Policía asegura que ha garantizado los derechos de patrullera Andrea Cortés

La patrullera también enfrenta un proceso penal por hurto en la Fiscalía General de la Nación.

Foto: Captura de pantalla

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Carlos Ernesto Rodríguez, se refirió este martes a la investigación contra la patrullera Andrea Cortés Guarín, la cual terminó en fallo en su contra por el robo de un producto de belleza en una droguería ubicada cerca al centro comercial Titán Plaza.

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“La Inspección General ha sido respetuosa y garante de todos los derechos constitucionales y legales que amparan a los intervinientes en este tipo de actuaciones administrativas”, aseguró el general Rodríguez.

Así mismo, defendió la legalidad del proceso disciplinario que la Policía adelanto en este caso, pues “la investigación y la decisión que se adoptó fue proferida por la autoridad a quien la ley 1015 de 2006 le otorga la competencia”.

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Rodríguez también señaló que en el curso del proceso la patrullera Cortés contó con el acompañamiento y representación de su abogado y que se le garantizó el debido proceso al agotarse las etapas de este.

“Se garantizó el ejercicio del derecho de contradicción y en donde se le brindó la oportunidad de interponer los recursos de ley”, declaró.

Estas declaraciones se conocieron luego de que el apoderado de la uniformada, William Reinel, presentara una revocatoria del fallo y que señalara que habían violado sus derechos fundamentales a causa de su condición de ser la primera mujer transgénero en hacer parte de la Policía Nacional.

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El proceso contra Andrea Cortés, que también está siendo investigado penalmente por la Fiscalía General de la Nación, inició tras la denuncia de una trabajadora de la droguería, quien aseguró que la patrullera habría robado una crema para el contorno de los ojos que tenía un valor de $141 mil en hechos ocurridos el pasado 23 de junio.

Hechos por los cuales, en fallo disciplinario interno, fue destituida de su cargo e inhabilitada por once años para ejercer cargos públicos, al encontrar que con su conducto incurrió en una falta gravísima a título de dolo.