La alcaldesa Claudia López acusó a la Policía Nacional de estafar a la ciudad con la reasignación a regiones del país de al menos 1.500 efectivos, cuya formación fue financiada por la ciudad. Asimismo, expresó indignación por la falta de acción del Gobierno nacional para resolver el déficit de pie de fuerza de la ciudad capital.
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Este no es un problema nuevo para la ciudad. Bogotá enfrenta una carencia estructural de personal policial desde que el riesgo de terrorismo se volvió moderado y el Ejército Nacional disminuyó su actividad de ocupación del espacio urbano en apoyo a la vigilancia policial.
Para hacer frente a este problema, la alcaldesa acordó con el Gobierno Duque la asignación hasta el final de su mandato de 3.000 uniformados adicionales a los ya desplegados, a cambio de financiar la formación de bogotanos interesados en incorporarse a la vida policial para cubrir estas plazas
Todo acuerdo de voluntades está vigente hasta que una de las partes renuncia a dicha voluntad o desaparece del acuerdo. Como era de esperarse, la asignación de los 3.000 se cumplió mientras quienes lo suscribieron ejercieron el liderazgo.
A la llegada del nuevo Gobierno Nacional se evidenció que este era insostenible. Como lo manifesté en esta columna tras la primera reunión entre el Presidente Petro y la alcaldesa López: la ciudad enfrentará más riesgos de seguridad y menos capacidades para enfrentarlos.
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La alcaldesa tiene razón en poner el grito en el cielo, dado que la provisión de seguridad debe ser un asunto independiente de líderes y mandatos. Mucho más cuando esto le implica atender un contexto de seguridad deteriorado con un cuerpo de seguridad debilitado.
En lo que no tiene la razón, la alcaldesa es en llamar estafadora a la Policía Nacional. En la gestión práctica de la seguridad, el líder policial asigna las capacidades disponibles en relación con los desafíos que enfrenta. Si el país no estuviera en proceso de incendio general, tal vez la Policía no habría tenido que usar los 3.000 becados.
En ese sentido, desde la etapa de diseño, la alcaldesa fue alertada por su Secretaría de Seguridad sobre el carácter paliativo y no resolutivo del programa de becas, porque salían más policías del servicio de los que se incorporaban. Con cualquier desajuste de la seguridad nacional, los 3.000 desaparecerían.
Por otra parte, al tiempo que la alcaldesa presentó este programa con un interesante componente de inclusión social a través de la carrera policial, la mandataria señalaba a policías en servicio de quitarle los ojos a los ciudadanos o ser delincuentes. No sorprende que uno de los problemas serios que enfrentó el programa fue convocar interesados.
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Buscar los policías perdidos es llorar sobre la leche derramada. La ciudad debe diseñar y poner en vigencia una solución definitiva, sostenible y estructural al déficit de personal de seguridad pública. Bogotá necesita pasar de 194 policías por cien mil habitantes a por lo menos 300 —la media global—.
Esto requiere sumar un mínimo de 8.000 efectivos a los 15.000 que hoy aporta la nación. Cuota inicial de los 30.000 efectivos que exige la gestión de los riesgos de seguridad y convivencia en la red intermodal de transporte y la red logística ampliada de la ciudad región, o los que emanan de las ventajas que las asimetrías territoriales ofrecen a los criminales.
Consciente de esta necesidad, la alcaldesa indicó que ante la incapacidad nacional debería autorizarse la creación de policías locales. Una idea para considerar en Dinamarca, pero aún no en Cundinamarca. Los riesgos de cooptación política, criminal y antidemocrática de estos en el contexto de seguridad de Colombia son exponenciales.
Una sola línea de mando policial ofrece responsabilidades y liderazgos claramente identificables que representan un patrimonio democrático y fortalece la garantía de derechos y libertades.
Las fallas en el servicio policial del pasado no se resuelven con multiplicación de estructuras o relocalizaciones institucionales sin sentido. Un servicio óptimo, eficaz y democrático es el resultado de capacidades y pie de fuerza en proporción con los riesgos, un control interno vigoroso y una justicia penal eficiente —militar, policial y ordinaria—.
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En tal sentido, la mejor solución a este reto de gestión pública es crear un modelo de cofinanciación local de pie de fuerza policial, que permita a autoridades locales financiar efectivos policiales para disponerlos bajo el mando de la Policía Nacional en adición a una base obligatoria financiada por la nación.
Con este modelo, Bogotá podría sumar 10.000 efectivos, bajo el compromiso de que la nación mantenga los 15.000 que ha desplegado para acercar la ciudad al mínimo necesario de 25.000.
Esta sería una alternativa más confiable que la creación de cuerpos de policía local, contribuyendo a la seguridad pública territorial sin exponerla a su cooptación criminal, impulsando la generación de nuevas rutas e incentivos de incorporación y permitiendo desarrollar capacidades ajustadas a contextos y necesidades locales.
Aunque la alcaldesa López seguramente no podrá gozar de los resultados de una figura de este tipo, de lograr su materialización habrá impulsado la más reciente innovación de seguridad local sin poner en riesgo la democracia, los derechos ni las libertades.
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