas estas acciones se han venido desvaneciendo en la nebulosa de la burocracia, llena de informes inertes y resultados inanes, mientras las condiciones en las que la población recicladora de oficio en estado de vulnerabilidad siguen siendo las mismas y hasta peores.
Cualquiera puede observar en las calles de la Ciudad Capital la realidad. Hay alertas en el sentido que se están beneficiando otros que no están en estado de vulnerabilidad y que, por tanto, no se hallan cobijados por la protección otorgada por parte de la Corte Constitucional.
Además de estas alertas que ponen en evidencia la indebida aplicación de recursos del erario y otros que provienen de las tarifas que pagan los usuarios del servicio de aseo, es necesario destacar que las acciones definidas han fracasado porque todas ellas se han concentrado en cargarle las soluciones en favor de los recicladores en estado de vulnerabilidad a la prestación y a los costos del servicio de aseo, cuando si bien es cierto este tiene una significativa, pero parcial participación en la obtención de soluciones, está lejos de poder contribuir a obtener resultados que tengan como efecto la superación de la marginalidad propuesta.
Las mayores cargas tarifarias impuestas a los usuarios del servicio de aseo por cuenta del aprovechamiento en beneficio de los y las recicladoras, y el ataque a la existencia de rellenos sanitarios, no han logrado resultado significativo alguno en favor de los recicladores objeto de protección.
En gracia de discusión, si desaparecieran los rellenos sanitarios y los únicos que prestaran el servicio fueran los recicladores, ello no hará que mágicamente desaparezcan los residuos no aprovechables —basuras—. Con esta política y narrativa erradas se ha logrado mantener en la pasividad a la población recicladora, generándoles unas expectativas incumplibles, por lo menos responsablemente.
La creciente población recicladora en estado de vulnerabilidad requiere de reales y efectivas acciones afirmativas, que claramente deben darse comprendiendo que el escenario en que deben producirse son mucho mayores al escaso ámbito del servicio de aseo. La gestión integral de los residuos como política ambiental —denominada ahora Basura Cero— desborda de lejos el alcance de dicho servicio público.
Así mismo, la posibilidad de obtener resultados esperados respecto de los recicladores de oficio en estado de vulnerabilidad no se logrará hasta tanto se reconozca que la solución involucra mayores y más amplios esfuerzos que generen diversos escenarios en la economía en los que esta población vulnerable pueda desempeñarse. Algunos cabrán en el ámbito de la gestión de residuos, incluido el servicio de aseo, pero una gran mayoría no y hay que abriles espacios en otros. Hasta ahora, demagogia y oportunismo.
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