La senadora Gilma Jiménez le solicitó al Icbf acabar de manera inmediata con los hogares sustitutos y rediseñar todos sus programas de protección. Según la congresista del Partido Verde, “es inhumano que se mantenga un programa que supuestamente es para proteger a los niños que han sido vulnerados en sus derechos, atendidos en hogares pagos por el Estado, y que en estos se siga atentando contra sus derechos”.
Jiménez reveló que entre 2007 y 2010, más de 250 niños murieron en dichos hogares sustitutos de Bienestar Familiar y la misma entidad presentó más de 250 denuncias por eventos de violencia contra niños y niñas. Asimismo, se escaparon 650 menores.
El Icbf invierte anualmente cerca de 95 mil millones de pesos en los más de 5.000 hogares sustitutos que funcionan en el país, en los que se atienden en promedio 12 mil menores de edad, es decir, un promedio de dos niños por hogar. Las madres sustitutas reciben más de $400 mil pesos mensuales, además de una reciente bonificación aprobada en el Congreso. Ellas hacen parte de familias que a cambio de dinero reciben niños para cuidar, a los cuales el Icbf les ha dictado medida de protección, porque en sus familias les vulneraron sus derechos.
No obstante que por ley son medidas transitorias que no pueden superar seis meses, en algunos casos los menores duran años en esos hogares, a veces se generan lazos de afecto entre los miembros de los hogares sustitutos y los niños, y por diferentes razones, el Icbf luego se los quita. En otros casos como el denunciado recientemente en Bogotá, los pequeño sufren en esos hogares maltratos y abusos, éste último en el que presuntamente tres niños fueron objeto de violencia estando al cuidado de un hogar sustituto. En cualquiera de los casos, a los niños se les está haciendo daño, señaló la senadora.
“Con los niños a los cuales sus familias les han vulnerado sus derechos ya sea porque los abandonan o los agreden, el margen de error debe ser menos cero y deben ser debidamente protegidos. El Estado debe garantizar por lo menos su adecuado cuidado y eso no sucede siempre. No son casos aislados, es una preocupante constante, por eso ese programa debe desaparecer y deben ser replanteados de fondo los programas de protección del Icbf, tal vez la labor más importante de esa institución”, enfatizó Gilma Jiménez.
Y concluyó: “Un país en el que los niños son violentados de forma tan severa y recurrente, no puede mantener una entidad que en teoría existe para protegerlos y restablecerles sus derechos, pero que no solo no cumple a cabalidad sus funciones, sino que por malas decisiones pone en riesgo la vida misma de los niños que debe proteger, eso repito, es inmoral e inhumano. Se lo he expresado al Director del Icbf y al mismo Presidente de la República en múltiples oportunidades”.
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