Bogotá

10 Nov 2014 - 1:52 p. m.

Pago a habitantes de calle que reciclen

El Espectador conoció la polémica decisión que aprobó el Distrito y por la que renunció Lucía del Pilar Bohórquez como directora de la Uaesp. Les cancelarán $87.900 por cada tonelada de material reciclado.

Natalia Herrera Durán

Hoy, cuando más de un bogotano está exaltado por la posibilidad de que desplazados por la violencia vivan en apartamentos de interés social en barrios estrato seis de la ciudad, se conoce otra decisión del alcalde Gustavo Petro, que ya algunos catalogan de provocadora: el Distrito le pagará al habitante de calle que recicle, la tarifa de aseo que hoy les reconoce a los recicladores de oficio: $87.900 por tonelada. Para hacerlo, se inscribirán en el Registro Único de Recicladores (Ruro), vigente desde 2013, solo con dos requisitos: radicar un formato de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y un escrito en el que declaren ser recicladores naturales.

La iniciativa, que conoció El Espectador, quedó en la resolución 523 de octubre de 2014 y la firma la nueva directora de la Uaesp, Ilva Nubia Herrera. El documento aclara que por las condiciones de marginalidad de los habitantes de calle no se les exigirá fotocopia de la cédula para inscribirlos en el Ruro. Si no la tienen, la Subdirección de Aprovechamiento de la Uaesp tendrá la responsabilidad de verificar su identidad en la calle o en las bases de datos de las secretarías distritales de Salud o de Integración Social.

En Bogotá hay 9.614 habitantes de calle, según el último censo que hizo en 2011 la Secretaría de Integración Social. De estos, los que reciclen y quieran permanecer en el nuevo programa de la Alcaldía tendrán que cumplir varios requisitos, similares a los que se les exigen a los recicladores de oficio. Por ejemplo, según la resolución, podrán perder este beneficio “si cometen prácticas ilícitas en el momento de pesar lo que reciclaron”.

En la práctica, esta advertencia tiene asidero en un hecho que el Distrito ya identificó y busca acabar: la existencia de bodegueros de material reciclado que ofrecen a los recicladores registrar en las planillas de la Uaesp más kilos de los recogidos, a cambio de que cuando les paguen, les den una tajada. Hay tres situaciones más por las que los habitantes de calle podrían perder el beneficio: si dejan de trabajar en el oficio, superan las condiciones de vulnerabilidad o si lo pide un reciclador de oficio.

Esta última condición, que les da un poder casi de veto a los recicladores sobre la permanencia de los habitantes de calle en este programa, fue catalogada de absurda por Nora Padilla, una de las más reconocidas líderes de los recicladores de la ciudad: “Pobres frenando a otros más pobres. El Distrito da un paso adelante y dos hacia atrás con ese punto. Los recicladores de oficio no somos los dueños de las canecas. El Distrito no debe poner en nuestras manos la suerte de un compañero que trabaja como nosotros”, dice Padilla, la misma que creció rebuscándose la vida escarbando canecas y bolsas de basura en los barrios de la ciudad, detrás del plástico, metal, cartón, papel y vidrio que otros botan como simples desechos.

Por eso sostiene que en 30 años de trabajo ha visto a decenas de habitantes de calle reciclar, yendo hasta 20 veces a una bodega en un día porque no tienen carretillas, sino un costal. Por eso se siente autorizada para aplaudir y criticar la decisión del Distrito: “Hay más de 180 organizaciones de recicladores en Bogotá y todas hemos luchado, por eso no podemos salir a discriminar a otros compañeros, porque si no, hemos hablado basura mucho tiempo”. Para Padilla, la diferencia entre ella y un habitante de calle está en que el último, por lo general, tiene serios problemas de drogadicción y que en Bogotá todos ganarían si el Distrito se compromete con su resocialización.

Según la Secretaría de Integración Social, el 58% por ciento de los habitantes de calle se dedican a la recolección de objetos de reciclaje, el 34% a mendigar, el 28% a algún tipo de servicio y el 10,7% a delinquir. De acuerdo con la resolución, si los habitantes de calle no pesan lo que reciclaron al menos una vez por semana, durante seis meses seguidos, serán suspendidos del registro que autoriza el pago de la tarifa de reciclaje. La sanción se levantaría si el habitante de calle cumple con este mínimo de pesaje tres meses seguidos. En Bogotá hay cerca de 1.400 bodegas de reciclaje, distribuidas en 19 localidades. De esas, 250 están autorizadas por la Uaesp para diligenciar los formatos de pago con los datos de los recicladores y lo que pesaron.

Con esas cifras, el Distrito les cancela cada dos meses la tarifa de aseo: $87.900 por cada tonelada recogida, la mitad de lo que se les paga a las empresas de aseo por este mismo concepto, tarifa que está incluida en el recibo de agua. Es decir, si una familia de recicladores trabaja todos los días del mes, el Distrito les reconocería casi $30.000 diarios. Eso valdría la jornada de recolección de entre 300 y 400 kilos de material reciclado, que es lo que cabe en una “zorrilla de mano”, como se conocen las carretillas en las que trabajan. Un pago adicional a lo que cada bodeguero les cancela a diario por el material recogido, y no supera los $80 o $100 por kilo.

Una renuncia

Esta resolución confirmó la versión de que la salida de Lucía del Pilar Bohórquez de la dirección de la Uaesp, hace tres meses, tuvo que ver con esta decisión del alcalde Gustavo Petro. El 31 de julio, Bohórquez renunció sin antesalas y se dijo que fue por motivos personales. Sin embargo, trascendió que salió porque no quiso firmar esta resolución, al cuestionar que la Uaesp asumiera la recuperación de los habitantes de calle, porque dista mucho de sus funciones.

Durante una reunión de la mesa interinstitucional para recuperar el Bronx, el 31 de julio, el alcalde Gustavo Petro leyó airado el artículo 13 de la Constitución Política, que señala que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades.

Desde abril el alcalde le venía señalando a Bohórquez que los habitantes de calle eran recicladores naturales y que el pago de ingresos por eso era vital para que esta población tuviera una opción diferente a la delincuencia, al robo y el rompimiento de vidrios, que finalmente impactara en la seguridad de la capital, en especial el centro, donde se intervino el Bronx.

Fue en ese contexto que Petro dio la orden para que a los habitantes de calle se les pagara con la tarifa del aseo lo que reciclaran. Orden que acató la nueva directora de la Uaesp y cuyo impacto en la ciudad es imposible de medir todavía.

 

* nherrera@elespectador.com / @Natal1aH

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