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La Procuraduría General de la Nación acaba de abrir un proceso para investigar las posibles omisiones en el control a una institución, que derivó en la denuncia de presunto abuso sexual contra 22 menores de edad, en las instalaciones de un colegio privado, en el sur de la ciudad.
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La historia se remonta a abril, cuando la opinión pública conoció las denuncias de los padres de familia de los estudiantes matriculados en una institución ubicada en el barrio Madalena, de la localidad de Ciudad Bolívar.
En principio, el colegio decidió suspender clases el pasado 6 de abril en atención a “un asunto legal”, que debía resolverse. Sin embargo, la notificación llamó la atención de los padres de familia, quienes indagaron y descubrieron que aquel asunto residía en una investigación por un caso de abuso sexual contra uno de los menores del colegio.
En concreto, la denuncia decía que el profesor de ética y valores habría realizado tocamientos indebidos contra un menor. Luego, los padres de familia consternados preguntaron a sus hijos si también habían sido víctimas, a lo que varios contestaron afirmativamente.
Al menos 22 alumnos de la institución señalaron al docente como su presunto abusador, quien los habría tocado de manera indebida mientras revisaba sus cuadernos en el aula de clase. Por este caso, se hicieron las respectivas denuncias en la Fiscalía, el Bienestar Familiar y la Secretaría de Educación, que anunció medidas de inspección en el colegio.
Ahora, es la Procuraduría la que abrirá un nuevo frente de investigación para definir si impone nuevas sanciones. A través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, el ente de control accionó la misionalidad preventiva, disciplinaria y de intervención en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos se habrían presuntamente vulnerado por los hechos denunciados.
Asimismo, el Ministerio Público indaga la posible responsabilidad que se derivaría de la respuesta institucional y del deber de supervisión y control de las entidades del Distrito sobre este establecimiento educativo.
Y para finalizar, la Procuraduría hará presencia en las distintas etapas del juicio penal, en contra del señalado abusador, para verificar que se garanticen los derechos de las víctimas.
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Por Redacción Bogotá
