Bogotá y Cundinamarca son entes simbióticos, de cuya coordinación, integración y sincronización dependen el bienestar, los derechos y las libertades de más de 11 millones de ciudadanos, además del 30% de la fuerza económica que mueve el país.
De acuerdo con el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Cundinamarca, en el primer semestre de 2023, el 71% de los delitos de alto impacto ocurrieron en las provincias de Soacha, Sabana Occidente y Sabana Centro, siendo hurto a personas, lesiones personales y violencia intrafamiliar los de mayores registros.
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Según el “Sondeo de Percepción y Victimización de Seguridad Municipal”, realizado por el observatorio en el segundo trimestre de 2023, el 82% de los encuestados consideraron que la seguridad no ha mejorado, con una concentración alta en veredas y barrios.
Percepción causada por una mayor incidencia de hurtos, secuestros y piratería terrestre, un ambiente en el que extorsión, amenazas y ciberdelitos disparan la desconfianza. Asimismo, por la inseguridad que genera en los ciudadanos el consumo de drogas y la desocupación.
Con ese panorama, sorprende que tan solo 3 de las 8 propuestas para gobernar el departamento hagan una evaluación de los factores desencadenantes de inseguridad e instabilidad en la región.
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Eso explica que la gran mayoría de promesas definan su visión de seguridad bajo una etiqueta de “Seguridad Humana”, un concepto incluido por el gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, carente de significante y proyección, como lo demuestran el deterioro de la seguridad nacional y el fortalecimiento de riesgos y amenazas en los últimos meses.
Solo 2 campañas proponen una visión de seguridad integral que incluye justicia, convivencia, atención de emergencias, mejoramiento de entornos y servicios, como parte de la acción de gobierno.
Tres temas demuestran la debilidad de la promesa de seguridad de los candidatos en relación con las amenazas y riesgos que enfrentan Cundinamarca y sus provincias.
El primero es el refuerzo de pie de fuerza y capital humano para la seguridad. En todos los casos, el tratamiento de este asunto es inadecuado, ya que parte de supuestos falsos de disponibilidad de pie de fuerza o voluntad del Gobierno nacional de asignarlos.
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Grave problema, más aún cuando los cundinamarqueses consideran que al menos 5 de 14 acciones para mejorar la seguridad se relacionan con ampliar el despliegue y cobertura policial, asunto en el que fracasarán todos los candidatos mientras no entiendan que la solución debe partir de ellos y no del Gobierno nacional.
El segundo es la apuesta por la atención de los desafíos de seguridad mediante el uso de herramientas tecnológicas. Todos los candidatos en mayor o menor medida prometen cámaras, drones, canales de atención y despacho, sistemas de información y análisis de datos.
Una apuesta con inmensa probabilidad de fracaso en un departamento con 17.5% de cobertura de banda ancha y entidades locales caracterizadas por su debilidad financiera e institucional, sin herramientas para la estructuración de información y sin capacidades operativas para dar respuesta local al llamado de los ciudadanos.
El tercero es el abordaje del control territorial. En este frente se propone la aplicación de la Paz total, el desarrollo económico y social del departamento, la cooperación internacional, entre otros.
Iniciativas de mediano y largo plazo que demuestran el poco entendimiento de los factores que amenazan la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de la región. Garantía de la consolidación de espacios territoriales para los violentos y el crimen. Una oportunidad de oro para el terrorista alias “Mordisco”.
En control territorial, solo un candidato parece comprender la gravedad del asunto, dado que integra la participación de las FFMM en su visión de ocupación territorial, como factor determinante de prevención y disuasión.
Ningún candidato a la gobernación de Cundinamarca logra estructurar una visión regional ni provincial sobre seguridad y estabilidad para los próximos 4 años, convirtiendo a su promesa de seguridad en un compendio de ejecutorias carentes de rumbo frente a un estado final deseado claro.
Una condición que debilita la gobernabilidad regional-local y aumenta el riesgo de vulneración de derechos y libertades de los ciudadanos, convirtiéndose en un lastre para la reconstrucción de la seguridad de Bogotá y la región.
Los mandatarios de Cundinamarca y Bogotá deben comprender que tienen la necesidad de crear una visión común e integral de la seguridad regional si quieren superar con éxito una seguridad nacional en trayectoria de colisión, gestionada por un Gobierno nacional que parece petrificado.
Una visión regional que les ofrezca capacidad de exigir acciones y respuestas del gobierno nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad regional, convirtiendo a la región en una voz determinante de los asuntos más importantes de la agenda nacional.
Para esto, tienen en la Región Metropolitana un espacio con potencial para crear un dialogo colectivo y una hoja de ruta compartida.
No actuar en ese sentido desde el momento de su elección, pondrá en riesgo su obra de gobierno, el proyecto de vida de sus ciudadanos, incluso la estabilidad del país.