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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, por presuntas irregularidades en un contrato de más de $14.000 millones, destinado a fortalecer la videovigilancia en Bogotá. El proceso se centra en el contrato SCJ-1904-2023, que buscaba implementar un sistema de reconocimiento de placas (LPR) para mejorar la seguridad en la ciudad.
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Fallas desde la planeación
El contrato se suscribió con el Consorcio LPR SCC 2024 y el objeto era adquirir 200 cámaras para el reconocimiento de placas de vehículos, para recolectar material probatorio para fines policiales y judiciales. Los equipos los entregaron a la administración en julio del año pasado y debían quedar instalados el 5 de agosto, pero la fecha inicial se incumplió. Desde entonces, la instalación se ha dado a cuentagotas.
El proyecto apunta a instalar las cámaras así: Kennedy (25), Fontibón (19), Usaquén (18), Engativá (17), Suba (17), Tunjuelito (15), Bosa (12), Los Mártires (12), Puente Aranda (10), Barrios Unidos (10), Teusaquillo (10), Usme (8), Rafael Uribe Uribe (8), Santa Fe (5), Antonio Nariño (4), Ciudad Bolívar (4), San Cristóbal (4), La Candelaria (1) y Chapinero (1).
A través de un derecho de petición, que radicó la concejal Diana Diago (Centro Democrático), preguntó por qué no las instalaron y el Distrito respondió: “las evaluaciones de factibilidad para la energización han revelado que las distancias necesarias para instalar las acometidas eléctricas son mayores de lo previsto”. Esto sugiere, dijo Diago, que no hubo una correcta planeación del contrato, ya que la instalación de las cámaras requiere una infraestructura adecuada en términos de conectividad, que no anticiparon.
A esto se sumó, según la entidad, que la instalación se vio afectada por obras de infraestructura como la troncal de Transmilenio por la Avenida 68 y el viaducto de la Línea 1 del Metro, en tanto que las distancias necesarias para instalar las acometidas eléctricas son mayores de lo previsto. “El sistema de videovigilancia es todo un reto. Una ciudad en obra impone desafíos en la reubicación del servicio. De las 200 LPR, están instaladas 70 y las otras no se han podido instalar, porque a quien firmó el contrato se le olvidó que había que pagar obras adicionales, como el cambio de ubicación de las cámaras”, complementó en su momento el secretario César Restrepo.
La investigación
Con todos estos elementos, según el análisis preliminar del Ministerio Público, el contrato —por más de $14.300 millones— habría presentado deficiencias desde su etapa de planeación. Entre los posibles problemas identificados están:
- Falta de claridad en los sitios donde se instalarían las cámaras
- Ausencia de acometidas eléctricas en algunos puntos
- Dificultades en la gestión de permisos para intervenir el espacio público
- Fallas en la estimación de los tiempos de ejecución
Estas situaciones, según la Procuraduría, habrían generado retrasos, suspensiones y prórrogas, afectando la ejecución del proyecto y su objetivo principal: reforzar el sistema de seguridad en la ciudad.
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Lo que viene en la investigación
Como parte del proceso, la Procuraduría ordenó recoger pruebas técnicas y documentos, con apoyo de un equipo especializado, para analizar el caso. El objetivo es establecer si los problemas del contrato se pudieron prever desde la planeación y si hubo responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Entre los investigados se encuentran, de la pasada administración, el exsecretario de Seguridad, Óscar Antonio Gómez Heredia, además, Diana Carolina Zárate Pérez, exdirectora técnica de la Secretaría; Helga Milena Hernández Reyes, exsubsecretaria de inversiones; Sandra Milena Santafé Patiño, exdirectora de operaciones para el fortalecimiento, y Jairo Alonso Bohórquez Blanco, exfuncionario especializado de la Dirección de tecnologías. De la actual, están vinculados el secretario César Andrés Restrepo Flórez; Ada Luz Sandoval Herazo, actual jefe oficina C4, e Iván Hersayn Pinilla Herrera, director de Tecnologías y Sistemas de la Información.
La Procuraduría anunció que, además, enviará copias del caso para abrir una investigación aparte sobre posibles irregularidades en la ejecución del contrato. Por ahora, el proceso se encuentra en etapa preliminar y busca determinar si hubo fallas que comprometieran la eficiencia de una de las apuestas clave en materia de seguridad para Bogotá.
De acuerdo con la Secretaría, los principales cuestionamientos de los entes de control se han centrado en la etapa de planeación, que se dio en la pasada administración. No obstante, como la ejecución le correspondió a la actual alcaldía, por eso hay varios funcionarios investigados. “Al actual secretario se le vincula, porque llegó y le tocó la etapa de ejecución, bajo unas condiciones ha han hecho complejo el proceso”, explicó Patricia Rodríguez, asesora jurídica de la entidad.
Desde el año pasado que entregaron los equipos a la fecha, se han realizado prórrogas, obras y ajustes al proceso, lo que ha permitido la instalación de 80 cámaras. La última novedad fue una nueva prórroga hasta el 27 de abril, fecha en la que se espera tener todas las cámaras instaladas.
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Por Redacción Bogotá
