Al acoger la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional dispuso que todos los operativos de recuperación del espacio público sean informados previamente a la entidad y a las personerías, para que los mismos tengan acompañamiento del Ministerio Público.
Así mismo, determinó que todos los procedimientos que tengan relación con el desalojo de vendedores informales estarán a cargo del comandante de la unidad policial respectiva, por su experiencia y jerarquía para la adopción de decisiones antes y durante las diligencias. (Lea también: Rostros de la migración vestirán el espacio público de Colombia)
La disposición, adoptada mediante un instructivo enviado a todos los departamentos de Policía del país, se originó por la solicitud de la Procuraduría para garantizar el respeto de los derechos de los vendedores informales para ser registrados, censados y reubicados en sitios donde tengan la posibilidad de ofrecer sus productos, así como para velar por el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos.
Desde hace varios meses la Procuraduría instaló una mesa de trabajo para hacer seguimiento al tema de los vendedores informales y la recuperación del espacio público, en la que intervienen además la Personería Distrital de Bogotá y la Coordinación de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía Nacional. (Le puede interesar: Más vigencias futuras y el POT, retos del nuevo secretario de Gobierno)
En principio, se prevé que esta metodología de trabajo se aplicará en Bogotá como plan piloto, y en los próximos meses se extenderá a otras ciudades del país.
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