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Los planes de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para la ampliación del aeropuerto internacional El Dorado se han retrasado por presuntas infracciones ambientales en la operación de la pista alterna, ubicada en el municipio de Funza, a una hora al occidente de Bogotá. En la actualidad existen dos procesos que podrían frenar el proyecto: uno por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca contra Opaín S.A. y otro de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) contra la Aerocivil, por haber incumplido, presuntamente, las normas requeridas para otorgar una licencia ambiental.
El 21 de noviembre de 2011 la Aerocivil le solicitó a la ANLA la modificación de la licencia ambiental para la operación de El Dorado, la cual estaba vigente desde noviembre de 1995; esto para llevar a cabo la ampliación del aeropuerto sin mayores complicaciones. La Aerocivil pidió que se levantara la restricción nocturna en la pista sur (construida en Funza en 1998) y que se eliminara el pesaje de aeronaves como medida de manejo ambiental. De hecho, por un decreto presidencial Aerocivil operará 24 horas en la pista de Funza desde el 15 de diciembre de 2013 hasta junio de 2014. Esto se debe a que la pista uno no estará funcionando en su totalidad por una ampliación de 150 metros que necesita para cumplir con las normas internacionales. Sin embargo, la ANLA prefirió analizar la solicitud de modificación con cautela y antes de aceptar le solicitó a la Aerocivil un estudio de impacto ambiental.
La Alcaldía Municipal de Funza se opuso al estudio presentado por la Aerocivil, pues “no había valorado todos los impactos ambientales que generaba la modificación de la licencia; tampoco definía las medidas de compensación para el municipio”, explica Jorge Enrique Machuca, alcalde de Funza. Adicionalmente, la ANLA aceptó que el estudio presentado por la Aerocivil estaba incompleto. De acuerdo con la resolución del 12 de diciembre de 2012 de la ANLA, “se requiere a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para que en el término de seis meses complete la información necesaria para que esta autoridad pueda tomar una decisión de fondo respecto del trámite de modificación de licencia”.
El 22 de julio de 2013 la Aerocivil respondió ante la ANLA y señaló que la entidad “se encuentra adelantando programas e iniciativas encaminadas al aumento del bienestar de la sociedad local”. La Aeronáutica Civil señaló que existen tres mesas de trabajo para que “la comunidad involucrada participe en los procesos”. Se trata de una mesa temática de medidas de mitigación, una de diseño del plan piloto y otra de “organización y socializaciones”. Por último, la entidad se comprometió a radicar un nuevo documento ante la ANLA, “en el cual se verán reflejadas las necesidades y opiniones de los actores involucrados en este proceso”. Sin embargo, solicitó un plazo de un año para entregar dicho estudio. Es decir, estaría listo en julio de 2014.
La Alcaldía de Funza, reconocida por la ANLA como interviniente en el proceso de modificación de la licencia ambiental, se opuso rotundamente a lo dicho por la Aerocivil. El 13 de junio le respondió a esta entidad sobre las socializaciones del proyecto que se iban a realizar en el municipio: “Con sorpresa vemos que no se procedió en la forma pactada; dejando e incrementando los niveles de desconfianza sobre el proceso”. Según la carta enviada desde la Alcaldía, “existen verídicas fuentes de emisión atmosférica contaminantes, efectuadas por las emisiones de las aeronaves; se requiere una cantidad adecuada de monitoreo del ruido y no sólo uno o dos, como lo proyecta la Aerocivil;¿ cuál será el impacto productivo y social en áreas agrícolas, ganaderas y empresariales de servicio comercial?”.
Las afirmaciones de la Alcaldía Municipal están soportadas en un estudio entregado en agosto de 2012 por el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional (IDEA). Según esta entidad, la modificación de la licencia ambiental generaría impactos en vibración, ruido, contaminación, economía, flora y fauna, uso económico del suelo, comunicaciones, seguridad aérea, industrialización, malla vial y migración.
En cuanto al ruido, IDEA asegura que habría un impacto “por un sonido agresivo ocasionado por los diversos tipos de aviones que ingresan al aeropuerto El Dorado, generando varias patologías que están relacionadas con daños en el sistema nervioso central”. Adicionalmente, según el estudio, todas las viviendas del municipio se verían afectadas por las vibraciones, y debido al cambio de uso económico del suelo —de agrícola a industrial— las viviendas perderían valor.
En relación a la contaminación, el estudio señala que se generaría “una contaminación atmosférica ocasionada por partículas y combustibles que son expulsadas por los aviones”. Además advierte que “a medida que se altere el terreno se generan impactos negativos como inundaciones, desapariciones de ecosistemas, como humedales con su respectiva flora y fauna”. Entre otros impactos ambientales se encuentra también una afectación en la producción agropecuaria del municipio y la “intermitencia en la señal de celulares, televisión e internet”.
Uno de los impactos que encontraron los investigadores de la Universidad Nacional y que más preocupación han generado en el municipio tiene que ver con la seguridad área: “Ante cualquier eventualidad de siniestro aéreo, el municipio de Funza no se encuentra preparado para el control del mismo”. Por eso, en el estudio le recomiendan a la Aerocivil “construir equipamiento básico para el control de un siniestro: hospitales o un mejor cuerpo de bomberos”.
Al estudio de la Universidad Nacional se suma un proceso por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en contra de la Aerocivil por presuntas infracciones ambientales. De acuerdo con un auto emitido por la entidad en mayo de este año, Aerocivil no ha entregado “un consolidado de las insonorizaciones realizadas, incumpliendo así presuntamente en lo dispuesto en el artículo 7º de la resolución 0534 de 1998”. Agrega la ANLA que existe “una ausencia de manejo y remoción de material de descapote y falta de implementación de medidas encaminadas a proteger y manejar la avifauna silvestre que anida y se alimenta en el sector”. En teoría, la Aerocivil habrá corregido los presuntos incumplimientos señalados por la ANLA antes de junio de 2014.
Adicionalmente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) inició una indagación preliminar en contra de Opaín S.A. (empresa operadora del aeropuerto El Dorado), por “la presunta realización de actividades de nivelación mediante el relleno con materiales procedentes de excavación de subsuelo con presencia de escombros”. De acuerdo con la CAR, en la pista de Funza existen un espejo de agua, avifauna de patos y diferentes tipos de vegetación que se estarían viendo afectados por la expansión de la pista.
Esto también fue documentado por la Alcaldía de Funza: “El humedal Gualí, que está ubicado dentro de nuestro municipio, es el segundo más grande de Colombia. En este momento el humedal está siendo rellenado. Nosotros hicimos una inspección en mayo de 2013 y verificamos que había residuos de demolición allí”, explica Yady González, secretaria de Desarrollo Económico de Funza.
Estos procesos sancionatorios se dan en un momento en que el aeropuerto El Dorado tiene problemas de congestión. Como lo admite la Aerocivil: “En la actualidad el aeropuerto presenta un alto grado de congestión. Especialmente sobre la franja de 9:00 p.m. a 11:59 p.m. se desplazan las operaciones acumuladas durante el día por la falta de capacidad del aeropuerto, debido a la implementación de algunas obras, generando el consecuente riesgo operacional asociado a la misma”.
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