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Si hay un capítulo que pasó inadvertido en la histórica sentencia para ‘salvar’ el río Bogotá fue el de la explotación de recursos naturales y minería. En este fallo, el Consejo de Estado recuerda que el Ministerio de Ambiente está en mora de presentar la nueva propuesta para redefinir cuáles son las zonas donde se puede realizar minería en la Sabana de Bogotá, e incluso señala que debe presentarla en seis meses.
El plazo que dio el Consejo de Estado se cumple el 14 de febrero de 2015, ya que aunque la sentencia del río Bogotá fue proferida en marzo de este año, sólo hasta agosto quedó en firme. Así que a propósito de la Cumbre del Clima que se desarrolla en Lima, Perú, la Alcaldía de Bogotá insistirá allí en su pedido al Gobierno nacional para que prohiba la minería en la capital, pues considera que es una de las medidas más claras para enfrentar el cambio climático.
Uno de los argumentos que destaca el alto tribunal en la sentencia sobre el río, y que reiteran quienes piensan que la Sabana de Bogotá debe protegerse de la extracción de sus recursos, es que esta zona hace parte de los sistemas montañosos de interés ecológico nacional. La denominación está consagrada en la Ley 99 de 1993, y “dispuso expresamente que la destinación prioritaria de la Sabana será para el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales”.
De hecho, el alto tribunal también dice que es indispensable mejorar la información geológica y ambiental que permita obtener criterios válidos para ordenar la actividad minera en la Sabana de Bogotá. “Sólo mediante este tipo de estudios, que permitan conocer la realidad geológica, físico-biótica, social y económica relacionada con la actividad minera, se podrán establecer y priorizar zonas que, tanto geológica como ambientalmente presenten una capacidad de acogida adecuada para adelantar la actividad minera”, señala el fallo.
Los impactos de la minería
Precisamente, una de las tantas implicaciones de la minería en la capital colombiana es que cerca del 80% de los procesos de deslizamientos corresponden con zonas que han sido afectadas por actividades extractivas, como recuerda la secretaria de Ambiente, Susana Muhamad. De hecho, en 2009 ocurrió un derrumbe que se llevó al barrio Villa Jacki (en un título de Holcim operado por la cementera Cemex), como consecuencia de la explotación minera bajo el suelo en el que está construido este sector.
Un dato que hace parte de los estudios que el Distrito ha hecho sobre el tema, y que ha presentado desde 2012 en diversos documentos de diagnóstico y análisis jurídicos al Ministerio de Ambiente, esperando que la entidad le dé una respuesta frente a su petición de cerrar el capítulo de la minería en la capital. Hasta el momento la entidad nacional ha guardado silencio.
Julio Fierro, geólogo y uno de los investigadores del libro ‘Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista’, advierte que el proceso de inestabilidad urbano más grande de Colombia está en Bogotá, en la zona Altos de la Estancia (al sur de la capital en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se ha realizado minería desde hace décadas). Allí se han producido deslizamientos, luego de los cuales el Distrito ha tenido que empezar programas de reubicación de los pobladores. “Esto significa una gestión muy costosa, de $300 mil millones (que salen de los contribuyentes bogotanos) así que se configura un pasivo ambiental”, agrega Fierro.
De hecho, el tema de los pasivos ambientales ha tenido poca difusión en el país, como lo señala el fallo sobre el río Bogotá del Consejo de Estado, que reitera la importancia de tener en cuenta este concepto. Éste se refiere a los impactos que generan el cierre inadecuado o el abandono de las actividades mineras y por ello el alto tribunal llama la atención para que los encargados de la cuenca del río tengan un listado detallado de los pasivos ambientales y soliciten a las autoridades judiciales las acciones sancionatorias necesarias.
Por otra parte, además de los derrumbes, otra consecuencia que ha dejado la minería en la ciudad ha sido el daño al río Tunjuelo, donde se ha hecho minería a gran escala. Allí hay tres títulos de Cemex, Holcim y la Fundación San Antonio (del Arzobispado de Bogotá). “En los años 50 se consideraba un acuífero estratégico que le iba a dar agua a los barrios del sur de Bogotá y de Soacha. Pero hoy está entre alterado y desaparecido”, dice el geólogo.
De acuerdo con un estudio que Fierro hizo para el propio Ministerio de Ambiente en 2011, el cauce del Tunjuelo fue modificado “corriéndolo, rectificándolo y en general considerándolo como un estorbo para la actividad minera. Los cambios de curso han sido hechos con y sin permisos, o los permisos se han logrado luego de que el cambio estaba hecho. El caso más reciente es el traslado, sin permiso, de uno de los afluentes principales del río en la zona minera: la quebrada Trompeta”.
Por el impacto a los acuíferos, la Secretaría de Ambiente como medida preventiva suspendió la actividad de Holcim y Cemex. En 2012, les negó la concesión de aguas subterráneas pero lo que le preocupa es que hay un título de Holcim en la Escuela de Artillería al que sólo le falta la licencia ambiental “y sería el próximo gran hueco del Tunjuelo”, explica Susana Muhamad.
Ahora que está próximo a cumplirse el plazo de seis meses que el Consejo de Estado le dio al Ministerio de Ambiente para decirles a los bogotanos dónde puede haber minería, tanto el Distrito como los ambientalistas están a la espera de una respuesta. Han pasado dos años y cuatro ministros diferentes ante los que ha insistido la administración sin respuesta alguna.
Se sabe que uno de los temores del Gobierno para aceptar que no haya minería en la ciudad es el impacto al precio de los materiales de construcción. Al respecto Muhamad aclara que desde 2010, cuando el Distrito suspendió la actividad de Cemex y Holcim preventivamente, se han traído a la capital materiales desde Tolima y Meta y que aunque en el último año subieron los costos, no ha habido restricciones legales adicionales a las que se les pueda atribuir este cambio.
Finalmente, el abogado experto en temas ambientales, Rodrigo Negrete, está convencido de que uno de los argumentos más importantes para proteger a la Sabana de la extracción de sus recursos es que la ley 99 de 1993 la consagró como un sistema montañoso de interés nacional. Una norma que también “dispuso expresamente que la destinación prioritaria de la Sabana de Bogotá será para el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales”, y que destaca el Consejo de Estado en la sentencia sobre el río Bogotá. “Estamos a la espera de esa decisión del ministerio, es urgente por temas de riesgo y adaptación al cambio climático”, concluye Negrete.