Bogotá es la ciudad con la mayor cantidad de consumidores de sustancias psicoactivas en el país. Se habla de casi 500.000 consumidores de cannabis cada año y, según la Secretaría de Salud, casi 10.000 casos de consumo problemático. Pero también es donde más circulan nuevas drogas cada año. Por eso, a la par con la lucha frontal contra el narcotráfico ha crecido en la ciudad una tendencia hacia la “reducción de daños” en vez del prohibicionismo, así mismo un activismo contra los enfoques represivos al consumo. Toda esta tradición, dice la corporación Acción Técnica Social (ATS), que lidera programas como Échele Cabeza, estaría teniendo un retroceso en la administración de Carlos Fernando Galán, ¿qué tan cierto es?
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El informe
A través de un informe, la organización ATS aborda ocho puntos, para sustentar la tesis del retroceso, según ellos, de 15 años de trabajo, haciendo referencia a lo que se había logrado con el Decreto 060 de 2011, que adoptó un enfoque de prevención del consumo en Bogotá. “Contra todos los pronósticos, el alcalde Galán adoptó la postura más conservadora y prohibicionista”, señala el informe, que se iba a presentar este miércoles en un frustrado debate de control político en el Concejo, que citó la concejal Donka Atanassova (Pacto Histórico).
Esta es la cuarta vez que se aplaza el debate, razón por la cual, los colectivos detrás del análisis señalan que, tras año y medio de la actual administración, su experiencia ha sido ignorada en los planes sobre la materia. “Es la cuarta vez que nos reagendan este debate sobre el seguimiento a la política de sustancias. En el Plan de Desarrollo, fuimos la bancada que impulsó un artículo para que quedara un enfoque incluyente, puntos de los que no sabemos si hay avances”, señaló Atanassova.
Los ocho puntos
El primer punto que aborda el informe habla de una “traición” de Galán a los principios del Nuevo Liberalismo. Lo anterior, teniendo como referencia que su partido fue el que impulso la regulación de cannabis medicinal, bandera que cargó el hermano del mandatario, Juan Manuel Galán y que insinuó el actual mandatario en campaña, prometiendo un enfoque participativo. “Pese a esto, en su Plan de Desarrollo puso el énfasis en la criminalización y el retroceso en la participación, salud pública, derechos humanos, así como la persecución del consumo por la vía de la judicialización”, dice el texto.
El segundo punto habla de la imposición de comparendos como la “principal estrategia en política de drogas, promoviendo abusos y corrupción”. Según datos que le suministró la Secretaría de Seguridad a ATS, en Bogotá se impusieron 44.505 comparendos por porte y consumo de sustancias, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. De estos, el 58% se concentra en cinco localidades: Chapinero (6.392), Suba (5.258), Bosa (4.583), Tunjuelito (3.352) y Kennedy (2.552). “Se focaliza en sectores populares y el pago no supera el 15%. Esto deja a miles de jóvenes bloqueados para acceder a oportunidades como becas y empleos”.
Sobre este aspecto, la Secretaría de Seguridad le respondió a este diario que “la aplicación del mandato de la ley, en este caso la Ley 1801 de 2016, no es una estrategia, sino el cumplimiento de lo que ordenan las normas vigentes. Estas acciones representan el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales impuestas a la autoridad”.
El tercer, cuarto y quinto punto se concentran, por un lado, en el enfoque de salud, al cuestionar que el abordaje desconoce las libertades individuales y trata como enfermos a los consumidores; la expedición del Decreto 293, que reduce los horarios de rumba, “la cual empieza a afectar económicamente al sector y todo el ecosistema de la rumba”, y la poca acción a la hora de hacer cumplir la sentencia C-127/232 de 2023, que derogó un decreto prohibicionista del expresidente Iván Duque;
En el sexto critican el retiro del apoyo a los eventos cannábicos, como el Cannabis al Parque (realizado desde 2021 y hasta 2023) y el reconocimiento de la Mesa Distrital Cannábica, lo que contrasta con el séptimo, en el que cuestionan el convenio suscrito el 12 de mayo de este año, entre la Secretaría de Salud y la UNOCD (Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito), en el que, para conmemorar el Día Internacional contra las Drogas y el Delito, destinaron $50 millones por cinco piezas para redes sociales y $100 millones para un conversatorio virtual.
Por último, el octavo punto critica el nulo apoyo para la 28.ª Conferencia Internacional de Reducción de Daños 2025, una conferencia mundial que se realizó por segunda vez en una ciudad latinoamericana este año (después de Río) y primera vez en Bogotá y en idioma español. Con asistencia de 66 países, ATS señala que la Alcaldía, en lugar de apoyar el evento, “envió un contratista de rango bajo a las reuniones del Comité Local de Impulso para hacer acto de presencia”.
La política de la Alcaldía
Son varias las acciones que se conocen del Distrito y que contrastan el informe de ATS. La Administración informó que, a partir de 2024 avanza en la formulación de la “Política Pública de Sustancias Psicoactivas de Bogotá D.C.”, basándose en guías de políticas públicas, partiendo del análisis de la política de 2011 y en el marco del convenio con la UNOCD, por 10 años.
“El proceso cuenta con cuatro fases donde, actualmente se adelanta la planeación para la implementación de la agenda pública a partir del 1 de septiembre de este año, esperando la fluida participación ciudadana, de aproximadamente 10.000 personas, a través de métodos como cabildos abiertos, encuentros ciudadanos y sondeos virtuales, entre otros”.
La Secretaría de Salud aclaró que “promueve un abordaje de las sustancias psicoactivas desde una perspectiva de derechos humanos, basado en la evidencia científica, pluralista, con un enfoque de salud pública, moderno y que se adapta a los desafíos actuales a nivel distrital”. Adicional, al cartera indica que en este modelo de participación se contempla incluir a la Mesa Cannábica Distrital y las Mesas Locales de esta índole.
Por otro lado, en el marco de la formulación de la nueva Política Pública de Sustancias Psicoactivas de Bogotá parte, según indicó la Secretaría de Salud, “busca poner en marcha acciones para la prevención y tratamiento del consumo de SPA; la reducción del daño asociado a su consumo problemático, y los factores relacionados con el delito y sus efectos en la seguridad y la convivencia en la ciudad”.
Ante esto, falta esperar si, con los convenios firmados y la aproximación de esta alcaldía, las organizaciones que han velado por años por instaurar un enfoque preventivo se podrán sentir más incluidos en una ciudad que parece tener una deuda de política de drogas para los miles de consumidores que la habitan y pide a gritos no retroceder en reducción de daños, para que Bogotá siga a la vanguardia de estos procesos.
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Por Juan Camilo Parra
