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Los términos seguridad social, protección social y seguro social suelen utilizarse como sinónimos, aunque presentan diferencias en su alcance, enfoque, mecanismos de financiación y formas de implementación.
La seguridad social alude a sistemas públicos destinados a proteger a la población frente a la pérdida de ingresos causada por enfermedad, desempleo, discapacidad, vejez o muerte. Es la garantía que la sociedad otorga a sus miembros contra privaciones económicas y sociales que afectan su bienestar mediante pensiones, seguros de desempleo, seguros de salud, subsidios de maternidad, entre otros.
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Buscan la cobertura universal, aunque en algunos países suele limitarse a los trabajadores formales. Su financiación es generalmente mixta con aportes de empleadores y trabajadores complementados con impuestos generales. Se sustentan en leyes nacionales y tratados internacionales implementados a través de políticas públicas. La seguridad social es dinámica, se adapta a cambios sociales y económicos, y constituye un pilar esencial en la protección del bienestar colectivo.
La protección social es un concepto más amplio en beneficios, pero más limitado en población objetivo. Orientada a combatir la pobreza y la vulnerabilidad social y económica con programas de asistencia como transferencias monetarias, subsidios alimentarios, de vivienda, transporte o educación. Puede ser manejada por el Estado, ONGs o el sector privado, y los beneficiarios pueden o no contribuir para acceder a ella. En Bogotá es posible ver todas estas formas de operación.
Generalmente los programas de protección social se focalizan hacia grupos vulnerables y tienden a ser temporales mientras las personas superan su condición. Se asocian al concepto de Estado de bienestar en el cual este asume un rol activo en garantizar ingresos mínimos, acceso a salud, educación, vivienda y nutrición a grupos rezagados buscando reducir desigualdades y mejorar su calidad de vida.
El seguro social es una herramienta institucional de la seguridad social basado en la lógica del aseguramiento, financiado con aportes de trabajadores, empleadores y Estado para cubrir riesgos como vejez, desempleo, enfermedad, discapacidad o muerte. Sus beneficios suelen depender de las contribuciones realizadas y en ocasiones son proporcionales a ellas como en el caso de las pensiones.
Por lo general los seguros sociales son administrados por entidades públicas en cuyo control intervienen empleadores y trabajadores, aunque también puede hacerlo el sector privado bajo regulación estatal o incluso bajo lógicas de mercado con menor intervención pública.
En el mundo existen múltiples formas de estos sistemas, que varían según la proporción de participación estatal y privada. Con predominancia estatal está el inglés, donde el Estado controla y financia la mayoría de los servicios; el de mercado como en Estados Unidos, con fuerte presencia del sector privado y mínima intervención pública; y los modelos mixtos como en Chile o China, donde coexisten participación estatal y privada en distintos grados.
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En la práctica todos los sistemas actuales son mixtos, diferenciándose por el peso del Estado y del mercado en su operación. Esta diversidad muestra la complejidad del tema y la necesidad de comprenderlo en un marco amplio que reconozca sus dimensiones económicas, sociales y políticas. Per se no son buenos ni malos, su uso depende de múltiples circunstancias propias de cada país.
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