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El factor que motivó los múltiples intentos por salvar a Egobús y Coobús (operadores del SITP que debían poner a rodar buses azules en Fontibón, Perdomo y Suba centro) fue que en esas empresas se reunían alrededor de 3.000 pequeños propietarios, vinculados por décadas al transporte en la ciudad. Era evidente que el fin de ambas sociedades significaría un drama para cientos de familias cuyo sustento dependía de la circulación de sus buses. Pero los salvavidas fueron inútiles, las empresas no pudieron cumplir con las rutas que el Distrito les encomendó y la orden de liquidación fue emitida la semana pasada por la Superintendencia de Sociedades. Así, el futuro de esos propietarios, a quienes además les adeudan millonarias sumas, se terminó de enredar.
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El pasado 25 de abril, cuando Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, anunció la declaratoria de incumplimiento de los contratos que habían firmado ambas empresas con el Distrito, aseguró también que les iban a abrir las puertas a esos pequeños propietarios para que siguieran siendo parte del SITP. La posibilidad de que lo hagan, explicó, es que se integren, de alguna manera, a otro de los operadores que se encargan de las rutas azules en el resto de la ciudad. Sin embargo, aún no se ha anunciado cómo se logrará eso y el Distrito analiza cómo estructurará el sistema para concretar su promesa.
Desde las dos empresas en liquidación, entretanto, ya plantean posibles soluciones ante la incertidumbre que se cierne sobre su futuro. El principal objetivo es mantener a flote a los pequeños propietarios. Al tiempo, sin embargo, cuestionan lo que han hecho con ellas. Bernardo Méndez, representante de Coobús en la comisión interventora que intentó rescatar a las empresas, sostiene que tanto el proceso de salvamento como el que llevó hasta la orden de la liquidación de los operadores están plagados de irregularidades. Por eso cree que a través de acciones jurídicas pueden reversar la liquidación. Ya hay, dice, 15 demandas contra el Distrito por todo el proceso y cree que aumentarán.
Édgar Torres Romero, representante de Egobús, sostiene, por su parte, que la liquidación ya no tiene reversa. Por eso cree que el paso a seguir es que los rentistas de las empresas se unan en una nueva entidad que se convierta en operador del sistema. Para lograrlo, sería necesario que Transmilenio abra una nueva licitación para adjudicar las rutas de Fontibón, Perdomo y Suba centro que operaban Egobús y Coobús (el 30 % del SITP, 1,5 millones de viajes diarios), y a ese proceso se presente la nueva empresa.
Allí se agruparían los 584 socios de ambas sociedades, y posiblemente terminen perdiendo su patrimonio en el proceso de liquidación. Les deben más de 30 meses de rentas, dinero que, apunta Méndez, al menos en el caso de Coobús no alcanzará a ser cubierto con la liquidación de los activos que se avecina.
En esa empresa ya hicieron cuentas. Los resultados apuntan a que cada propietario, por vehículo (alrededor del 70 % de propietarios de las empresas tienen uno o medio vehículo) tendría que renunciar a $35 millones, para asumir las pérdidas de la empresa, que entre socios, banca y proveedores rozan los $40.000 millones.
¿Cómo llegaron a ese saldo rojo? Desde que comenzó la implementación del SITP, empezaron a verse los problemas de Egobús y Coobús. La Superintendencia de Puertos y Trasporte los intervino tras hallar irregularidades que pasaban por fallas de gobernabilidad, ausencia de un plan de negocios definido para garantizar su balance financiero, inconsistencias en pagos, incumplimiento en los acuerdos con Transmilenio y cuentas por cobrar en mora de hasta un año. Luego vino el plan de salvamento que les lanzó Petro, que no dio frutos y era la última carta para mantener a flote a esas empresas, que representaban la idea de democratización de la operación del SITP.
El intento de rescate falló y ahora se viene la elaboración de las listas de acreedores de Egobús y Coobús, e intentar vender sus bienes. Con esos recursos se les pagaría a los acreedores. Así se concretaría el hundimiento de esas entidades que, en principio, se esperaba que operaran en el SITP por 24 años. Falta ver si será también el fin de los pequeños propietarios dentro del sistema de transporte.