Por las demoras e incertidumbres en la ejecución de las obras de valorización en Bogotá, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar a funcionarios del Distrito Capital y del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para determinar su responsabilidad administrativa en la ejecución de los proyectos.
Vale recordar que en 2018, a través del Proyecto de Acuerdo 724, en la capital del país se dio inicio a una serie de obras de valorización, con un recaudo de más de $362 mil millones. No obstante, cinco años después, estas siguen sin ser una realidad. De los 15 proyectos que fueron aprobados por el Concejo de Bogotá, solo uno (el Ciclo Puente Canal Molinos) ha sido entregado al Distrito, en un proceso que está en la mira de los entes de control.
Entre los proyectos que se encuentran en limbo están las aceras y ciclorrutas de las calles 92 y 94, desde Séptima a la Autopista Norte; el puente peatonal de la Calle 112 con Carrera 9ª, entre otros. Así, según la Contraloría Distrital, hay cuatro casos críticos que concentran más de $196 mil millones de los impuestos de los bogotanos.
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Por esta razón, derivado de informaciones periodísticas, la Procuraduría puso en marcha una acción investigativa que involucra a funcionarios públicos y a contratistas para establecer posibles irregularidades en el proceso.
“La Procuradora Segunda Distrital, Claudia Rodríguez, requirió a la Alcaldía Mayor de Bogotá y al Instituto de Desarrollo Urbano entregar información detallada del estado actual de la ejecución de las obras, como también de cada uno de los contratistas e interventores a cargo”, indicó el ente de control, a través de un comunicado.
De esta manera, el Distrito tendrá que entregar en los próximos días información detallada del estado actual de la ejecución de las obras, así como de cada uno de los contratistas e interventores a cargo de las obras. Vale señalar que recientemente la Veeduría Distrital alertó sobre la falta de información sobre los proyectos.
Según el ente de control distrital, su preocupación se fundamenta en las inconsistencias de la información que el IDU remite a los ciudadanos y a su dirección, concretamente en lo que tiene que ver con las entregas de los proyectos. Tal es el caso del puente peatonal de la carrera 9 con calle 112 - Contrato IDU-215-2020, del que se informa a la comunidad será entregado en octubre de 2023, mientras a la Veeduría se le comunica que se proyecta para el mes de mayo de 2023, señalan.
De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a finales de 2022, del total de las obras de valorización se ha cumplido solo el 15% de los cronogramas planteados en las contrataciones.
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Por su parte, además de los problemas particulares con los contratistas, la concejal Marisol Gómez (Nuevo Liberalismo) apuntó a que hubo problemas estructurales en la selección de las empresas que desarrollarían las obras en la capital del país.
“Hemos encontrado que en todos los consorcios hay un socio que tiene denuncias, investigaciones por incumplimiento y mala calidad de obra. Lo más llamativo es que estas firmas, a pesar de los retrasos, licitaron en otras grandes obras de la capital del país, como el Cable Aéreo de San Cristóbal”, aseguró la cabildante.
De esta manera, la concejal aseguró que se debe reforzar los procesos de evaluación de los oferentes, debido a que todas las empresas pasaron por los filtros del IDU y, a pesar de esto, han demostrado ser ineficientes con el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la entidad realiza procesos rigurosos para la selección de los proponentes. Sin embargo, existen problemas con la plataforma Colombia Compra Eficiente, que impiden poner más controles al proceso.
“Al momento de abrir una licitación, no podemos, por ejemplo, poner como requisito que sea una empresa con experiencia en obras en Bogotá. Lo que nos hemos encontrado es que los consorcios no cuentan con experiencia suficiente para llevar obras y planes de construcción que permitan terminar las obras”, indicó Sánchez a El Espectador.
En ese sentido, Sánchez aseguró que elevó una petición al Gobierno Nacional para lograr controles más rigurosos en los procesos de licitación y evitar que se repitan estos procesos de contratación. Asimismo, que ha solicitado a los contratistas que entreguen un plan de trabajos, para dar un parte de tranquilidad a la comunidad que ya pagó, casi en su totalidad, las obras de valorización en la ciudad.
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