Personero, "exacerbado" por tortuoso trato que dan a familiares de reclusos en cárceles

Los horrores que tienen que padecer, sobre todo las mujeres, que semana a semana se someten al tortuoso proceso de ingreso a los centros de reclusión para poder ver a sus familiares, exacerbaron los ánimos del personero de Bogotá, Ricardo María Cañón, quien desde hace varios meses viene revisando la situación carcelaria y penitenciaria de la ciudad en particular, y del país en general, clamando la atención de las autoridades públicas para que se adopten medidas definitivas que pongan fin a esa denigrante situación en la que viven los ciudadanos privados de la libertad.

Al desgarrador relato de dos mujeres esposas de expatrulleros de la Policía recluidos en la penitenciaria La Picota, que acudieron a la Personería Distrital en busca de ayuda humanitaria, se les suman las muchas denuncias de las víctimas que sufren repudiables arbitrariedades por parte de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargados de la seguridad. Aunque la situación ya es conocida por las autoridades involucradas en el tema carcelario del país, pareciera que su silencio es cómplice y permite que la indignidad de los procedimientos se conviertan en rituales obligados y aceptados.

“Las inspecciones corporales ilegales o las órdenes que imparten los guardias masculinos a las mujeres visitantes de que se desnuden y la decisión arbitraria y caprichosa de no permitir el ingreso a quien se rebele contra ellos, son tan solo algunos procederes ilícitos de los funcionarios del Inpec que domingo a domingo se observan en los centros carcelarios y, específicamente, como lo señalan las denunciantes, en la penitenciaría La Picota”, dice la Personería.

Las denunciantes, Zulma Janeth Higuera Quiroga y Aida Luz Alba Cuburuco, aseguraron que sus esposos se encuentran en huelga de hambre desde el domingo pasado y se cosieron la boca en señal de protesta por el trato inhumano y arbitrario tanto de los guardias de seguridad como del propio director de La Picota, toda vez que han sido sometidos a reclusiones en calabozos infrahumanos, incomunicados y torturados sicológicamente.

Según ellas, los expatrulleros están expuestos a toda clase de vejaciones y abusos con la complacencia y patrocinio de los propios servidores públicos del Inpec, pues se encuentran en el patio común de esa penitenciaría, ignorando incluso el fallo de tutela del 20 de septiembre de 2013, proferido por el Juez 18 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en el que ordena tanto al Inpec como al director de La Picota, “…que en forma inmediata procedan a adoptar y a ejecutar en forma coordinada todas las medidas dirigidas a la ubicación del interno…en un patio o lugar del mismo penal, o en última instancia en un establecimiento carcelario que disponga de un patio para miembros o exmiembros de la Fuerza Pública”.

Las ciudadanas solicitaron a la Personería de Bogotá protección y vigilancia en atención a la retaliación que pueda ocasionar el haberse atrevido a denunciar públicamente los hechos de que son víctimas.