![Los agentes siete, pertenecientes al CAI Compartir de la localidad de Ciudad Bolívar, fueron acusados de corrupción tras una exhaustiva investigación interna.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/DFJYLG22MNEKFF3R7CRWDE6RH4.jpg?auth=59ea05b602b159ec81fa3e102d4bee307e1474dedd497a7923fee7973a2a2424&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
La inseguridad sigue siendo la prioridad para los y las bogotanas. Así lo entienden también la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro, quienes plantearon una serie de medidas y propuestas, durante el Consejo de Seguridad que lideraron el pasado 28 de septiembre en la localidad de Kennedy.
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Los esfuerzos están concentrados en aumentar el pie de fuerza y adelantar acciones para contrarrestar los delitos en la capital del país, añadiendo un enfoque preventivo. Una de las propuestas que lanzó el presidente para estos fines, fue la de sacar a las calles a los uniformados que se encuentren realizando labores administrativas, pero que tengan entrenamiento en campo.
Petro lo anunció cuando entregaron las conclusiones del consejo: “Todo el personal policial que hoy está en actividades administrativas, cuando fue educado para otro tipo de actividad, debe salir a las calles. Así de simple. Al salir a las calles, aumenta automáticamente el número de policías efectivos y, por tanto, el número de policías en Bogotá, que es el objetivo de lo que aquí se planteó en el mediano plazo”, señaló el presidente.
Esta propuesta responde, además, a la insistencia de la alcaldesa Claudia López de la necesidad de más pie de fuerza y del panorama de policías en la ciudad, el cual está en déficit. Cabe recordar que la mandataria ha señalado al Gobierno Nacional por, dice ella, quitarle a la ciudad 1.500 policías que habían entrenado y se habían formado con recursos del Distrito. De acuerdo con López, en 2017 había más de 17.000 policías y este año, el secretario de Seguridad, Óscar Heredia, dijo que la capital cuenta con 16.452.
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En cuanto a la propuesta de Petro, el analista de seguridad, Luis Echavarría piensa que, “la propuesta es viable, jurídica y técnicamente viable. En la práctica es difícil. Para poder disponer de personas que hoy cumplen funciones administrativas hay que llenar ese vacío, y eso cuesta dinero. Además, esas personas que saldrían a hacer labores de vigilancia tendrían que ser recapacitadas en esta práctica, porque puede que muchos de ellos, o ellas, estén muy acostumbradas al trabajo administrativo”, señaló el experto.
De acuerdo con los datos que entregó la nueva encuesta de Invamer, el 76,2 % de los ciudadanos considera que la seguridad es el tema principal, incluso más que otras temáticas clave como la movilidad y el desempleo.
La nueva cárcel Distrital
Entre los anuncios, Claudia López informó que en el lote ubicado en una parte de la cárcel La Picota, se va a construir la nueva cárcel Distrital. Algo que, según la mandataria, se logró por la intervención del Ministerio de Justicia, el INPEC y el trabajo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional.
Por lo tanto, se espera que en el presupuesto del 2024 se incluyan los recursos para estudios, diseños y construcción del nuevo centro penitenciario.
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