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El presidente electo, Abelardo De La Espriella, a través de su designado ministro de Ambiente, Fabio Arjona, expresó su malestar ante lo que considera una omisión crítica del Gobierno Nacional frente a la seguridad hídrica de la capital, al señalar que mientras Bogotá sufría racionamiento de agua en 2024, el Gobierno Petro dejó sin decisión una solución clave para la ciudad: el aprovechamiento del agua tratada de la Ptar Salitre.
La polémica se refiere a la solicitud que hace dos años tramita la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB), buscando la autorización para una concesión para reutilizar el agua tratada en la Ptar Salitre en procesos industriales, solución que, según el equipo del nuevo mandatario, habría mitigado el impacto de los racionamientos sufridos por la ciudad.
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Vale la pena recordar que el 11 de marzo de 2025 la Alcaldía de Bogotá anunció que había radicado ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) la solicitud. Pese a que el proceso interno de la EAAB inició en abril de 2024 y contó con mesas técnicas y conceptos de la ANLA hasta inicios de 2025, el designado ministro Arjona denunció que el proyecto quedó atrapado en “trámites interminables” y conflictos de criterio institucional.
La petición del Acueducto era puntual: avanzar en el primer piloto para integrar al ciclo productivo 77 litros por segundo (L/S) de los 5.500 (L/S) de agua tratada que se vierten al río Bogotá, con el fin de distribuirlos y venderlos al sector industrial, que no requiere agua potable para sus procesos de enfriamiento de maquinaria o producción de materiales de construcción.
El volumen que se reutilizaría, explicaron, equivalía al consumo diario de un municipio o de una localidad de 55.000 habitantes. “El reúso de agua tratada reduce la presión sobre los sistemas de abastecimiento de agua potable y contribuye a la seguridad hídrica. Además, optimiza la eficiencia de los procesos industriales y de nuestra empresa”, dijo en su momento Natasha Avendaño, gerente general de la Empresa de Acueducto.
Pese a esto explicó que la solicitud cumplía la normativa ambiental y promovía modelos de economía circular en la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, esto no convenció a las autoridades ambientales. Incluso, desde mucho antes, la ANLA conceptuó que la actividad no se adecuaba a ninguna de las causales de modificación de la Licencia Ambiental para el saneamiento del río Bogotá.
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Parte de esta situación la expuso la gerente Avendaño en sus columnas en el diario La República, donde mencionó la urgencia de ver el agua residual como un “tesoro” y no como un residuo. Detalló, por ejemplo, que la empresa aplica este modelo con éxito a nivel interno, recirculando 67.400 m³ mensuales en la planta, lo que ha permitido un ahorro del 63 % en el consumo de agua potable de la operación. Asimismo, destacó el avance de pilotos industriales con empresas como Cemex para el uso de estas aguas en mezclas de concreto, subrayando que el potencial total de la Ptar Salitre es de 5.500 litros por segundo, un volumen similar al consumo de Medellín.
A pesar de estos datos técnicos, la propuesta ha encontrado con “evasivas y negativas” de entidades nacionales, sin tener en cuenta el potencial de la Ptar Salitre y el que tendrá la Ptar Canoas para el reúso de agua tratada, para riego de cultivos, zonas de paisajismo, lavado de vehículos o de mobiliario urbano, la preparación de materiales de construcción y hasta la recarga de acuíferos, entre otros.
En su reciente columna, Avendaño se dirigió al presidente electo Abelardo de la Espriella contando esta situación, a la espera de un cambio de visión con el nuevo Gobierno. “Nuestra esperanza renovada es contar ahora con el apoyo de su gobierno y con su visión empresarial, que permitirán ver el potencial de este proyecto como un aliado para la seguridad hídrica, la economía circular, el crecimiento del tejido industrial sostenible y la conservación del medioambiente”.
Ahora, el pronunciamiento del mandatario electo y de su designado ministro de Ambiente parece un guiño de aprobación para Avendaño, al indicar a través de un comunicado en el que Arjona rechazó la situación, que ocurrió justo cuando la ciudad salía de un año de racionamiento. “La seguridad hídrica de Bogotá y de Colombia no puede quedar atrapada en trámites interminables, cambios de criterio ni conflictos entre entidades del mismo Gobierno. El país necesita decisiones técnicas, coordinación institucional y responsabilidad frente al agua”, afirmó Arjona.
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La instrucción de De La Espriella fue destrabar soluciones, proteger el abastecimiento y gobernar el agua con criterio técnico, sentido de urgencia y responsabilidad con los ciudadanos.
Nota del editor: Se tuvo que acudir a las columnas de la gerente del Acueducto, porque para este artículo y sobre este tema ella manifestó que no se iba a pronunciar.
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Por Redacción Bogotá
