10 Sep 2021 - 7:46 p. m.

Personería de Bogotá abre indagación preliminar contra Canal Capital

De acuerdo con el ente de control, entre 2019 y 2020 se dejaron de suscribir 117 contratos. Además, se realizó una inadecuada utilización de la infraestructura del canal.
El Ministerio Público, encontró presuntas anomalías en materia administrativa y de contratación.
El Ministerio Público, encontró presuntas anomalías en materia administrativa y de contratación.

Son varios los problemas que tienen en el ojo del huracán a la gerente de Canal Capital, Ana María Ruiz, entre los que resaltan supuestas anomalías en procesos administrativos y de contratación. Según la Personería de Bogotá, la funcionaria habría realizado un redireccionamiento estratégico de las políticas de producción de contenido, lo que generó que se dejaran de suscribir 117 contratos y se identificó un posible mal manejo de la infraestructura del Canal.

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La Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública advirtió que la directiva del canal cambio su misión de ser un centro de preproducción, producción y posproducción de contenidos audiovisuales para pasar a contratar productos ya elaborados por privados. La personera delegada, Sandra García resaltó que, “este viraje no se dio de manera gradual y esto nos genera una preocupación como guardianes de los recursos públicos”.

Sobre todo, porque el cambio de políticas implicó que durante 2019 y 2020 se dejaran de suscribir 117 contratos, lo que ocasionó que el medio de comunicación esté pagando cerca de $1.800 millones en indemnizaciones, por demandas realizadas por el personal que llevaba varios años prestando los servicios al Canal. Los contratistas demandaron a la entidad por contratos laborales que jurídicamente son conocidos como contrato de realidad.

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El ente de control también pudo identificar que en el cambio de funciones que establecieron las directivas de Canal Capital, no se realizó una arquitectura empresarial de transición, lo que ocasionó la no renovación de los contratos de prestación de servicios y la no utilización de los elementos tecnológicos y en infraestructura previamente instalados, para producir contenidos audiovisuales, “los cuales ahora pasarán a ser equipos y elementos sin utilizar”.

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Los anexos técnicos del nuevo modelo de negocio, denominados tercerizados, tienen un objeto contractual similar, no obstante, algunos permiten que las empresas privadas a las cuales se les compran los productos puedan hacer uso de los elementos tecnológicos y de las instalaciones del máster de producción adquiridos por el canal sin ningún costo adicional, lo que genera una vulneración en los principios de igualdad, imparcialidad y equidad en la contratación pública.

En cuanto al tema de vinculación de los contratistas, el Ministerio Público identificó que los contratos fueron otorgados bajo la modalidad de contratación directa, pasando por alto los procesos de convocatoria pública y, dichos tratados fueron suscritos por cifras inferiores a 500 salarios mínimos, que luego, fueron adicionados por montos superiores, lo que genera un posible detrimento patrimonial al Distrito.

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A su vez, el ente de control analizó la modalidad de contratación de prestación de servicios, en donde pudo identificar que el Canal no cuenta con una tabla de honorarios no tiene una tabla de honorarios que permita asignar de manera transparente y justa las remuneraciones para los contratistas, de acuerdo con sus estudios, experiencia general y específica.

“Si bien el manual de contratación contempla los procesos, procedimientos y modalidades, según las cuantías, es tan flexible que los contratos de alto monto pueden suscribirse de manera directa, sin que se necesite invitación a varias firmas interesadas, desconociendo la publicidad, igualdad y transparencia en la contratación pública”, informa el ente de control.

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