He advertido sobre los gruesos yerros cometidos por quienes han dirigido la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) durante las últimas administraciones distritales, en lo que refiere al aseguramiento de la prestación del servicio de aseo en la Ciudad Capital.
Lea: Aplazan audiencia para definir pleito billonario entre CGR y UAESP, por Doña Juana.
La errada gestión pública en la materia, ha generado consecuencias notoriamente visibles en las calles de Bogotá; sin embargo, la más importante de ellas y que los bogotanos no pueden advertir fácilmente, tiene que ver con el Relleno Sanitario Doña Juana, único vertedero de residuos -basuras- con que cuenta la capital de los colombianos.
El Relleno Sanitario Doña Juana es operado en concesión desde 2010 por la empresa Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) Doña Juana S.A. E.S.P. En el vertedero se disponen diariamente un promedio de 6.326 ton/día de residuos -basuras-.
Está por conocerse el laudo arbitral que emitirá un tribunal de arbitramento convocado para dirimir un billonario pleito contractual entre la Uaesp y el concesionario, quienes de mutuo acuerdo y conforme a las reglas transparentes del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá designaron a los árbitros Alberto Yepes Barreiro, Rodrigo Antonio Durán Bustos y Luis De Brigard Caro; quienes, a su vez, designaron como secretario del tribunal a Antonio Pabón Santander. Todos, juristas con el mayor reconocimiento, experiencia y rigor profesional, necesario para resolver un litigio de esta magnitud.
Lea también: Habrá cortes de agua en Semana Santa para siete localidades de Bogotá.
Los árbitros no discutirán sobre la conveniencia o inconveniencia de una condena en favor o en contra de cualquiera de las partes. Tampoco, si ellas han tenido o tendrán otros pleitos entre sí. Mucho menos, si el concesionario tiene otros pleitos con terceros o, incluso, internamente. Nada de eso hace parte del contenido de un tribunal de arbitramento de esta naturaleza. Algunos opinadores y periodistas, curiosamente, al parecer en un gesto extraño por terciar en un asunto estrictamente judicial y de especial experticia, han sido irrespetuosos con la Justicia.
Los árbitros se centrarán en analizar en derecho los argumentos de las partes y en valorar las pruebas allegadas al proceso. Así, definirán si las pretensiones de CGR tienen asidero y se hallan probadas o si las excepciones de la UAESP son las que lo están. La decisión por adoptarse en días se halla en manos de un panel arbitral de lujo. Dos de los árbitros, Yepes y Durán, fueron escogidos por las partes de mutuo acuerdo durante la administración de Peñalosa y el tercero, De Brigard, durante la actual administración de Claudia López.
Puede interesarle: Procuraduría investiga a empleado de Transmilenio por denuncias de acoso sexual.
En breve, sabremos cuáles efectos jurídicos y económicos tendrá el hecho de que la planta de tratamiento de lixiviados encontrada en el relleno sanitario en 2010 por el concesionario parece no corresponder a las condiciones que señalaban los términos de la licitación; también, los propios de las demoras y el desconocimiento del pago debido y pactado como remuneración del contratista; así como los efectos de que los recursos previstos a la luz del contrato resultaron abismalmente insuficientes para atender debidamente el servicio esperado.
Un serio, riguroso y robusto dictamen pericial emitido por Andrés Escobar Arango, parece jugar en contra de la Uaesp. Escobar Arango, reconocido economista de la Universidad de los Andes, se desempeña como miembro de la Junta Directiva del Grupo Energía de Bogotá (GEB), en la que funge como su presidente, entre otras importantes responsabilidades asumidas en su exitosa vida profesional. Por ello, mucho me temo que las noticias judiciales para el erario distrital no serán las mejores.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.