La Policía Metropolitana de Bogotá en un trabajo articulado con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación, materializó 20 medidas cautelares de extinción de dominio y una captura por el delito de corrupción de alimentos. 16 bienes inmuebles y 4 establecimientos de comercio (droguerías), se dedicaban a la fabricación, almacenamiento y comercialización de medicamentos de uso institucional, adulterados y falsificados, logrando una renta aproximada de nueve millones de pesos mensuales.
Los investigadores lograron evidenciar que los bienes muebles e inmuebles eran utilizados para la venta de estos productos médicos, así mismo comercializar material profiláctico en ocho localidades de Bogotá: Kennedy, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, San Cristóbal y Puente Aranda.
“Enfrentar la inseguridad también consiste en atacar estas actividades ilícitas como la falsificación de medicamentos. Este es un delito que atenta contra nuestros hogares. Los materiales con los que falsificaban los medicamentos incluyen hasta cemento blanco y harina entre otras sustancias que, claramente, van a generar mayor afectación en la población” indicó César Restrepo, secretario de Seguridad.
Durante el operativo, las autoridades incautaron productos farmacéuticos y medicamentos sin registro INVIMA, ampollas inyectables, jarabes, tabletas, cremas, blíster, granulados vencidos, muestras médicas y fármacos de uso institucional, así como empaques de alimentos y bebidas naturales, envases sin número de funda, etiquetas y cajas de productos.
Incluso, indicaron que en uno de los inmuebles fueron hallados punzones y matrices metálicas, los cuales eran usados para dar forma a los diferentes tipos de tabletas e imprimir sus características; máquinas artesanales para la elaboración y secado de los medicamentos, elementos de empaque, sellado y molinos para pulverizar, un horno artesanal para el secado de la materia prima, plásticocortado para la elaboración del blíster y diferentes tipos de presentación de los fármacos.
LEA MÁS: ¿Para quiénes no aplica? Se inicia restricción de vehículos de carga en Chía
“Estos bienes ocupados estarían avaluados en diez mil millones de pesos ($ 10′000.000.000) y los arrendatarios de estos bienes y que están detrás de la comisión de este delito están siendo investigados penalmente por el delito de corrupción de alimentos que tiene una pena entre 8 y 16 años de cárcel”, detallo la secretaría de Seguridad.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
