"Podemos hacer historia, es ahora o nunca": estudiantes de la Universidad Distrital

El rector de la institución dice que apoya la creación de la asamblea, siempre y cuando la misma no amenace la autoridad y gobernabilidad del Consejo Superior. / El Espectador.

Es una semana trascendental para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En un nuevo encuentro del Consejo Superior de la institución, que está previsto para este jueves, se definiría la creación de la Asamblea Universitaria propuesta por los estudiantes. De esa decisión depende que el próximo 1 de febrero se reanude el calendario escolar que está suspendido desde hace tres meses, cuando los estudiantes entraron en un paro indefinido.  

En la discusión sobre el nuevo organismo de participación que tendría incidencia en los temas estructurales de la universidad como la elaboración de políticas, planes institucionales y la reforma de los estatutos, los estudiantes la tienen clara: o se aprueba, o no se reanudan las clases. Por otro lado, el rector de la Distrital, Ricardo García, ha insistido en que es necesario que se retomen las clases lo antes posible para evitar más pérdidas económicas que perjudican a la universidad y la cancelación del segundo semestre de 2019 que quedó incompleto.  

“Desde que iniciamos el paro se definió que hasta que no se apruebe la Asamblea no vamos a volver a clase. Sabemos que hay consecuencias, pero creemos que con los casos de corrupción no podemos permitir que pocas manos definan el futuro de la universidad. Lo de la cancelación de semestre lo hemos visto como una amenaza para que se levante el paro y la última oportunidad para recuperar el semestre que falta y el siguiente es que el jueves se apruebe la asamblea”, aseguró Julián Báez, líder representante de los estudiantes.

Agregó que no están dispuestos a ceder en el espíritu de la asamblea que es incidir en los temas de la universidad, porque el documento ya está consensuado en su totalidad. Sin embargo, considera que sí hay completa disposición para hacer todo tipo de pedagogía en el Consejo Superior, de forma que haya absoluta claridad sobre cada una de las funciones que tendría el organismo.

“Ellos tienen miedo de que les quiten la gobernabilidad y que los supere la democracia si se abren muchos espacios de participación. Pero esa no es la intención, el espíritu de la Asamblea es fortalecer la participación estudiantil. Nosotros creemos que se debe aprobar y que en el marco de la experiencia se determine si hay temas qué modificar, pero no especulando”, dijo Báez.

Y es que la creación de una Asamblea Universitaria como la que proponen los estudiantes de la Distrital marca un precedente en el país pues, hasta el momento, en ninguna universidad pública existe una figura como tal. Si bien en la Universidad de Nariño hay una Asamblea Universitaria, esta no incide en todos lo temas estructurales de la institución, como sí se pretende en la Distrital. “Han pasado muchas décadas y generaciones trabajando en esto. Si no se aprueba vamos a entrar a sesión permanente para intentar que se apruebe el viernes o la próxima. Además, se retomarían los plantones y las movilizaciones”, concluyó el líder estudiantil.

Para Julián de Zubiría, director Instituto Alberto Merani, toda la comunidad universitaria debería hacer más esfuerzo por evitar la cancelación del semestre y una posible pérdida de la acreditación institucional, por el bien de la educación de los jóvenes más desprotegidos. Por un lado, está de acuerdo con que la asamblea puede cumplir un papel importante y muy positivo para reflexionar y proponer, pero considera que entregarle poder decisorio es muy equivocado, porque a mediano plazo esto podría paralizar por completo la universidad.

Otro que también muestra preocupación respecto a las funciones que tendría la Asamblea Universitaria es Francisco Cajiao, ex rector de la Fundación Universitaria Cafam y de la Distrital en el año 1980. “No estoy seguro de que una asamblea multitudinaria siempre tome buenas decisiones. creo que está bien que haya muchos grupos de trabajo y una asamblea de carácter consultivo y no decisorio. ¿La idea es que un grupo de gente rediseñe la universidad, pero que los recursos salgan del Estado?”

Aceptó que está de acuerdo con que se exija que se indague, que se tomen medidas, que devuelvan la plata que se han robado, pero cuestiona la “actitud intransigente por parte de los estudiantes” de no iniciar clase, situación que afecta a los jóvenes que estudian, a las finanzas y la institucionalidad.

Precisamente, esos tres puntos le han servido de argumento al rector de la Distrital, Ricardo García, para convocar el regreso a clase el próximo 1 de febrero, con el objetivo de completar rápidamente las ocho semanas de clase que faltan del semestre pasado y continuar con el calendario correspondiente a este año. Él, pese a la situación, se mostró muy optimista y está convencido que la próxima semana, los estudiantes volverán a recibir sus cátedras.

“Cada semana de anormalidad puede estar representando entre $900 y $1.000 millones en pérdidas financieras. Pero la suspensión de clase también implica una disminución en la calidad porque se pierde el ritmo de las clases, cursos, seminarios y trabajo en los laboratorios, pero eso siempre será recuperable y eso es lo que esperamos. Va a ser un esfuerzo de toda la comunidad trabajando intensamente”, afirmó el rector.

Por otro lado, el tema de la acreditación institucional preocupa porque en la misma se evalúa, entre otras cosas, que la universidad cuente con una rectoría funcionando, un Consejo Superior en pleno desarrollo y un Consejo Académico orientado, instancias que representan la gobernabilidad de la institución. Pero es fundamental que haya normalidad académica y ahí estaría el problema. En todo caso, García ya entregó los documentos que se requieren y en el transcurso del año, sin fecha precisa, los pares visitarán la Distrital.

Respecto a la creación de la Asamblea Universitaria, el funcionario siempre ha dicho que apoya la idea, pero sin que la misma vaya a interferir en la potestad del Consejo Superior. “La voluntad es solucionar esto la semana entrante para que haya concesión de una asamblea que no obstaculice el Consejo Superior, pero que dé representación a toda la comunidad y permita el regreso a clases. Ese es nuestro propósito, por eso estoy optimista”.

Además, fue enfático en aclarar que los temas que quedan por discutir no son obstáculos trascendentales, sino más bien superables como, por ejemplo, el tema de que la asamblea sesione ordinariamente cada dos años (como lo proponen los estudiantes) o cada tres (como lo sugiere el Consejo Superior).

Lo cierto es que el 16 de enero, en el primer encuentro del año del Consejo Superior, presidido por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se acordó la conformación de una comisión accidental (conformada por el vicerrector; la Secretaría de Educación; un representante de los sectores productivos, de estudiantes y de profesores; y dos representantes de la Asamblea Constituyente de la institución), para que construyan una metodología de reforma del Estatuto General y discutan la realización de una interventoría en la universidad.

Ambas propuestas, se complementarán con el documento propuesto sobre la creación de la Asamblea Universitaria y serían presentadas el próximo jueves ante el Consejo Superior que deberá, finalmente, definir el asunto.

Corrupción en la Distrital

Es importante recordar que el pasado 18 de enero, en un fallo en segunda instancia, la Procuraduría ratificó la destitución e inhabilidad de Wilman Muñoz, el exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional, quien habría desviado $11.380 millones de la dependencia a su cargo para beneficio propio. 

Pese a que se mantuvo la sanción, el ente de control redujo la inhabilidad de 20 a 17 años y 6 meses para ocupar cargos públicos, que se había dictado en primera instancia, al evidenciar que Muñoz había desviado el dinero de la universidad a través de tarjetas de crédito y cheques, con los que adquirió bienes y servicios entre 2015 y los primeros meses de 2019. 

Todo se hizo a través de una cuenta corriente, en el banco de Occidente, que estaba a nombre de la Distrital. A través de dicha cuenta, Muñoz adquirió una tarjeta de crédito, que sólo podía administrar él, con la que compró viajes nacionales e internacionales, relojes de lujo, prendas de vestir de marcas finas, un dron y otros gastos que no eran propios de su trabajo.